No logró apartar a los jueces que la juzgarán por lavado
La Cámara de Casación confirmó a Adriana Palliotti y Daniel Obligado en el TOF 5, que hará el juicio por los casos Hotesur y Los Sauces.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de Florencia Kirchner para apartar a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que la juzgarán por lavado de dinero junto a su madre -la vicepresidenta electa Cristina Kirchner- y a su hermano Máximo. De esta manera, quedaron confirmados los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado.
La defensa de Florencia Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, había solicitado que se aparte a esos magistrados «por temor de parcialidad». El TOF 5 es el que tiene a su cargo las causas Hotesur (empresa dueña del hotel Alto Calafate) y Los Sauces (inmobiliaria). Ambas firmas, propiedad de la familia Kirchner, fueron investigadas por lavado de dinero. En los expedientes se reiteran al menos doce imputados, entre ellos Lázaro Báez.
El planteo de la hija de la ex presidenta no tuvo respaldo por parte de la Sala I de la Cámara de Casación, que por voto mayoritario rechazó el pedido. “La defensa no ha invocado ni ha logrado demostrar ninguna circunstancia objetiva que permita sustentar –aun por vía de hipótesis– un temor de parcialidad fundado, que permita justificar el apartamiento solicitado”, sostienen en su voto los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.
El temor de parcialidad manifestado por Beraldi, fue a raíz de la información publicada en los medios se comunicación respecto a la salud se Florencia Kirchner, que desde marzo permanece en Cuba bajo tratamiento médico. La defensa de Florencia Kirchner sostuvo que fueron los jueces quienes «filtraron la información».
Los abogados sumaron otro argumento y sostuvieron que no confiaban en los jueces Obligado y Pallioti, ya que fueron los mismos que rechazaron la recusación del tercer juez TOF 5, José Martínez Sobrino. Su pedido de apartamiento -que tampoco prosperó- fue después que manifestara que Florencia podría ser declarada en rebeldía frente a la Justicia si no regresaba al país y se presentaba en los Tribunales.
La Casación indicó que los jueces cuestionados «negaron su participación en la difusión de la información relativa al estado de salud de Florencia Kirchner», y ya que «no se cuenta a la fecha con otros elementos que permitan poner en crisis dicha afirmación, resulta razonable la conclusión que derivó en el rechazo del planteo defensista y, en consecuencia, de la causal de apartamiento alegada”.
El voto en disidencia fue el de la jueza Ana María Figueroa, quien remarcó: «No basta con que el juez actúe imparcialmente, sino que es preciso que no exista apariencia de parcialidad ya que lo que se encuentra en juego es la confianza de los ciudadanos en los tribunales de una sociedad democrática”.
Ante este argumento, sin el acompañamiento de sus pares, la jueza votó por apartar a Obligado y Pallioti, y agregó que “el temor de parcialidad que la parte ha motivado sobre el modo en que los señores jueces dirigieron el proceso”.
En esta misma línea, la camarista consideró que «no tomaron los recaudos necesarios a los fines de que la información sensible allí producida trascienda a los medios de comunicación”.
El TOF 5 quedó confirmado y se avanza en las medidas de prueba para fijar fecha al comienzo del juicio contra la familia Kirchner por lavado de dinero.
Cristina Kirchner regresará a la Argentina el 11 de noviembre, ya que se encuentra en Cuba visitando a su hija. Es el séptimo viaje que realiza a La Habana. Según los certificados médicos presentados en la justicia, por la afección que sufre, Florencia Kirchner no puede regresar en avión al nuestro país.
Los Sauces y Hotesur, dedicadas a la locación de inmuebles -en el segundo caso exclusivamente de hoteles- fueron investigadas por los contratos celebrados esencialmente con los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos.
Ambas investigaciones tienen pruebas compartidas y prácticamente la misma lista de procesados. El delito se habría cometido con un mismo modus operandi: los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner beneficiaban a los empresarios K con negocios públicos y estos presuntamente les hacían retornos indebidos y millonarios a través de alquileres de viviendas (Los Sauces) o la contratación de habitaciones de hoteles (Hotesur).
En la acusación el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita remarcó: «desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad»
FUENTE CLARIN
