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El kirchnerismo duro no habla de Boudou ni de la Justicia: piensa en Cristina

Los dirigentes más leales utilizaron la detención del ex vice para insistir con que todo es parte de un plan para perseguir a los opositores.

Expresaron. además, inquietud sobre la suerte de la ex mandataria.

Cristina Kirchner en el bunker de Unidad Ciudadana tras la derrota en las elecciones legislativas (Amilcar Orfali)
Cristina Kirchner en el bunker de Unidad Ciudadana tras la derrota en las elecciones legislativas.

«Se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes«. «La detención no está dentro de las normas procesales«. «Está en riesgo la democracia«. Parece curioso, pero las frases disparadas por el kirchnerismo duro frente a la detención de Amado Boudou no constituyen una defensa de la trayectoria del ex vicepresidente, ni de sus condiciones morales y éticas. Tampoco aluden a los problemas de arrastre de la Justicia, más allá de alguna advertencia razonable sobre el uso y alcances de la prisión preventiva. Sólo refieren a una supuesta y enorme operación que imaginan con terminal en Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el tema.

Lo ocurrido con Boudou tiene diversos caminos para abordar el tema. Uno, sin dudas, es el comportamiento de algunos jueces que han aportado, mucho, a la degradación del fuero federal. Causas pisadas durante años, que se aceleran de golpe. Detenciones que tal vez dejen espacio para ser revisadas y revertidas en instancias superiores. Un cóctel corrosivo para la Justicia y también en sentido más amplio para el sistema de relaciones, confianza social y equilibrios democráticos.

Todo, además, con el agregado de filtraciones de videos y fotos sobre la detención de Boudou. Una especie de escarnio. Un hecho condenable, que no debería esfumarse con el correr de los días sin una rápida investigación para determinar qué normas fueron vulneradas y quiénes lo hicieron, en algún rincón judicial o de la fuerza de seguridad que intervino. Suficiente con la exposición, necesaria, de la obscenidad y los alcances del sistema de corrupción e impunidad que se extendió durante años.

El punto es que nada de esto está en discusión para el kirchnerismo duro, responsable además de algunos de los males judiciales y de la cultura del escrache en sus diferentes vertientes. Su inquietud mayor, a esta altura, es la suerte de Fernández de Kirchner.

Vale un párrafo sobre el Gobierno: lo más razonable para las cabezas más sensatas del oficialismo, con o sin especulación política incluida, sería que no se acelere ningún paso en el amplio y complicado frente judicial de la ex presidente. El camino hacia cada juicio oral y público suele ser lento –demasiado, como casi todo en esa ruta-, pero las sentencias dan solidez al capítulo final de las causas, incluso frente a la sociedad, como ocurrió con la tragedia de Once.

El problema es que en el oficialismo no abunda la confianza en varios jueces federales, más bien al contrario. Hasta circulan sospechas sobre algún tipo de operación o sobreactuación que compliquen la imagen del Gobierno. Los hechos impactantes de estos días –además de Boudou, Julio De Vido- y las investigaciones que exhiben corrupción a granel tienen detrás una historia, que alcanza a jueces individualmente, pero además y en primer lugar remiten a la consecuencia no deseada pero previsible del sistema que alimentó el kirchnerismo en el poder.

Se dice con cierta elegancia que muchos jueces federales siempre «sintonizan» los cambios en el poder político. Para elegir un punto crucial de esta degradación habría que remontarse a la era menemista, a la época de los «jueces de la servilleta». Hubo, entonces, protección visible y llegado el caso, sobreactuación de algún magistrado con procesamientos y detenciones para obligar a la revisión de las decisiones en instancias de Cámara o de la Corte. Todo está inventado.

Pero el punto visto desde ahora es con qué voluntad política enfrentó el kirchnerismo ese cuadro: no lo revirtió, sino que en todo caso le hizo sentir la necesidad de «sintonizar» con el nuevo poder político, que se prolongó más de una década.

Causas pisadas, demoras increíbles o casos dinamitados –como el que involucró a la empresa Skanska, retomado ahora, casi diez años después- y, en lo que hace a Boudou específicamente, una embestida que dejó en la banquina al procurador general, a un juez y a un fiscal.

Esa lista la integra naturalmente Ariel Lijo, acusado ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones y, con mayor precisión, por cajonear causas durante años. El kirchnerismo ahora censura amargamente al juez, pero está claro que no con efecto retroactivo.

De todos modos, y además de no hacerse cargo de esa herencia –pieza clave que explica en parte la profundidad y alcance sistémico de la corrupción-, el kirchnerismo expone otras inquietudes. Con el cortinado de fondo de la denuncia repetida sobre persecución política, lo dijo abiertamente Héctor Recalde, jefe de su bloque de diputados: «No se puede descartar que vayan detrás de Cristina o de Máximo».

En medio del silencio del grueso del peronismo, se conoció un documento firmado por Unidad Ciudadana que la ex presidenta tuiteó un rato después. Elude una defensa más o menos explícita de Boudou –es decir, no lo defiende frente a los cargos que acumula y que involucran su gestión presidencial- y dice que «la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga».

Afirma, en la misma línea, que el gobierno de Macri usa al Poder Judicial «para perseguir a los dirigentes de la oposición» y añade el caso de Boudou al fin de ciclo de Alejandra Gils Carbó como procuradora general. Llamativo: no aparece mencionado De Vido, señal de que los rencores y enojos con el ex ministro habrían adquirido categoría de camino sin retorno.

Sin atender a esa pelea doméstica, Eugenio Zaffaroni expuso la visión más elaborada desde el ámbito kirchnerista. Incluyó a De Vido, y también a Milagro Sala, para hablar del peso sobre la Justicia que le atribuye al Gobierno y para aludir a un «grave deterioro del Estado de Derecho». Pero va más allá.

El ex juez de la Corte añadió consideraciones jurídicas. «La detención de Boudou no está dentro de las normas procesales», dijo, y afirmó: «Se maneja la prisión preventiva como pena anticipada». Esas consideraciones permitirían transitar otras instancias, incluso fuera del país.

Difícil que la ficha del reclamo internacional sea jugada en este caso. Pero en el círculo kirchnerista más chico piensan en otra cosa. Boudou estaba afuera de ese circuito, desde hace largo rato, aunque fue seguramente el primer producto genuinamente «cristinista». Luis D’Elía se lo dijo ayer sin vueltas a la ex presidente, al advertirle con otras palabras que no debía hacerse la distraída. No fue agudo como Zaffaroni, pero a su modo fue realista.

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