Argentina en el Top 10 del ranking mundial de miseria

La política debe hacerse cargo de las decisiones que nos llevaron al fracaso.

Con la población en peligro de muerte, el Estado no solo debe garantizar la subsistencia de sus ciudadanos, sino una vida digna.

Viernes 30 de abril, 7:05 AM, Av. Santa Fe y Talcahuano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (podría haber sido en cualquier otro lugar ya que la historia se repite por todas partes).

Siete personas en situación de calle, durmiendo a la intemperie, tapados con mantas sucias y rodeados de sus posesiones. Dos de ellos, una pareja, abrazados para no sentir el frío. Otro con su perro fiel durmiendo a sus pies. La imagen es desgarradora, entre cientos de miles que se renuevan a diario. Son la evidencia de que algo anda mal en nuestra sociedad aporofóbica (no por el rechazo de los pobres, sino por su falta de inclusión).

Joseph-Achille Mbembe (1957), filósofo camerunés, teórico político, e intelectual, es autor del libro Necropolítica (2006), donde plantea la hipótesis de que “la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Hacer morir o dejar vivir constituye, por tanto, los límites de la soberanía, sus principales atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder”.

En tiempos de pandemia -no sabemos aún cuándo acabarán- los gobiernos han ejercido su soberanía de maneras muy diferentes y con suertes también disímiles. En nuestro caso, se le exigió a la ciudadanía el cumplimiento de una muy extensa cuarentena, que fue acatada a excepción de unas pocas disidencias minoritarias. Cuando el agua de la economía empezó a llegar al cuello, las voces silentes se hicieron escuchar. La historia de lo vivido durante 2020 es bien conocida por todos.

En el año que todos perdimos, la política argentina ha tenido una metamorfosis kafkiana, pero en vez de convertirse en cucaracha, muto a la política del odio, de la ausencia de diálogo y búsqueda de consensos básicos a partir de las diferencias. Los relatos infames de la política salvaje están dañando severamente nuestra vida en sociedad, en una magnitud tal que la democracia argentina se está transformando en algo distinto a lo que hemos conocido hasta hoy. La ausencia del apego a la ley, la Constitución y los pactos básicos de convivencia nos han convertido en una sociedad tóxica donde la amoralidad pasó a ser algo natural, tanto que es una payasada hablar de los vacunados VIP, cuando en realidad la gravedad de esos hechos habla por sí misma.

El poder político, por largas décadas, ha tomado decisiones y ejercido la soberanía y autoridad que le dio el voto popular generando año tras año más y más pobres, que han llegado en la actualidad a niveles intolerables para una vida en democracia. Esa decadencia es lo que llamo necropolítica argentina, donde dos mil ciudadanos son tirados por día a las fauces de la pobreza, y en casos extremos a la muerte (recordemos a la niña M), al mismo tiempo que los que toman esas decisiones y generan esas consecuencias gozan de privilegios, sueldos y jubilaciones cuantiosas, asesores en cantidad, gastos pagos por el Estado (o sea, todos nosotros), autos con chofer y custodias para su seguridad personal, vacunas, y muchas cosas más con las que los ciudadanos condenados a la pobreza (por las decisiones de la política) ni siquiera pueden soñar, ya que sus preocupaciones diarias son comer y tomar agua.

Los que toman las decisiones no tienen idea lo que es vivir en situación de calle. ¿De qué manera se ejerce el poder político? ¿Cómo se miden las consecuencias futuras para la población en general? ¿Qué secuelas tiene para los políticos que han sentenciado a la pobreza de por vida a millones de argentinos?

Son preguntas que me formulo a diario, pero no encuentro, aún, una respuesta satisfactoria. Cuando se toma una decisión desde un cargo político, las consecuencias (con independencia de su valoración) son inevitables. Es claro que el político no toma una decisión por el gusto de equivocarse o sentenciar a la pobreza a dos mil argentinos al día. Pero también es cierto que sus yerros, sí generan ese resultado, ya que las cifras actuales de pobreza en nuestro país son irritantes. No solo es su obligación preservar la vida, sino que la vida sea digna.

La otra cara de la moneda en una decisión política, son las consecuencias que esa decisión legitimada por el voto popular genera en la población que está bajo su “soberanía”. La política del odio y la ausencia de un diálogo entre oficialistas y opositores (sin importar quien ocupe un lugar y otro) es una forma anómala de ejercer la soberanía en las decisiones de gobierno, en tanto se está jugando con el presente y el futuro de los gobernados. La falta de noción de esas consecuencias pareciera ser una constante, dada la impericia demostrada por muchos de nuestros gobernantes a lo largo de los años que han transcurrido desde la recuperación de la democracia. Se gobierna para ganar elecciones, no para curar a la nación enferma.

La política termina siendo un “trabajo de muerte” -como lo define Mbembe en su obra- donde el gobernante tiene el “derecho” a condenar a la miseria a sus gobernados. Y precisamente allí radica la importancia de entender las consecuencias de las decisiones que se toman a diario y el impacto que ellas generan en la vida de todas y todos los argentinos. Que tengamos una sociedad tóxica, donde los relatos infames de la política son amplificados diariamente por los relatores del relato, es en primer lugar responsabilidad de quienes concurrimos a las urnas, pero también de las decisiones que esos gobernantes toman una vez puestos en el cargo por el voto popular. El modelo populista de Estado bobo y engordado está agotado, afirmación que se sustenta por sí sola en los niveles de pobreza que “ostenta” nuestra nación.

