El Gobierno asistirá en 2020 a las empresas de colectivos con $ 1.390 millones

Desactivada la crisis del transporte público durante las fiestas de fin de año, el gobernador Juan Manzur definió extender por decreto la emergencia en el sector por un año, hasta el 31 de diciembre de 2020. De esta manera, la Provincia continuará subsidiando a las empresas a cargo de las líneas de colectivos.

El mandatario provincial rubricó el decreto 520/3 del Ministerio de Economía provincial, con fecha del 3 de diciembre, en el que prorroga la emergencia en el transporte fijada por una ley de la Legislatura, y que finalizaba este año. El decreto establece que la Provincia asistirá a las empresas por $ 1.390 millones a lo largo del año que viene. Sin embargo, agrega una cláusula: los valores mensuales en subsidios pueden modificarse en virtud de las políticas de subsidios que tome el Gobierno nacional de Alberto Fernández.

El segundo artículo del decreto establece la distribución mensual de los montos, que variarán entre los $ 100 millones y los $ 130 millones, dependiendo del flujo de pasajeros y de la inflación prevista para cada etapa del año. A su vez, el tercer artículo introduce la posibilidad de reducciones en la cantidad de subsidios provinciales, si aumenta el aporte de la Nación: “en caso de que se produzcan incrementos de los subsidios que otorga el Gobierno nacional a las empresas prestatarias del servicio de transporte público automotor de pasajeros, (el Ministerio de Seguridad podrá) disminuir en la misma proporción los importes fijados”.

LA GACETA se contactó con el nuevo ministro de Transporte de la Nación, Claudio Moroni. El funcionario nacional, que integra el gabinete del presidente Alberto Fernández, expresó a este diario que en unas semanas brindarán información sobre el nuevo esquema de transporte público en el país, incluyendo los subsidios a los tres medios de transporte público: colectivos, trenes y subtes.

“El Poder Ejecutivo Provincial no puede permanecer indiferente ante la situación que atraviesa el servicio de transporte público de la Provincia que, en caso de que se afecte la normal prestación del servicio, imposibilitaría a un vasto sector de la población en condición de vulnerabilidad a acceder a sus empleos y otros servicios esenciales como la educación y la salud”, explica el decreto en los considerandos. Y agrega: “la situación actual requiere la adopción de medidas urgentes a efectos de preservar la paz social y las fuentes de trabajo que genera el sector, disponiendo una asistencia adicional a las empresas prestatarias. Que en el caso que el gobierno nacional decidiera incrementar los montos de la ayuda que brinda a las empresas prestatarias del servicio, se deberán compensar con una disminución de los importes otorgados por el gobierno provincial”.

Los miembros de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) informaron que no brindarían declaraciones hasta conocer la política de transporte del nuevo gobierno. Por lo bajo, algunos empresarios aseguraron que el préstamo por 170 millones que recibieron las firmas y la suba de tarifa, alcanzando una suba del 93,5% en el año, sostendría el sistema del transporte hasta marzo, cuando se comenzará a vislumbrar la nueva política de la gestión del Frente de Todos.

Cronología de la crisis

Los reclamos de los empresarios por el esquema de transporte público comenzaron en 2018: la gestión del entonces ministro de Transporte durante el macrismo, Guillermo Dietrich, congeló los valores de los subsidios a valores de 2017.

Por una década, la Nación asistió a las empresas de transporte público de todo el país a través de dos figuras: compensación tarifaria y combustible. El aporte en 2017 y 2018 abarcaba $ 210 millones mensuales por compensación tarifaria, con fondos recaudados a través de un impuesto incluido en la carga de combustible en los surtidores de estaciones de servicio. En cuanto a combustibles, el valor del gasoil Euro-5 se mantuvo a $ 10 el litro.

La reacción en el Gobierno provincial fue sancionar una ley de emergencia en el sector, que aportaba $ 20 millones mensuales entre las empresas.

En 2018, luego de la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, Dietrich y el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acordaron recortes en el transporte público: los subsidios nacionales cesarían en enero de este año. El criterio era que la Nación no tenía por qué sostener con subsidios la explotación de líneas de transporte público asignadas en licitaciones de municipios o provincias. Para ello, el Gobierno nacional pactó con los gobernadores en el consenso fiscal para 2019 que las provincias se harían cargo de los subsidios al transporte.

Durante este año, el Gobierno provincial subsidió a las empresas con $ 130 millones mensuales. El Gobierno nacional dispuso un fondo de compensación durante la transición: a las firmas tucumanas se le asignaron $ 53 millones mensuales. Como el combustible dejó de ser subsidiado, este año las firmas afrontaron un salto en el gasoil: pasó de costar $ 10 el litro con subsidios hasta $ 58 -según datos de Aetat, una empresa de la capital requiere de 75.000 litros de combustible en promedio-. La cúpula de Aetat reclamó que la Nación sostuvo el aporte en subsidios para el combustible a las empresas porteñas y del conurbano bonaerense.

En octubre, las empresas anunciaron 150 despidos: su justificación fue que redujeron las frecuencias y que por ello podían prescindir de la mano de obra. Luego de dos meses de negociaciones en la Secretaría de Trabajo provincial, con la amenaza latente de un paro por tiempo indeterminado, el Gobierno provincial intercedió para evitar la crisis: concedió la tercera suba en el boleto de los servicios interurbanos y rurales (invitó al Concejo de la Capital a emular el incremento) y otorgó un préstamo por $ 170 millones.

FUENTE LA GACETA