El juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos se desarrolló ayer en torno de la acción penal y de la responsabilidad civil; es decir, el compromiso del Estado ante el hecho. La perito de Fiscalía de la Provincia, Mariana Cecilia Carmona, afirmó que la hija de la joven asesinada dejó de percibir alrededor de $ 3,2 millones, teniendo en cuenta la Canasta Básica Total (CBT) y otros ítems, hasta la jubilación de su progenitora, único sostén de la familia.
La contadora del Gobierno presentó este dato, entre otros, como comparación con el informe de la perito oficial, sorteada para el proceso, Fanny Mirta Piccinetti, quien había determinado la semana pasada un monto de $ 4,56 millones, considerando el Salario Mínimo Vital y Móvil.
“La CBT, que representa el gasto total de una familia en un mes, se adecuaba a contestar las preguntas de la parte”, dijo Carmona para marcar su diferencia respecto del anterior informe. Además, aclaró que se consideró a Paulina y su hija como una familia monoparental y que se circunscribió a las características de la región NOA, datos suministrados por la Dirección de Estadísticas. La contadora explicó que el Salario Mínimo y Vital y Móvil representaba ingresos y no gastos.
La representante del Gobierno calculó que la menor de edad debió haber tenido ingresos de $ 95.868,69 por año, teniendo en cuenta el costo de la CBT. Según el Indec, para determinar la CBT, se incorporan los bienes y servicios no alimentarios a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que considera los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo.
Por su parte, la contadora Piccinetti fijó en un segundo dictamen el monto de $ 653.823,48 por año.
Carmona manifestó que Piccinetti incurrió en errores de metodología a la hora de determinar las cifras. A su vez, indicó que su informe hizo referencia a una “deuda nominal”. “La Canasta Básica Total es el indicador adecuado y suficiente, ya que se refiere a los gastos de una familia: escolaridad, alimentos, vestimenta”, insistió.
“El monto planteado por la perito del Estado no tiene que ver con el importe total, en cuanto al daño moral. Esto será calculado por el Tribunal, valorando el daño moral más la tasas de interés”, explicó luego el representante de la acción civil, Roberto Tejerizo. En ese caso, el monto se podría elevar un 100%, según los cálculos.
La familia Lebbos demandó por irregularidades y encubrimiento a cinco imputados y al Gobierno provincial por daños y perjuicios: el monto del reclamo ascendió a los $ 11,17 millones.
Para determinar la responsabilidad civil se tienen en cuenta el hecho o daño emergente; el lucro cesante o ganancias que pudo haber tenido el damnificado, y la pérdida de chances futuras. El daño moral conlleva “la clara violación dolosa que tuvieron los aquí demandados”.
Una testigo ubicada
La Secretaría de la Sala III en lo Penal, a cargo de Marcos López Frías, informó ayer que Macarena Bordatto se presentará el próximo miércoles 14 como testigo. El Tribunal no había podido ubicar en las últimas semanas a la mujer, quien había sido nombrada por otra testigo al hablar sobre determinados cruces de llamadas. Ahora se informó que Bordato se encontraba en Buenos Aires por problemas personales. El juicio entró en cuarto intermedio hasta el martes de la otra semana.
El ex jefe volvió a hablar
El imputado Hugo Sánchez volvió a ampliar su declaración ayer. Ante el Tribunal, el ex jefe de Policía dijo que no había dado órdenes al personal de Criminalística Norte en el lugar del hallazgo del cuerpo. Además, expresó que había llegado a Tapia el sábado 11 después de las 19.30 o 20, y no antes como había afirmado, según él, el ex jefe de Policía Científica, Fernando Vázquez Carranza. Inclusive, expresó que no tenía conocimiento sobre la existencia de fotos tomadas en el sitio.
Fuente La Gaceta