En ese ejercicio del voto popular es donde cobra importancia, por sus consecuencias, la noción de clientelismo político, donde una gran cantidad de votantes concurren a las urnas, no como consecuencia de un acto volitivo libre y pensado, sino como resultado de sus propias carencias en pos de seguir recibiendo la asistencia del gobernante de turno (o su puntero), generando un círculo vicioso tanto por sus resultados, como por sus consecuencias. Se cambia voto por limosna. La nota de Sergio Serrichio publicada en este mismo portal, “La Argentina volvió a figurar en el Top 10 del índice de miseria económica global”, resulta reveladora de la crudeza con que la pobreza se apoderó de nuestra nación. Las niñas “M” son hoy una triste realidad, que se olvida con demasiada rapidez.

¿Cuál es la relación entre la política y la pobreza? Directa. La pobreza es una consecuencia directa de la política y la forma de gobernar, tanto de la impericia como de la amoralidad de un sector importante de nuestra dirigencia. Las políticas públicas segregan a la ciudadanía, determinando quienes seguirán siendo más y más pobres y quienes no. Es claro que la dirigencia política sigue sin bajar sus propias dietas a la vez que exige mayores esfuerzos de la población en general en un país empobrecido. Una actitud tan desentendida de la realidad como insensata.

Tenemos un Estado hinchado, con gastos superfluos por todas partes, mal administrado. Recordemos el precio al que se llegaron a pagar los fideos y el aceite en plena cuarentena, por mencionar sólo un episodio de muchos. La racionalidad en la toma de decisiones debe tener la espalda bien plantada en el presente, pero la mirada puesta en el futuro. Lamentablemente se observa, desde hace décadas, que el gobernante de turno se decide por el corto plazo, por lo que “paga” electoralmente, en lugar de hacerlo para un futuro mejor de sus gobernados. La abrumadora cantidad de ciudadanos en situación de calle es una evidencia espeluznante de los desaciertos de la dirigencia política, pues son ellos quienes finalmente tomaron “ayer” las decisiones que generaron las condiciones para que esas personas estuvieran “hoy” donde están.

Esa forma de decidir es, por cierto, condenar a una vida de miseria y muerte a millones de argentinos. Y es en este sentido donde la política termina siendo un “trabajo de muerte”. Porque no se privilegia el futuro, sino que se gobierna para perpetuarse en el poder. Que nuestro país figure en el top ten de las naciones más “miserables” del mundo es un dato tan desolador como revelador de los cambios que debemos generar como sociedad.

Tomar decisiones en épocas de pandemia no es tarea sencilla. La vida de las personas está por encima de toda cuestión. Pero ello no debe justificar condenar a esas personas a la miseria y a una vida a “cielo abierto”, o en la calle. Y si un gobernante hizo campaña y se postuló para un cargo, debe cargar con las obligaciones que son consecuencia de sus propios actos. El concepto de vida en sí mismo no debe estar separado del concepto de calidad de vida. Son las dos caras de una misma moneda. Pese a ello, algunos insisten en no querer darse cuenta. En 2021 tenemos ya un año de experiencia en lidiar con la pandemia y sus efectos. Para tomar decisiones precisas y quirúrgicas atacando de frente las zonas de riesgo.

Entendida la necesidad de las medidas de aislamiento social, el sentido de la razonabilidad exige comprender también los riesgos que corremos. No es viable negar la existencia de una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El problema no está, por consiguiente, en decretar medidas de aislamiento colectivo o que restrinjan ciertos derechos, sino cuando el decreto de necesidad y urgencia se convierte en una fuente ordinaria de producción del derecho. Cuando el decreto de urgencia se convierte en un procedimiento de gobierno habitual, nos acercamos al estado autárquico donde la democracia corre el riesgo de padecer en una mutación genética peligrosa.

El conjunto de decisiones del soberano son las que configuran el marco de la necropolítica argentina, donde la miseria es la realidad de la mayoría de los habitantes de nuestra nación. Por más que lo deseemos, muchos no vemos en el horizonte ninguna “nueva normalidad” mejor que la que teníamos. Los que tienen el poder están decididos a hacernos volver a la normalidad de antes. En las condiciones económicas que se encuentra nuestra nación, es simple advertir que tras la pandemia vendrán tiempos peores. Por caso, controlar las etiquetas de los productos no es sostenible en el tiempo, a la vez que muestra la candidez con que se suelen tomar cierto tipo de medidas, tan inviables como inútiles para tener un futuro mejor.

Solo a partir de un modificación importante en la forma de percibir las consecuencias de los actos de gobierno por parte de la población que concurre a las urnas cada dos años a ejercer sus derechos cívicos, es posible generar las condiciones de cambio, que hoy son condiciones de vida y de esperanza de un futuro, cuanto menos, no tan tóxico como el que hoy tenemos.

A Thomas Sowell, nacido el 30 de junio de 1930, economista y teórico social estadounidense, se le atribuye la siguiente frase: “Es difícil imaginar una manera más tonta o peligrosa de tomar las decisiones que encargarlas a las personas que no pagan el precio por equivocarse”.

FUENTE : INFOBAE  Por Jorge Grispo