“Hay estudios jurídicos que son verdaderas empresas”
La legisladora Córdoba, molesta por un freno del colegio de letrados.
La legisladora Stella Maris Córdoba no ocultó su enojo por el rechazo del Colegio de Abogados de la Capital a un proyecto de su autoría. La iniciativa persigue la ampliación del servicio de asesoría legal gratuita para personas de escasos recursos.
“Estamos trabajando para garantizar que quienes no pueden pagar su propio abogado en un proceso legal reciban una defensa eficiente. La falta de dinero no debe incidir en la posibilidad de que alguien tenga garantizada su asesoría legal. No puede ser que todavía existan en nuestra provincia tucumanos que tengan que decir ‘si no tengo plata no tengo justicia’”, sostuvo la peronista disidente.
Ayer, el Consejo Directivo de la entidad profesional formalizó sus objeciones al proyecto de ley que obliga a los letrados a atender de manera gratuita a dos clientes de escasos recursos por año, para evitar la pérdida de la matrícula profesional. “Hace un mes que venimos manifestando esta postura de rechazo al proyecto y hemos mantenido reuniones con la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura”, había dicho el vicepresidente de la entidad, Juan Musi.
La legisladora Córdoba, no obstante, aclaró que la posibilidad de la pérdida de la matrícula ya había sido descartada en las reuniones de la comisión de Asuntos Constitucionales, y que las autoridades del Colegio incluso estaban al tanto de esa decisión legislativa.
“La ley del Colegio de Abogados tiene 37 años de existencia. La realidad ha cambiado mucho desde entonces, y así como venimos aprobando leyes tan importantes como el Código Procesal Penal, la transformación del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa, la creación de los Juzgados, Fiscalías y Defensorías de género, consideramos que se debe readecuar la Ley 5.233 y el funcionamiento de la atención gratuita a los pobres. Lo que buscamos es ampliar el universo de profesionales que los atienden gratuitamente”, expresó Córdoba.
Advirtió que en la actualidad sólo 80 abogados de los más de 7.000 matriculados que existen en la provincia brindan el servicio de asesoría gratuita, y la obligación es únicamente para los abogados del primer año de inscripción en la matrícula. “Pensé que, además de la obligación legal, habiendo tantos abogados recibidos en la UNT que gozamos de una educación pública y gratuita, iban a asumir una actitud más solidaria frente al necesitado. Hay estudios jurídicos que son verdaderas empresas si de facturación se trata, y ya que tanto se habla en los seminarios y conferencias sobre la responsabilidad social empresaria, pensé que iba a haber otra apertura”, se quejó.
La peronista disidente afirmó que en la Cámara sólo hay dos proyectos referidos a este asunto, y que ambos fueron presentados por ella. “Quedamos de acuerdo en esa reunión (con los abogados) que era necesario encontrar una alternativa superadora ya que todos coincidimos (los colegios y los legisladores) que la instrumentación de la atención jurídica gratuita para los pobres es insuficiente en Tucumán”, completó la parlamentaria opositora.