El intendente debió firmar un decreto ad referéndum del Concejo para recibir fondos del PE.
El Concejo Deliberante de Concepción prevé tratar el jueves el veto parcial del intendente Roberto Sánchez a la ordenanza que lo faculta a recibir del Pacto Social sólo los montos que corresponden al pago de sueldos.
El jefe municipal de Cambiemos formalizó ayer el rechazo a la disposición con el argumento de que conspira no sólo contra el desarrollo normal de las obras públicas y las actividades de mantenimiento de la ciudad, sino también contra la continuidad laboral de más de 800 personas, algunas con más de cinco años de antigüedad, que cumplen distintas tareas en su condición de contratados u cooperativistas. Sánchez insistió en que son asalariados que corren el riesgo de perder su fuente laboral.
Ayer, los ediles oficialistas Ramiro Beti, Alejandro Molinuevo y Rubén Comollihabían pedido una sesión especial para ese mismo lunes, con el fin de que se trate en el recinto el veto de Sánchez. Plantearon la urgente necesidad de definir una situación que afecta el erario y el futuro laboral de cientos de trabajadores municipales. La iniciativa, sin embargo, no prosperó por la negativa de la mayoría opositora en el Concejo.
“El Pacto Social que se firma con la Provincia cubre el pago de sueldos y las inversiones destinadas a obras públicas, actividades culturales, deportivas y otras sociales. Son alrededor de $31 millones, de los cuales $17 millones se eroga para pagar la planta de empleados permanentes. El resto abarca las obras y el pago a los trabajadores no permanentes. Es una modalidad que viene desde hace 17 años y que ahora este Concejo la quiere alterar”, se quejó Sánchez. “Es insólito que el Gobierno provincial nos quiera ayudar con el Pacto Social y que algunos concejales se opongan a esto. Esto significa al mismo tiempo estar en contra del progreso de la ciudad y de su paz social”, añadió.
Tras recibir la notificación del veto, los ediles se reunieron para analizar con el asesor letrado Gerardo Stekelberg la supuesta arbitrariedad -que aduce la Intendencia- en que habría incurrido el cuerpo al aprobar parcialmente la ordenanza. Sánchez aseguró que la provincia le adelantó que con esa imposición, no se puede firmar el nuevo convenio de ampliación del Pacto Social.
“De acuerdo a nuestro abogado la decisión de limitar las atribuciones del intendente para recibir los montos del Pacto Social no tiene nada de ilegal. Es algo correcto frente a la falta de rendición de cuenta del jefe municipal”, dijo Sergio Castillo, titular del Concejo Deliberante. “Aquí no hay ninguna anomalía”, insistió el edil.
El peronista adelantó que mañana el abogado emitirá un informe final sobre lo que se planteó en torno a la ordenanza vetada, y que entonces definirán los pasos a seguir. Al referirse al riesgo laboral de más de 800 personas del municipio, el presidente del cuerpo deliberativo dijo que la mayoría de los ediles se enteró ahora de la existencia de esos obreros. “Fueron tomados por el intendente y ahora es él quien debe resolver su situación”, advirtió.
Por lo pronto, Sánchez debió emitir un decreto ad referéndum del Concejo para poder recibir de la Provincia los fondos correspondientes a abril para el pago del personal y las obras públicas. “Es necesario un cambio de actitud en beneficio de todos los concepcionenses y en especial de las personas que están trabajando”, concluyó el ex legislador
