Locales
Designar a Maggio sería dañar aún más la poca credibilidad que le queda al Poder Judicial
El hecho de que el doctor Facundo Maggio haya intervenido como abogado defensor en casos de delitos de lesa humanidad no es un impedimento para ejercer una función judicial, ya que si así fuese se condicionaría a los abogados sobre qué tipos de delitos y clientes podrán defender.
Es decir, se estaría vulnerando el derecho de defensa que tienen estas personas y, de esta forma, vulnerar la propia Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
No obstante ello, si analizamos el desempeño que tuvo Maggio como profesional en algunas causas que levantaron polémica en Tucumán, como los casos «Teves» y «Rigourd» (que le costaran el cargo al Fiscal Guillermo Herrera), se destaca un rol importante de este letrado. Dichas causas están siendo investigadas en la justicia para determinar la existencia de una posible asociación ilícita que involucra a abogados, fiscales y jueces, cuyo modus operandi es el apriete mediante el armado de causas penales a las personas para que terminen desembolsando sumas importantes de dinero. Incluso, dichas irregularidades llamaron la atención del propio Gobierno Nacional que determinó la presencia de veedores para el análisis de las mismas.
Hasta tanto todo esto sea aclarado, una actitud de prudencia me obliga a votar en contra del acuerdo al pliego del doctor Maggio para ejercer como juez penal de la provincia.
Tampoco podemos olvidar el parentesco que vincula al aspirante a juez con el Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, lo cual también me genera una duda razonable sobre la independencia con que el doctor Maggio podrá desempeñar su cargo.
Todo esto genera en mí la convicción que designar como juez al doctor Maggio sería un acto irresponsable e imprudente, cuya única consecuencia será dañar aún más la poca credibilidad que le queda al Poder Judicial de la provincia.