Cristina Kirchner no respondió preguntas y arremetió contra el tribunal

En varios tramos de su exposición, la electa vicepresidenta de la Nación y dos veces ex presidenta le apuntó responsabilidades al gobierno de Mauricio Macri y a un sector del poder judicial ligado a los tribunales federales de Comodoro Py. “Jueces y fiscales a la carta del gobierno”, afirmó Cristina Fernández.

La declaración, por negativa de Tribunal Oral Federal 2, no fue trasmitida en vivo, pese a dos pedidos cursados por la acusada. “Si se tenía dudas de la existencia del lawfare, la lectura del presidente del Tribunal del rechazo del recurso de transmisión es una clase práctica de lawfare”, acusó la vicepresidenta electa.

Las audiencias del juicio oral arrancaron el 21 de mayo pasado, y entre los acusados figuran el empresario Lázaro Báez (”no soy amiga de Báez”, dijo), el exministro Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López.

Cristina Fernández está acusada de liderar una asociación ilícita, que supuestamente favoreció la entrega de contratos de obra pública a Austral Construcciones, la empresa de Baez, quien está encarcelado desde 2016 con prisión preventiva.

La causa se inició en la década pasada con una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió y el expediente fue engrosado en 2016, con aportes del exdirector de Vialidad Nacional de gobierno saliente, Javier Iguacel.

“Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública; lawfare”, insistió Cristina Fernández, apelando al término que define a una “persecución política por medios judiciales”.

“El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República; el gobierno que se va tenía una mesa judicial donde se decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar, a quién para que venda sus empresas”, denunció.

“¿Por qué Néstor (Kirchner) no hizo empresario a Lázaro Báez durante los 16 años que fue gobernador de Santa Cruz?”, se preguntó respecto a que el expresidente usó a Báez como testaferro.

“El hecho de que una persona sea amiga (de un presidente) y tenga empresas no es delito. Si no, ¿Cómo lo llamarían al ‘amigo del alma’ del Presidente que se quedó con empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos?”, dijo, apuntando contra Nicolás Caputo, empresario y amigo Macri.

Sobre la presunta asociación ilícita de la que se la acusa, dijo: “Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dice que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Para mentir hay que saber mentir”, sostuvo.

“Se condena por los medios de comunicación. Los jueces solo ponen la firma. Eso es hoy una parte de la justicia federal. La justicia que me toca sufrir, a mí, a mis hijos y a mi familia”, dijo. Mencionó, entonces, al juez que instruyó la causa. “Ercolini es el mismo que provocó que mi hija se enfermara; cambió el Gobierno y cambió Ercolini, por eso lo llamo mutante. Me sobreseyó a mí y a Néstor. Fue en 2011. Néstor había muerto en 2010. Es la primera vez que sobreseen a un muerto”, dijo.

Sobre la causa dijo que “se rechazaron todas las medidas de prueba que pedimos. El Tribunal Oral eligió 5 obras de las 51 investigadas. Esos hechos ya fueron juzgados y sobreseídos en Santa Cruz. Eso muestra la matriz y las pruebas del lawfare”, dijo.

“No me pidan que cuente cosas que no tenía que hacer yo, que no eran de mi responsabilidad”, cuestionó. “Si es así, van a tener que citar al (electo) presidente de la República, que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008… En 1994 se introduce la figura del jefe de Gabinete, responsable de la ejecución del presupuesto. Pero acá no está citado ninguno y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es jefe de Gabinete, no el Presidente o Presidenta”, precisó.

“Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”, concluyó Cristina.

Fuente: Diario Los Andes