Corrupción K: Ricardo Jaime fue procesado por el lujoso yate de un millón de dólares

Preso en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016, más flaco y con pocas visitas, Ricardo Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009 sumó otro procesamiento por un caso de corrupción. El juez Sebastián Casanello firmó el 1 de agosto pasado la decisión por la cual determinó que el yate Altamar 64 valuado en 1 millón de dólares es uno de los bienes que Jaime consiguió como parte de su enriquecimiento ilícito mientras fue funcionario de Néstor y Cristina Kirchner.

La lujosa embarcación que había sido hallado en 2013 en Uruguay y sus «dueños» jamás reclamaron, fue entregado hace semanas a la Prefectura Naval Argentina para que lo utilice. Antes de haber recalado en Uruguay para que se realizaran trabajos de mantenimiento, el yate se había dirigido a Brasil, un destino habitual de Jaime, sus familiares y amigos de negocios.

El fiscal Carlos Rívolo había pedido el procesamiento del ex funcionario porque consideró que el yate forma parte de los bienes mal habidos por Jaime durante la época en que los empresarios lo coimeaban para conseguir mejor rentabilidad en sus negocios.

Casanello procesó además a otras cuatro personas por la maniobra para la adquisición del yate. Dos de ellos integran el grupo de testaferros de Jaime: Manuel Vázquez y Silvano Mazzucchelli. El primero, que fue asesor de Jaime, está preso con prisión domiciliaria por otro caso de corrupción en el que se cobraron coimas por la compra de trenes en desuso a España y Portugal.

En tanto, Mazzucchelli fue procesado por formar parte de una sociedad en el entramado creado para disimular los millones del ex funcionario y porque participó activamente en la compra de un departamento en la avenida Figueroa Alcorta donde el ex secretario de Transporte planeaba mudarse. Vázquez y Mazzucchelli fueron autorizados por la empresa que compró el yate a retirarlo del astillero que lo construyó.

Los otros dos procesados por Casanello son Carlos Lluch y Raúl Viola, dos abogados que están vinculados a la compra de la embarcación en el año 2009, meses antes que Jaime fuera echado del gobierno de Cristina Kirchner. Ambos tienen una estrecha relación con la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y el Grupo Plaza que explotaban trenes y colectivos ante la mirada atenta, vigilante y de estricto control de Jaime, quien como secretario de Transporte tenía la obligación de supervisar a esas empresas que cobraron subsidios millonarios. Los investigadores creen que el yate fue una coima más recibida por Jaime de parte de TBA, la empresa que explotaba el Ferrocarril Sarmiento hasta que sucedió la Tragedia de Once.

La compra del yate se hizo a partir de la creación de varias sociedades cáscara en paraísos fiscales para evitar determinar de dónde salió el dinero. Algo similar había ocurrido con otro de los bienes que el ex funcionario kirchnerista consiguió gracias a la corrupción: un avión Learjet de 4 millones de dólares matrícula N786YA.

Casanello señaló que «en consecuencia con los elementos de prueba colectados el destino de la embarcación Altamar 64, no es otro que aquél al que Ricardo R. Jaime y sus allegados próximos viajaban permanentemente, lo cual no sólo consta en la información de vuelos incorporada a la causa (muchos de ellos a bordo de la aeronave Learjet 31A, serie 215, matrícula N786YA atribuida a Jaime), sino también en los reiterados pedidos de autorización para viajar a Brasil realizados desde el inicio de las presentes actuaciones».

Se usaron sociedades en diversos lugares del mundo para evitar seguir el rastro del dinero. El yate fue comprado teóricamente por la sociedad llamada Dalia Ventures LLC con domicilio en Delaware, Estados Unidos. Esa sociedad está integrada por otras con domicilio en Belice y Bahamas. Todas confluyen en un estudio de abogados de Panamá desde donde se les mandó una carta a Lluch y Viola para que se realizara la compra del yate de Jaime. El pago se hizo en tres cuotas de 200.000, 300.000 y 500.000 dólares. El dinero se movió por bancos de Estados Unidos y de Rarotonga, una de las islas que integran el archipiélago de Cook, un paraíso fiscal del Pacífico Sur.

En el procesamiento Casanello explicó que «la evidencia recogida a lo largo de la investigación respecto tanto de la aeronave Learjet 31A como de la embarcación en cuestión, demuestran la creación de un conglomerado de empresas extranjeras destinado a adquirir esos bienes mediante sucesivas transferencias de entidades bancarias de distintos países, con la finalidad de ocultar el origen del dinero y al verdadero destinatario de los mismos, Ricardo Jaime, apareciendo como denominador común en ambos casos —ya sea como representante o autorizado por esas empresas extranjeras- Manuel Vázquez, asesor ad honorem de Ricardo Jaime al tiempo que se desempeñaba en la Secretaría de de Transporte de la Nación».

El juez resaltó el hecho de que el yate, lujoso y en buen estado no hubiera sido reclamado por sus dueños: «Resulta llamativo el destino final de la embarcación: apareció abandonada en Uruguay y, ordenado su secuestro por este Tribunal, hasta el momento nadie reclamó su devolución. En particular, no lo hiciesen los titulares de la empresa estadounidense Dalia Ventures LLC —como ya dijimos, armado societario de empresas extranjeras destinado a adquirir ese bien mediante sucesivas transferencias de entidades bancarias de distintos países, con la finalidad de ocultar el origen del dinero y al verdadero destinatario del mismo-.tenía la capacidad económica real e ilícita, conforme ha queda o claro, a la luz del rosario de inmuebles y bienes suntuosos cuya propiedad se determinó al momento de dictar su procesamiento con fecha ll de abril de 2014 (como así también al dictar su ampliación de procesamiento con fecha 12 de mayo de 2016) pero no tenía la posibilidad de figurar como enriquecimiento».

El magistrado determinó además que el precio del yate se le debe agregar a todos los bienes que, según demostró la Justicia, Jaime no pudo justificar y que habían alcanzado la suma de 12.500.000 de pesos. «Al incremento apreciable y legalmente injustificado se debe sumar el valor del artefacto en cuestión de USD 1.000.000. Es necesario aclarar que se arribó a este monto a la luz del contrato de compra-venta agregado a las presentes actuaciones».

El juez concluyó que quien fuera secretario de Transporte del kirchnerismo utilizó testaferros para disimular su enriquecimiento. «Ricardo Jaime no sólo conocía el alto cargo que desempeñaba sino también las obligaciones que él implicaba. Los elementos probatorios reunidos indican que tuvo la intención de incrementar su situación patrimonial, sabiendo que lo hacía por sobre sus ingresos legítimos. A este propósito y a la necesidad de disimular el crecimiento patrimonial obedeció la aparición de personas interpuestas, circunstancia que —en este aspecto- es un elemento objetivo que permite afirmar el dolo del imputado».

Jaime suma más procesamientos y sigue preso. Varios jueces han determinado que tiene que continuar detenido siempre por casos de corrupción.