Conflicto en transporte urbano: se reúne UTA, Fatap y el Ministerio de Transporte

Hace poco más de una semana, se firmó un acuerdo “de paz social” entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) y el Ministerio de Transporte de la Nación para levantar el paro de colectivos urbanos en el interior del país, por falta de pagos de salarios.
Pasado a segundo plano en la agenda de las autoridades, y fundamentalmente sin que se conozcan medidas de fondo para solucionar la crisis del servicio básico, volverán a reunirse hoy las partes, tal como se había dispuesto en el acta firmada el 2.
Las gestiones para modificar el actual esquema de repartos de subsidios, que beneficia al Área Metropolitana Buenos Aires en detrimento de las provincias, no tuvo ningún avance. Mientras tanto, las empresas no han podido cumplir con el pago total de los salarios: en las últimas horas hubo asambleas en distintas localidades del país.
En la capital provincial, los choferes han percibido solo el 50% de los haberes correspondientes a mayo. Por esa razón, aguardarán –como el resto de las seccionales– lo que se decida en el encuentro de hoy.
En la última reunión desarrollada bajo el ámbito de la cartera laboral nacional se prometió la continuidad de los subsidios vigentes con un fondo especial de 6.500 millones de pesos que se había otorgado por los primeros cuatro meses del año para el interior del país (fijado por Resolución Nº 14/20), que hasta ayer no se había prorrogado.
Además, la Nación dispuso habilitar a las empresas no cancelar las cargas sociales para garantizar que los trabajadores perciban un monto no remunerativo por tres meses, similar a su salario de bolsillo.
UTA había anunciado y acordado en el acta que mantendría un compás de espera hasta que se liquiden esas acreencias.
El transporte urbano de todo el país sufre la falta de recursos debido a que la cuarentena redujo inicialmente a un 90%, y actualmente a poco más del 70%, el movimiento de pasajeros por día. Si bien hay menor cantidad de unidades y frecuencias, los costos superaron los recursos disponibles de un sistema que, pese a que se desalienta por su potencial para propagar el Covid-19, debe garantizarse y es considerado servicio básico y esencial.
Postura
Fatap recordó ayer que desde hace meses viene advirtiendo acerca del riesgo que se cierne sobre la continuidad de los servicios, la subsistencia de las empresas prestatarias y la existencia de casi 40.000 puestos de trabajo, y la discriminación que el interior del país sufre en materia de asistencias y compensaciones.
“A la fecha nada ha cambiado. Sin perjuicio de que existen loables iniciativas legislativas que intentan reparar aquellas situaciones, no se advierte que las autoridades nacionales o provinciales vayan a implementar medidas urgentes para sostener los servicios, al menos mientras dure la emergencia, sino todo lo contrario, como lo demuestra el hecho de que finalizada la vigencia de la Resolución del Ministerio de Transporte N° 14/20 no se la haya prorrogado ni se hayan garantizado los recursos que de la misma se derivaban”.
Por lo tanto, los empresarios nucleados en la Fatap remarcaron la emergencia que atraviesa el sector, “impedido de cumplir regularmente con sus obligaciones comerciales, contractuales, fiscales y laborales”, y considera “imprescindible y urgente que el Estado nacional, las provincias y las concedentes (municipios) adopten las medidas que el momento requiere, a efectos de evitar que se pierdan el capital y el trabajo de miles de argentinos”.
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