“Nosotros tenemos una empresa donde interviene el Estado, como la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT), a la que le damos millones que no se transforman en un buen servicio y que no sabemos a dónde van: la falta de una ley de acceso a la información pública favorece la falta de control de SAT.
En 2017 presenté un proyecto para que la provincia adhiera a la normativa federal (Ley 27.275), que especifica que la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas están obligados a dar información. El Tribunal de Cuentas es una institución que tiene mucho que ver con la vida financiera de la provincia, que a menudo es objeto de cuestionamiento. Los municipios deberían adherir a la hipotética ley provincial porque ni siquiera tienen la fiscalización del Tribunal de Cuentas: se autocontrolan. En la década en la que fui concejal nunca se trató la cuenta de inversión, y lo mismo sucede en la provincia. Además, he presentado proyectos concretos de acceso a la información para, por ejemplo, transparentar el uso de las aeronaves de la provincia, que en algunas oportunidades se utilizaron para ir a ver partidos de fútbol. También elaboré propuestas de ley para evitar la aprobación de la cuenta de inversión provincial por el mero transcurso del tiempo y para conocer las pautas publicitarias oficiales. Tenemos que abrir esa caja oscura que es el Estado, donde hace poco apareció, como consecuencia de una investigación periodística, un decreto guardado del Poder Ejecutivo”
FUENTE: LA GACETA
