Tras un largo reclamo de organizaciones de personas con discapacidad, la Cámara baja aprobó en la sesión de este miércoles un proyecto consensuado que flexibiliza la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), uno de los trámites definidos como de los más engorrosos, sobre todo para quienes lo necesitan de manera permanente.

De acuerdo a la iniciativa, votada por 227 votos afirmativos, el CUD “establecido en la Ley 22.431, o la que en un futuro la reemplace, sus modificatorias y complementarias, se expedirá con o sin fecha de vencimiento”.

La Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento, establece el proyecto.

A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.

Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley a los 90 días desde su promulgación, al tiempo que se invita a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adecuar su legislación.

El debate

Como miembro informante abrió el debate el titular del interbloque Provincias Unidas y titular de la Comisión de Discapacidad, Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro) explicó que el proyecto viene a modificar la Ley 22.431 específicamente en lo que hace al CUD, puntualmente en una de sus frases que establece que “se expedirá con o sin fecha de vencimiento”, ya que de esta manera “se quita la carga de tramitar el certificado en aquellos casos permanentes e irreversibles en los cuales, muchas veces pasa que la fecha de vencimiento o la falta de otorgamiento en tiempo y forma por distintas circunstancias como la pandemia, hace que se hayan vencido e hizo que hayan tenido dificultades quienes querían recibir determinadas prestaciones y no podían”.

“En estas consideraciones es que estamos haciendo en el artículo 2 se establece que la Agencia es la encargada de la actualización, y acá aparece un término que nos parece importante, que tiene que ver con la concepción dinámica de la discapacidad que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha permitido como algo superador a un simple concepto de diagnóstico biológico, médico, físico para pasar a considerar todas las dinámicas del individuo desde el punto de vista de su funcionamiento social, de su capacidad de relación, de su capacidad de afrontar o no las actividades de las vidas diarios donde el diagnóstico es solamente un elemento más”, explayó al respecto.

Además, Di Giacomo sostuvo que dicha actualización fue remarcada y, la misma, debe contar con “la flexibilización de los requisitos para el otorgamiento”, algo que fue reclamado por las organizaciones porque “son una lista larga de requisitos que había que solicitar, certificados médicos, estudios de laboratorio, de imágenes, que en muchos casos eran repetitivos que ya habían sido diagnosticadas en toras ocasiones”.

“Es importante señalar que el CUD se le otorga, y esto es importante aclararlo porque hemos visto en los medios algunas confusiones con lo que significa la incapacidad laboral que nada tiene que ver con la discapacidad, son dos conceptos completamente diferentes con consecuencias diferentes para los individuos. En el caso de la discapacidad, se supone que la persona tiene una alteración funcional, que puede ser transitoria o permanente, que es física o no, que puede ser prolongada, y que implica desventajas considerables”, explicó el rionegrino.

En ese sentido, precisó que el Certificado Único de Discapacidad “es el que le permite acceder a la atención, a los recursos tanto al área de salud como otros, un tratamiento integral sin importar su condición económica, social o cultural. Con coberturas que son del 100% y que implican acceso a la salud, a la asistencia social, a la educación, a la seguridad social y a la accesibilidad en los medios físicos con los que deben confrontar tanto en la vía pública como edificios”.

“El CUD es un instrumento público, personal e intransferible como el documento de identidad, y su validez es para todo el territorio nacional”, precisó Di Giacomo y sumó que “también provee la posibilidad del acceso gratuito al transporte público nacional tanto para el beneficiario como para el acompañante. También le permite, en caso de que tenga su propia movilidad, acceder al libre tránsito y estacionamiento, así como situaciones particulares de asignaciones”.

Por último, remarcó que es una modificación “necesaria” a la Ley de Discapacidad porque “ya tiene sus años”, y precisó que es una Ley que “hay que modificarla”.

A su turno, la cordobesa Leonor Martínez Villada (CC-ARI) señaló que como legisladores “debemos cambiar los parámetros de acuerdo a las necesidades de la realidad en positivo de todas aquellas circunstancias que perjudiquen a las personas. Esto es acercamiento de derechos”.

“El proyecto del CUD justamente lo que hace es destrabar, remover obstáculos para el acceso de derecho para las personas con discapacidad. Nosotros creemos que el Certificado de discapacidad en todas aquellas personas que se acredite, de acuerdo a la junta de evaluación, que sea permanente e irreversible su discapacidad, este certificado no lo debe renovar periódicamente”, pidió Martínez Villada y precisó que es la Agencia de Discapacidad la que determinará el proceso y el tiempo.

