Avanza una causa por presunta defraudación contra Tucumán

Tres ex jueces santiagueños, un empresario periodístico y un empleado judicial fueron procesados en una causa por defraudación por más de $ 10 millones en perjuicio del Gobierno de Tucumán, según informaron fuentes judiciales.
Se trata de los tres ex magistrados penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno, procesados por el delito de “defraudación calificada y violación de los deberes de funcionario público” en el dictado de medidas cautelares.
En la misma resolución y por el mismo delito, también fueron procesados el dueño de la emisora LV 7 de Tucumán, Luis Manuel Pericás, y en grado de partícipe primario el empleado judicial Eduardo Antuz.
En todos los casos, los abogados defensores anunciaron que apelarán la resolución judicial dictada por el juez Darío Alarcón.
En la misma causa, aún resta definir la situación procesal del ex juez de Paz, Horacio Rava, también imputado por el delito de “defraudación calificada”.
En tanto, el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero hizo lugar a un recurso de casación y ordenó la excarcelación del empresario Pericás, que permanece detenido en una dependencia policial de la ex Fandet, ubicada en el acceso norte a la capital provincial.
La liberación del propietario de la emisora LV 7 de Tucumán se concretará una vez que se fije y se haga efectiva una fianza real de $ 15 millones en los Tribunales esa provincia. El juez Alarcón fijó ese monto y lo comunicó a la defensa de Pericás, quien fue detenido en Buenos Aires en septiembre de 2016 tras permanecer prófugo más de un mes.
Fuentes judiciales señalaron que el empresario tiene dos caminos: cumplir con el monto exigido como caución real, para lo cual deberá depositar el dinero o poner en garantía vehículos o inmuebles hasta cubrir los 15 millones, o apelar la cifra que le exigen ante otra instancia judicial. Mientras tanto, Pericás sigue detenido en una dependencia policial de la ex Fandet, en el acceso norte a la capital santiagueña.
Con anterioridad, la Cámara de Apelaciones rechazó recusaciones planteadas por los imputados.
En tanto, los cuatro ex jueces y el empleado Antuz, permanecen en libertad tras hacer efectiva fianzas reales entre $ 800.000 y $ 3 millones.
Los antecedentes
Según la investigación, los ex magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por Pericás y ordenaron los embargos por más de $ 10 millones de los fondos provenientes de la coparticipación del gobierno de Tucumán.
La millonaria defraudación fue descubierta en junio del año pasado, cuando los ex jueces Martínez Llanos, Tarchini Saavedra y Moreno fueron detenidos tras renunciar a sus cargos y permanecer varias semanas prófugos de la justicia santiagueña.
La denuncia contra los jueces se inició con la presentación del abogado Mario Fabián Nahas, en representación de Fiscalía de Estado de Tucumán, quien informó sobre la existencia de supuestas irregularidades en un expediente iniciado por Pericás, en contra de Marcelo Ditinis (ex secretario de Prensa y actual legislador oficialista) y la Provincia de Tucumán, por un “delito a establecer” y por el cual se había ordenado un embargo de $ 7 millones a los fondos de coparticipación tucumanos