Se trata de la seccional 11°, donde el 26 de febrero los detenidos se amotinaron por las pésimas condiciones. “El baño era un pocito que siempre estaba trancado”, contó un joven que estuvo encerrado allí.
“Éramos más de 30 en el calabozo. Ese día nos amotinamos porque no aguantábamos más. No teníamos agua; el baño estaba trancado y los chicos se estaban enfermando”, dijo Enzo Ojeda, uno de los presos que vivió el infierno del hacinamiento en la seccional 11ª, cuya clausura solicitó el lunes la fiscala Adriana Giannoni.
Ojeda, permaneció encerrado 13 meses en ese lugar por una causa de robos y lesiones, se lamentó porque nunca lo trasladaron al penal de Villa Urquiza. “Ahí debería haber estado, pero tampoco había lugar. Dormíamos todos amontonados y cuatro por cada colchón que poníamos en el suelo. El baño era un pocito (excusado) que siempre estaba trancado. El olor era espantoso, pero nos terminamos acostumbrando”, agregó.
El procesado dijo además que no contaban con duchas para bañarse. “Todos los presos juntamos plata y compramos una manguera. Los guardias la enchufaban en un caño y así nos lavábamos. Con la gente que está ahora no teníamos problemas, pero sí con los que estaban antes. Los días de calor les pedíamos agua y nos mandaban a los de Infantería para que nos peguen así no digamos nada”, contó.
Un juez le había firmado la libertad el 22 de febrero, pero por algunas trabas no se concretó y él estuvo en el motín del domingo 26. “Ese día hizo mucho calor. No había agua y las cloacas estaban reventándose. Estaba entrando a la celda. Ahí nos cansamos y decidimos protestar. Sacaron unos presos y ahora creo que son como 20 los que están en la 11”, explicó.
Informes
La fiscala realizó una inspección en esa comisaría. Allí descubrió que luego del motín se había reducido a 21 la cantidad de detenidos, pero seguían en estado de hacinamiento.
Además, en base a la información que le proporcionaron los responsables, el viernes 24, un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia visitó el arresto y comprobó que había 33 personas y que las cloacas estaban colapsadas.
Sin embargo, según consta en el expediente, sólo solicitaron que se les ponga un televisor para que pudieran observar los partidos durante el fin de semana. La fiscala solicitó varios informes para esclarecer la situación. La división Grupo de Ingenieros de la Policía le confirmó que la capacidad del calabozo era de 8 personas, y no de 20 detenidos, como ocurre actualmente, y mucho menos de 33, que era la cantidad de personas que estaban encerradas cuando se produjo el motín.
La Dirección Técnica de Arquitectura, Obras y Servicios del Ministerio Público, después de inspeccionar esa dependencia, señaló en un documento: “no es apta para el alojamiento de personas privadas de su libertad, como asimismo el sistema cloacal está colapsada y ocasiona el contacto directo de los detenidos con los efluentes cloacales, (y se recomienda) la clausura del arresto”.
Los peritos señalaron además: “las condiciones edilicias son “inadecuadas y existe un incumplimiento de normas higiénicas sanitarias en base a la Ley 19.587, advirtiendo el riesgo eléctrico para el personal policial y los detenidos”.
Un profesional del Cuerpo Médico Forense también revisó a los 21 detenidos. En su informe señaló que encontró a varios de lesiones corporales, otro que tenía quemaduras y en otros cinco, forúnculos diseminados en diferentes partes de sus cuerpos. “Esta última patología posiblemente esté vinculada con las malas condiciones de alojamiento, a saber, hacinamiento, falta de higiene en las instalaciones, (lo) que se vio agravado por el colapso de las cloacas que inundaron con aguas hervidas el lugar de detención”, denunció.
“Muchos de los detenidos dormían en el baño… El lugar no es apto tanto para la salud física como psíquica para que las personas cumplan con su privación de la libertad”, concluyó el forense.
“El ordenamiento procesal impone al Estado la responsabilidad de intervenir y no tolerar la vulneración de los derechos humanos básicos de los detenidos albergados en dichos lugares, no respetándose los estándares mínimos para alojar a personas privadas de la libertad”, sostuvo Giannoni.
“Se constató la alarmante superpoblación y el hacinamieno del arresto, como asimismo el estado de abandono y deterioro de las dependencias policiales, lo cual conlleva a un continuo agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”, fundamentó la fiscala al realizar el pedido de clausura de la comisaría.
“En todas las comisarías que visitamos la situación es la misma”, explicó la fiscala Adriana Giannoni . “Pero lo que más nos llamó la atención fue con lo que nos encontramos en la seccional 1a, que es la más nueva. También está colapsada”, explicó.
La fiscala indicó además que en esa dependencia, que tiene capacidad para alojar a 12 detenidos, había por lo menos 60. “Lo más grave es que están privados de su libertad hombres y mujeres, que al menos estaban separados”, indicó.
Giannoni comentó que también estuvieron en la seccional 2a, donde encontraron dos realidades. “Allí sí se respeta un hábeas corpus de la Justicia Federal por la cantidad de alojadas. El problema es que las envían a otras dependencias porque no tienen lugares para ubicarlas”, comentó.
Fuentes policiales informaron que, al no haber capacidad en la Comisaría de la Mujer, las detenidas son enviadas a la seccional 1a o a las que jurisdicción corresponda por su detención. “Una empleada policial se encarga de custodiarlas. A veces se las esposa en una silla”, explicó.
La Alcaldía de la ex Brigada de Investigaciones también fue inspeccionada. Allí, según informó Giannoni, encontraron 88 detenidos, cuando en realidad está habilitada para alojar a unas 22 personas privadas de su libertad. “Solucionaron a medias el problema porque buscaron otros lugares, pero siguen sin respetar la capacidad”, comentó. “El problema -agregó- es que los responsables saben que están violando la disposición de la Corte Suprema, pero no pueden hacer absolutamente nada porque no hay lugar para alojarlos”.
La crisis carcelaria genera malestar entre los hombres de la fuerza. Sin dar nombres, reconocen que cada vez son más los hombres que destinan a controlar a los detenidos en vez de enviarlos a realizar tareas de prevención en la calle.
“La situación es crítica. El hábeas corpus, que también fue dictado en resguardo de la Policía, no sólo que no se cumple, sino que da la sensación de que no sirvió para nada, puesto que estamos peor”, concluyó Giannoni.
Fuente: La Gaceta
