Juan Grabois demanda penalmente al ex gobernador Urtubey y Sáenz
La procedencia de una demanda contra Urtubey podría analizarse como posible y hasta necesaria, pero no así contra el gobernador Gustavo Sáenz que se hizo cargo de las consecuencias del desmanejo anterior.
La Argentina es un país donde todo es posible, incluso lo imposible. En medio del incendio social y económico causado por la pandemia de Covid-19, aparece el dirigente social (¿y socialista/comunista?), Juan Grabois, demandando a Juan Manuel Urtubey y a Gustavo Sáenz por el delito de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La razón de esta demanda de Grabois es la situación de la comunidades originarias de la Provincia, particularmente en el norte provincial, argumentando “la carencia de alimentos, agua potable, asistencia médica primaria y vivienda”.
Si una Gestión debe investigarse y a fondo ésa es la de Juan Manuel Urtubey que dejó tierra asolada con una pobreza superior al 65%, al tiempo que destruyó todo lo que tocó, desde partidos políticos hasta instituciones. El destino de los millones de dólares del Fondo de Reparación Histórico es materia pendiente y que seguramente jamás tendrá una respuesta ya que no existe un Poder Judicial independiente.
La presente Gestión de Sáenz tuvo que hacerse cargo de los resultados en muertes de niños del desfalco anterior, de donde surge que la denuncia de Grabois contra la actual Administración tiene también un visible costado político y publicitario.
La información
La información publicada respecto de estas denuncias, arguye lo siguiente:
DDN. La abogada Josefina Arancibia, integrante de la Multisectorial de Mujeres de Salta, presentó esta mañana una denuncia realizada por el referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular- CTEP- y del Movimiento de Trabajadores Excluidos- MTE- Juan Grabois, contra el ex gobernador Juan Manuel Urtubey y el actual gobernador, Gustavo Sáenz por abandono de persona e incumplimiento de deber de funcionario público. La denuncia deriva de la situación en la que se encuentran las comunidades originarias de la Provincia, particularmente en el norte provincial, “ante.
Arancibia indicó que en la denuncia están comprometidas las dos últimas gestiones y quienes estuvieron y están a cargo del ministerio de Desarrollo Social, además, señaló que la misma “es por delitos penales de oficio que son incumplimiento de los debes de funcionario público y abandono de persona”. “Se verá más adelante, de acuerdo a la valoración del fiscal o la fiscal actuante, cuál es la valoración que le dan”, dijo.
Asimismo, explicó que, en el documento de 12 páginas se mencionan muchas situaciones que afectan a las comunidades, entre ellas la falta de acceso al agua, a la alimentación de calidad, a la atención primaria de salud de primer y segundo nivel, desigualdad de género. “Hay que tener en cuenta que la comunidad wichí es una de las comunidades que tiene la mayor cantidad de embarazos adolescentes, de maternidades forzadas”, señaló y remarcó también la falta de estudios ginecológicos, teniendo en cuenta que “hay un gran porcentaje de mujeres con cáncer de cuello uterino”.
La denuncia, puntualmente, hace referencia a la desidia en el cumplimiento de las obligaciones propias del Gobierno provincial, particularmente del Ministerio de Desarrollo de la Provincia, subrayando que las autoridades “revisten una posición de garantes que los obliga a acercarse a la comunidad y utilizar los medios estatales previstos al efecto”.
Además, se destaca que la máxima autoridad de la Organización de las Naciones Unidas en Argentina, Roberto Valent, comparó la situación de Salta con la de Sudán del Sur y “refirió que nunca le fue solicitada la intervención a ningún organismo de ayuda humanitaria”. No obstante, de acuerdo a una intervención realizada por diversos organismos, se develó que “hay 855 niñas y niños desnutridos, de muy bajo peso, 10 chicos en riesgo nutricional y más de 100 adultos en el mismo riesgo”.
Los hilos del poder
Teniendo en cuenta que en el caso de Gustavo Sáenz podría hablarse de delito continuado, entendiendo que la desatención hacia las comunidades se sigue cometiendo, e incluso de estrago doloso, en el caso de las muertes ocasionadas, la abogada remarcó que al tratarse de un funcionario “el trato (en la justicia) es totalmente diferenciado”, y cuestionó: “Siempre hay objeciones cuando cualquier persona va a presentar una denuncia de este tipo, siempre hay reticencias para recibirlo, hay averiguaciones de por medio”.
“Muchas veces los abogados y las abogadas decimos que hay derecho penal para unos y hay derecho penal para otros, en cuanto a la aplicación efectiva de una sanción. No obstante, lo mismo se tiene que hacer este tipo de reclamos”, enfatizó destacando que, en el propio encabezado de la denuncia, se solicita el cese del delito.
Finalmente, Arancibia aclaró que no hay un plazo establecido para que la fiscala o el fiscal actuante defina una carátula, aunque remarcó que “va a haber que insistir”. “Puede ordenar el archivo porque considere que no hay un delito, o porque no está reunida la cantidad de pruebas necesarias, puede llamar a las partes a una mediación, puede hacer varias cuestiones de acuerdo a lo establecido y, como último, llamar a una audiencia de imputación al gobernador actual”, indicó señalando, además, las restricciones que hay actualmente en el acceso a la justicia.
