El legislador radical, Eudoro Aráoz, criticó al titular del Ministerio Público Fiscal (MPF), Edmundo Jiménez, al afirmar que “la desidia del funcionario judicial atenta gravemente contra su obligación de velar por los intereses generales de la sociedad y de perseguir el delito”. El parlamentario cuestionó los dichos del ministro fiscal con respecto al caso del arma que habría sido sustraída de la Oficina de Secuestros Judiciales del MPF y que apareció luego en la escena de un homicidio.
“Jiménez miente al declarar con relación al arma usada en un crimen y que figuraba como incautada, o sea, en custodia del Estado. Cuando expresa que esta haciendo un inventario para determinar qué armas hay en la Oficina de Secuestros Judiciales falta a la verdad. El 4 de octubre, ante un pedido de informes que le hice acerca de la cantidad de armas secuestradas desde 2008 y que quedaban en esa dependencia judicial, me contestó que no tenía esa información y que no podía responder por un período anterior a su gestión”, señaló Aráoz.
Según el legislador, el funcionario judicial “no sabe ni le interesa saber cuántas armas desaparecieron de Secuestros Judiciales”. “Conocer ese dato lo obligaría a iniciar las investigaciones pertinentes y evitar que vuelvan al circuito criminal por venta o alquiler”, añadió.
El domingo 30 de septiembre, Juan Costilla, de 17 años, fue llevado de urgencia al CAPS San Rafael. Había recibido un disparo en el corazón. Poco después falleció a causa de esta herida. El arma que fue secuestrada durante la investigación figuraba como que había sido incautada por la Oficina de Secuestros Judiciales. Jiménez, jefe de los fiscales, había dicho: “la oficina de Secuestros Judiciales, hasta que se dispuso la independencia del Ministerio Público Fiscal, dependía de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces estamos haciendo un inventario para determinar qué armas y qué otros elementos existen ahí para poder determinar cuál es el faltante”.
Aráoz insistió en la existencia de un mercado negro de armas de fuego y enfatizó: “la sociedad espera que el Ministerio Público cuide los intereses de la comunidad”.
Fuente: La Gaceta
