Denuncian la violación de derechos laborales en el Ministerio de la Defensa

Según lo entiende la presentante, «en el Ministerio Público de la Defensa se están violentando los derechos laborales y constitucionales de los empleados», al tiempo que reclama que «se deje sin efecto la resolución por la cual se transfiere a la doctora Elizabeth Raddi a prestar servicios en el Centro Judicial Monteros».

Romero solicita que «se abstengan los peritos médicos de cuestionar la licencia médica otorgada por el profesional tratante particular de la mencionada agente, en virtud de que la doctora Gutiérrez, funcionaria a cargo del cuerpo de Peritos Médico, no se encuentra habilitada para refutar tal certificado, en razón de no ser especialista en la materia, toda vez que no tiene especialidad de médico laboral, ni de médico psiquiatra».

«Este acto arbitrario, infundado y con vocación de perjudicar a nuestra afiliada, con el fin de otorgar un ’favor’ personal a otra empleada, será denunciado y actuado jurisdiccionalmente y públicamente. Por otra parte, nos reservamos el derecho de acudir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, atendiendo al ejercicio de Superintendencia que pesa sobre el Ministerio de la Defensa», añade la peticionante.

«En igual sentido, exigimos se deje sin efecto la resolución ministerial por la cual se ’suspende preventivamente’ al agente Claudio Décima, sin otorgarle derecho a la defensa, sin informarle los motivos y mediante una resolución arbitraria, unilateral y carente de fundamentos de fondo; con el único argumento de una ’supuesta’ captura de pantalla de una red social, en un día no laboral», señala.

«De igual manera, y en virtud de lo normado por la ley de Acceso a la Información Pública N° 27275, intimamos a V.E. a exhibirnos y a sacar las copias correspondientes del protocolo, en el cual radican las Resoluciones Ministeriales, desde su arribo al cargo, que serían más de 200, y en las cuales se habría violado la Ley Orgánica de Tribunales que establece: ’Art. 106.- Nombramiento y Remoción. Los funcionarios de ley son nombrados por la Corte Suprema de Justicia, el Ministro Fiscal o el Ministro de la Defensa según corresponda, previo proceso de selección que asegure la igualdad de oportunidades y el acceso a la función de quien resulte más idóneo. La remoción de los mismos se realizará previo sumario, que asegure el derecho de defensa del agente’, lo cual sería causa de juicio político y razón suficiente para dejar sin efecto dichos documentos administrativos fraudulentos», indica Romero.

«Al mismo tiempo informo el estado de alerta y movilización en la que se encuentra la entidad gremial que represento por lo ut supra mencionado y en caso de que V.E. omitiera lo peticionado, se realizará el día miércoles 15 de mayo de 2019 a 11:30 horas una Asamblea de Empleados en el Edificio del Fuero Penal de avenida Sarmiento N° 431, con el objeto de tratar y resolver medidas de acción en razón de la violencia laboral, inusitada discriminación y persecución hacia los empleados, funcionarios y magistrados, la inconstitucional resolución/acordada por la cual se obliga al personal a prestar servicio fuera de horario, sin derecho a percibir remuneración.»