Gandur solicita celeridad para tres causas de interés público
El titular de la Corte atendió los reclamos de Lebbos, Teves y la senadora Elías de Pérez En todos los casos, el presidente del alto tribunal encomendó a los magistrados intervinientes que eviten dilaciones.
Frente a las quejas y reclamos por el avance nulo o exiguo de tres expedientes penales con repercusiones institucionales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán optó por unir su voz a la de las partes que demandan celeridad y justicia. Mediante resoluciones distintas firmadas el mismo día 17 de mayo, Antonio Gandur pidió que se eviten dilaciones en las causas “Lebbos”, “Brito (o DAU)” y “Teves”. En cada caso, el titular del alto tribunal reflejó el malestar del familiar de la víctima (Alberto Lebbos), de la denunciante (la senadora Silvia Elías de Pérez) y de la imputada (Roxana Teves); resumió el estado del proceso y encomendó la actuación rápida a los jueces intervinientes.
El más antiguo
La causa relativa al homicidio de Paulina Lebbos cumplió una década el año pasado. A fines de 2016 subió a la Sala III de la Cámara Penal. Desde entonces, los acusados -entre ellos cinco ex funcionarios del Gobierno de José Alperovich– discuten la integración del tribunal. En el trámite de esta cuestión, que aún no terminó, se inhibieron varios jueces. A comienzos de este mes, el tribunal ad hoc que formaron María Balcázar, Eduardo Romero Lazcano y Fabián Fradejas confirmó en este juicio a los vocales titulares de la Sala III: Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto. Pero algunos imputados ya pidieron que esa decisión, en principio no revisable, sea controlada por la Corte.
Alberto Lebbos no criticó a los jueces sino a los acusados que, según su criterio, abusan del derecho de defensa. Gandur le dio la razón en el sentido de que advertía una mora excesiva. “La decisión definitiva que merecen las partes se posterga continuamente de una forma que resulta intolerable mientras siguen corriendo inexorablemente los plazos de la prescripción”, advirtió. Gandur añadió que el derecho de defensa no podía abolir otros derechos de igual rango y jerarquía, como el derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable. Y recordó que las recusaciones e inhibiciones debían ser interpretadas en forma restrictiva.
“Merezco ir a juicio”
El caso “Teves” comenzó en 2009 y fue uno de los procesos que el Colegio de Abogados de la Capital esgrimió para denunciar al ex fiscal Guillermo Herrera, quien terminó jubilándose en 2015. En septiembre de ese año, la fiscala N°8, Adriana Giannoni, elevó el expediente a juicio, pero el Juzgado de Instrucción N°2 -está acéfalo desde 2012- todavía no se expidió (actúan como subrogantes los jueces Alejandro Tomas, Juan Francisco Pisa y Víctor Pérez). Teves manifestó ser víctima de letrados y jueces ligados al poder; en la cárcel, la imputada desistió de sus demandas económicas sobre un patrimonio valuado en U$S 5,3 millones en 2010. “Merezco ir a un juicio oral y público para probar mi versión”, dijo Teves, según Gandur.
Tras transcribir el informe de la fiscala que da cuenta sobre la oposición a la incorporación del letrado Facundo Maggio como actor civil, el titular de la Corte encomendó a Giannoni que arbitrara todos los medios para que el proceso de Teves se ajuste a la garantía del plazo razonable previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Dilatación indignante”
La causa que involucra a Miguel Ángel Brito, ex director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante el Gobierno de Alperovich, fue abierta en 2012 a instancias de una denuncia de los radicales Elías de Pérez y Ariel García. El proceso ingresó a la Sala VI de la Cámara Penal a fines de 2016, pero el juicio aún no tiene fecha (las partes ya ofrecieron las pruebas y están produciéndolas). La semana pasada, la Legislatura dio acuerdo a quien actuará, en principio, como fiscal en el caso “Brito”: Carlos Saltor -fue designado por el gobernador Juan Manzur-.
“Me produce indignación la dilatación del trámite como consecuencia de los planteos dilatorios”, dijo la senadora Elías de Pérez. El jefe de la Corte encomendó a las camaristas Marta Cavallotti, Alicia Freidenberg y Stella Maris Arce que dispusieran lo necesario para materializar el juzgamiento del que podría ser el primer ex funcionario de jerarquía del alperovichismo que rinde cuentas ante la Justicia por el manejo de fondos públicos.