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El ex Sec.Gral de UTA Tucumán fue el que no pago los alquileres

Según Palina, la deuda por la ex sede es de “una herencia de la gestión anterior” Roberto Jimenez no pago los alquileres.


El pago de una deuda de $ 5,6 millones por incumplimientos en el alquiler de la ex sede de la Secretaría de Trabajo de la Provincia entre 2012 y 2014 derivó en la apertura de una comprobación sumaria en el Tribunal de Cuentas.
Ante esto, el titular de esa repartición, Roberto Arnaldo Palina, afirmó que su participación en el expediente para habilitar la millonaria erogación se debió a una cuestión administrativa. “Al asumir en mi cargo, en noviembre de 2015, en la Secretaría de Trabajo se encontraba en curso el trámite del pago por el alquiler del inmueble ubicado en Junín 264, correspondiente al período abril de 2012 a noviembre de 2014, como herencia de la gestión anterior”, indicó el funcionario, desligándose del origen del conflicto. Y añadió: “a los fines de dar una solución al inconveniente suscitado, procedí a rubricar la planilla de cálculo conforme a los parámetros legales y contables marcados por Fiscalía de Estado y Contaduría General de la Provincia respectivamente; (por ello) mi firma allí inserta es una formalidad, atento a que hoy soy el titular del organismo”.
Palina, que sucedió al ex funcionario alperovichista Roberto Jiménez en la Secretaría de Trabajo, deslizó que no había demasiadas alternativas ante el reclamo del propietario de la ex sede. “Respecto de la deuda al señor Ramón Do Campo, no reconocerle su derecho al pago constituiría un obrar ilegitimo de esta área de Gobierno, ya que hubiese implicado un enriquecimiento sin causa en favor del Estado provincial; por ello (existía) la necesidad de cancelar la deuda”, indicó Palina.
A través del acuerdo 1.279, el Tribunal de Cuentas aprobó el trámite iniciado por un reclamo de Do Campo, a través de su asesor letrado, Pedro Rodolfo Giudice. El dueño del inmueble de calle Junín 264 demostró, según el expediente, que la Secretaría de Trabajo utilizó su propiedad durante dos años fuera de contrato. Según el informe oficial, entre la deuda, la multa y los intereses, el Gobierno provincial deberá desembolsar $ 5,6 millones, en seis cuotas iguales y consecutivas de $ $ 938.000. El monto global está desglosado en: a) $ 960.000 en concepto de alquileres adeudados; b) $ 3,7 millones en concepto de intereses por mora (cifra calculada con un interés del 0,3% diario); c) y $ 960.000 en multa “por ocupación fuera de término, prevista en cláusula 16° del Contrato de Locación suscrito entre las partes”, indica el acuerdo.

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