Sin embargo, aclaró que “hay que tener en cuenta que fuera de estas personas que tienen la discapacidad irreversible o permanente, existen otra cantidad de personas con discapacidades temporales que pueden mejorar con el transcurso del tiempo. Esas personas van a tener que hacer el certificado”, y exigió que “se debe promover las juntas interdisciplinarias en todo el territorio nacional, que se aceleren todas estas dificultades engorrosas que tienen las personas para acceder a este certificado”.

“El 50% de las personas que tiene discapacidad tienen el certificado. Algo sucede que está en la traba y en la dificultad que no pueden tenerlo y esto abre las puertas a una serie de derechos y beneficios a las personas como ayudas económicas, subsidios, coberturas para las prácticas, insumos, sillas de ruedas que por los problemas de importación no están entrando, etc.”, denunció la cordobesa.

En el mismo sentido se pronunció el oficialista Eduardo Valdés quien describió que el CUD “otorga la posibilidad de acceder a la salud, a los tratamientos, a los remedios, a la educación, al transporte. A la socialización de la persona con discapacidad”, y reflexionó: “En el 2018 el INDEC estableció que el 10% de la población eran personas con discapacidad, 4.800.000 personas, solo de esas solo 1.488.000 tienen certificado único. Quiere decir que de la población que el censo marca como persona con discapacidad hay 3.311.000 personas que no tiene el CUD”.

“¿No lo tienen porque no lo necesitan? ¿Por qué no lo quieren? o ¿Por qué no estamos funcionando como Estado en donde se necesita? Un tercio de la Argentina están afectadas por no tener un CUD. La sociedad no puede descartar a las personas, es como una cultura del descarte que las personas no puedan acceder a este certificado, que no lo puedan renovar”, reclamó Valdés.

En su intervención, la diputada porteña Victoria Morales Gorleri (Pro) celebró estar dando la discusión sin grietas y destacó haber escuchado a muchas organizaciones y familias que “atraviesan situaciones muy complejas”.

“Argentina tiene aún tremendas deudas con las personas con discapacidad”, reclamó y sumó: “Esta Nación adhirió a la Convención de Personas con Discapacidad en donde nos planteamos como Nación un cambio de paradigma respecto a la mirada a las personas con discapacidad y sus familias. En donde entendemos a las personas con discapacidad como sujeto de derechos y esa es la mirada que nuestra Nación debe dar, pero mucho de nuestro marco normativo sigue con el viejo paradigma”.

El oficialista Daniel Arroyo afirmó que “El estado tiene una deuda con muchos argentinos, pero por sobre todo con las personas con discapacidad en muchos aspectos”, por lo que consideró que la ley “es un avance, aún hay mucho para hacer y que el consenso qué logramos lo logramos con el resto de las políticas que el Estado sigue debiéndoles a las familias y personas con discapacidad”.

A su turno, la diputada Natalia De La Sota (Córdoba Federal) remarcó que “las familias necesitaban flexibilizar o facilitar el trámite del certificado. Es difícil la renovación del mismo, es engorroso porque revictimiza y se convierte en un obstáculo. No puede transformarse en una barrera más y por eso tenemos que avanzar porque es sumamente necesaria la mano del Estado”.

Por su parte, la cordobesa Soher El Sukaria (Pro) abogó para que “sigamos trabajando por las personas con discapacidad, por más derechos y este bloque seguirá trabajando con los padres, educadores y el personal de salud para tengan una mejor calidad de vida”.

Por el bloque Evolución Radical, se expresó Martín Tetaz: “Todos vamos a ser discapacitados tarde o temprano, en muchos de los casos por simples limitaciones de la edad y la sociedad necesita empezar a ser realmente inclusiva con todos. El Estado no puede sumar una serie de trámites burocráticos que lo ponen con mayores dificultades. Estamos dando un paso muy importante de sacar parte de esa mochila pesada deshaciendo un trámite inútil”.

El diputado de Izquierda, Nicolás Del Caño sostuvo que el proyecto es “para que puedan acceder todas las personas que no lo tienen y desburocratizar los trámites, se necesitan más recursos, y es lógica la preocupación en el marco del ajuste que se está llevando adelante”.

En su alocución, el formoseño Ricardo Buryaile (UCR) manifestó que “hoy lo que nos está rigiendo en materia de personas con discapacidad es una ley de la dictadura, la 22.431, ha pasado bastante tiempo y es responsabilidad de esta Cámara cambiar esta situación”.