Corbalán, titular de DC Construcciones, aseguró que delegaba lo administrativo a una asesora; el fiscal no le creyó
Es dueño de una empresa que facturó cerca de $ 3,5 millones gracias a los objetados contratos directos de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante la gestión de Miguel Ángel Brito (2007-2012). Sin embargo, Domingo Luciano Corbalán, titular de DC Construcciones, no recuerda la dirección exacta del local en el que funcionaba su negocio, ni cuánto cobró por la provisión de mano de obra y de materiales, ni cómo se llamaban sus empleados.
Las aparentes inconsistencias en el relato del testigo llevaron al fiscal de Cámara, Carlos Saltor, a solicitar ante las juezas de la Sala VI, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elisa Molina, el inicio de actuaciones en la fiscalía de turno en contra de Corbalán por el presunto falso testimonio.
El tribunal resolverá el planteo cuando dicte la sentencia de la causa “DAU”, que investiga al ex director Brito por supuesto fraude a la Administración Pública y posibles negocios incompatibles con el cargo que ocupaba.
Las juezas analizarán también otro pedido de Saltor: que se envíe un oficio a la Dirección de Producción y Saneamiento (Dipsa) de la Capital para obtener la copia del contrato de alquiler de la sede de DC Construcciones. Según el fiscal, en ese instrumento figuran las firmas de Corbalán y de Lidia Figueroa, que fue jefa del departamento Obras por Administración de la DAU en la gestión de Brito. El requerimiento de elevación a juicio, formulado en 2014, indica que DC Construcciones era una “empresa totalmente fantasma”.
“Ella manejaba todo”
Brito renunció a la DAU en agosto de 2012. Según la investigación, abierta tras la denuncia de los radicales Silvia Elías de Pérez (senadora) y Ariel García(legislador), el ex funcionario de José Alperovich aplicó de modo irregular la ley 7.960. Esta norma habilita a la Dirección de Arquitectura a realizar compras y contrataciones sin licitación en casos de urgencia y de necesidad prioritaria (entre otros requisitos) por hasta $150.000. Según la acusación, Brito habría causado perjuicio al erario aprovechando este sistema, y habría beneficiado a constructoras en supuesta situación anómala.
La declaración de Corbalán podría haber sumado indicios respecto a este último punto.
El hombre de 61 años, albañil de oficio, narró ante el tribunal que hoy se dedica a la recolección de residuos por cuenta propia en Tafí Viejo y en Banda del Río Salí. Hasta la dimisión de Brito, sin embargo, había trabajado como proveedor de mano de obra y de materiales para la DAU. A partir de entonces, Corbalán cerró las puertas de su local.
“No es que yo era el patrón, sino que yo me había anotado como monotributista para facturar”, declaró el testigo. En su relato, identificó a una sola empleada de DC Construcciones: Cecilia Lara. Ella, según el albañil, oficiaba de “asesora” y estaba autorizada para hacer todo tipo de trámites bancarios a su nombre. “Ella iba a cobrar (los trabajos realizados a la DAU) y manejaba todo. Me daba la plata para comprar el material (para las obras), todo”, aseveró.
Corbalán no pudo responder cuánto tiempo demoraba en concluir un proyecto: “según cómo estaba el tiempo”, dijo. Tampoco cuántas obras llevó a cabo para la DAU: “no recuerdo; es que no sólo hacía obras, también entregaba materiales y juegos para plazas”, afirmó. Olvidó incluso la suma facturada por sus servicios: “yo no tocaba la plata”, declaró. Saltor trató de darle alguna pauta. “¿Un millón? ¿Dos millones?”, le preguntó. “No, no recuerdo”, dijo Corbalán.
El fiscal de Cámara le consultó luego dónde estaba ubicada la sede comercial de su empresa. “En avenida Kirchner. No me acuerdo el número en este momento, pero estaba la oficina, un pasillo y luego una iglesia evangélica”, sostuvo. Según el expediente, el inmueble estaba en avenida Kirchner 1.534.
Fuente: La Gaceta
