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Alzogaray es puntera de Jaldo, dicen afectados del caso “IPV”

Mediante abogados, 65 denunciantes pidieron medidas de prueba al fiscal López Ávila. La presunta cabecilla de la organización de falsos gestores sigue detenida. Según la denuncia, hubo un “robo para la corona”.

Los abogados Varela Soria (izquierda) y Biagosch, y Estela Albornoz (denunciante) relatan su versión.

A través de un escrito conjunto, 65 damnificados por los falsos gestores del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) plantearon ante el fiscal de Instrucción, Diego López Ávila, una hipótesis que apunta al corazón del gobierno.

Según la denuncia presentada este lunes en mesa de entradas de Tribunales, la supuesta “cabecilla” de la organización, Elizabeth Rosa Alzogaray -quien permanece detenida desde hace casi un mes- y sus presuntos socios “tenían conexiones políticas dentro del Poder Ejecutivo, el Concejo Deliberante de la Capital y el Ipvdu”. “Sería pueril pensar que esta banda de delincuentes operó en soledad. Alzogaray, sabemos públicamente, es puntera política (del vicegobernador) Osvaldo Jaldo, por lo menos”, consignaron Carlos Varela Soria y Alejandro Federico Biagosch, abogados de Adriana Soledad ArrietaNilda Patricia Pistone NadalMaría Estela Albornoz y otros 62 denunciantes.

El presidente de la Legislatura, que se encuentra a cargo del Ejecutivo, descartó de pleno esta versión (ver nota aparte). De todas formas, los letrados Varela Soria y Biagosch solicitaron una serie de medidas de prueba que apuntan a dilucidar si Alzogaray tenía lazos con el vicegobernador u otros dirigentes del PJ.

En el escrito, los abogados consignaron que sus clientes pagaron desde $4.000 y hasta $100.000 para acceder a una vivienda social. Aseguraron que su “buena fe” los llevó a confiar en Alzogaray, Luis Ramallo y Marta Campos, todos investigados en la causa; mencionaron además a una tía de la supuesta cabecilla, Isabel Maza. “Decían que trabajaban en coordinación con el Ipvdu”, señalaron Varela Soria y Biagosch en la denuncia. Recordaron que además Alzogaray presidía la cooperativa de trabajo “Nuevo Amanecer”. “Esa institución en distintas oportunidades otorgó planes de viviendas y hasta planes sociales”, destacaron. Aportaron además DVD con fotografías, audios y videos que, según su versión, probarían la cercanía de la presunta jefa de los falsos gestores “con funcionarios de distintas jerarquías”. Mencionaron al senador José Alperovich, al gobernador Juan Manzur, a Jaldo, al concejal David Mizrahi y a los legisladores Marcelo Ditinis y Ramón Santiago Cano, todos del oficialismo provincial. De todas formas, especificaron que Alzogaray era puntera del vicegobernador. Incluso, según dijo el abogado Varela Soria a LA GACETA, la sospechosa apoyó en 2017 la campaña a diputado nacional del referente peronista. “Ella envió mensajes de texto (a mis clientes) en los que decía que la consigna para aquellos que sean beneficiarios de la entrega de viviendas era votarlo a Jaldo”, señaló el letrado, en una visita a este diario junto a Biagosch.

En la denuncia, además, dejaron plasmado en qué consistía el aparente modus operandi de la organización de falsos gestores. “Esta banda tenía los roles perfectamente determinados, una estructura organizada, sentido de pertenencia, estabilidad y permanencia en el tiempo, ya que hace aproximadamente dos años vienen delinquiendo a mansalva”, redactaron los letrados. Agregaron que Alzogaray era quien ostentaba “influencia”, su tío Luis Ramallo se ocupaba de dar las explicaciones técnicas -apoyándose en aparentes planos y mapas oficiales del Ipvdu-, mientras “Maza era la encargada de percibir el dinero” de los interesados en acceder a un inmueble social. “Esos roles por momentos llegaban a invertirse, según la operatividad y necesidad del grupo”, indicaron. E insistieron en que la cercanía de la presunta cabecilla con la dirigencia oficialista fue clave. “Esas influencias le servían a esta asociación ilícita para realizar las estafas millonarias que hoy son objeto de investigación”, advirtieron Varela Soria y Biagosch en la denuncia, a la espera de que la Justicia penal les otorgue el rol de querellantes

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