La familia Maldonado recibió más de un millón y medio de pesos del Estado

A lo largo de once meses de pesquisa, la familia de Santiago Maldonado recibió una ayuda económica estatal por un total de 1.552.715,76 pesos destinados a solventar viáticos, hospedajes, gastos de defensa y los honorarios de un perito forense en las dos causas que todavía se sustancian en Chubut por la desaparición del joven tatuador.

El monto exacto surge de un pedido de acceso a la información pública que tramitó Infobae ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para conocer los detalles, fechas y destinatarios de esa ayuda económica brindada en el marco de la Ley Nacional 27.372 de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.

La norma, sancionada por el Congreso durante el gobierno de Cambiemos, había entrado en vigencia 18 días antes de la desaparición de Maldonado a través de su publicación en el Boletín Oficial, pero sólo fue reglamentada por la cartera de Justicia el 9 de mayo pasado.

Eso implicó en los hechos que tanto Sergio Maldonado como su esposa, Andrea Antico, como así también su abogada, Verónica Heredia, y otras personas que los asistieron en las querellas pudieran acceder a viáticos y a pasajes aéreos, hospedajes y alquiler de vehículos en Bariloche, Esquel y Buenos Aires antes (en gran parte) de que quedaran establecidos los alcances de la asistencia a las víctimas de delitos federales.

Los Maldonado «estrenaron» esa legislación y hasta donde pudo saber Infobae han sido hasta ahora los mayores beneficiarios de esa ley que en menor proporción también asistió con pasajes a los familiares de María Cash y de los tripulantes del ARA San Juan y del pesquero el Rejunte.

En sintonía con lo aclarado ayer por el ministro Germán Garavano a través de un tuit que fijó en su cuenta de esa red social, «esa contribución económica a la familia Maldonado no representa un subsidio estatal de ningún tipo sino que se extiende como cumplimiento al orden jurídico», dijo a Infobae el jefe de gabinete de esa cartera, Martín Casares.

A raíz de la vehemente polémica generada por este tema en la red social Twitter, en parte producto de la distorsión o de la ausencia de información, Garavano escribió ayer: «Rechazamos las versiones que afirman que Sergio Maldonado o la familia de Santiago Maldonado recibe o recibió subsidios de 200.000 pesos de parte de @jusgoba. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no otorga subsidios», aclaró.

A pesar de la desmentida, sin embargo, continuaron las arremetidas y las críticas—cáusticas— por la asistencia a los Maldonado que ampara la ley. No obstante, la aclaración ministerial tuvo miles de retuits y también algunas adhesiones. Otra fuente de esa cartera señaló: «De uno u otro lado, brindemos asistencia o no la brindemos siempre criticarán. Pero más allá de las opiniones personales sobre este caso en particular, hay que respetar la ley».

En esa cartera  informaron que la continuidad o no de la ayuda económica a los Maldonado dependerá ahora de los pedidos concretos de la familia y de lo que disponga el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), el organismo creado meses atrás para gestionar la ayuda. La abogada Natalia Figueroa, ex fiscal del fuero penal en la Ciudad y especialista en protección a las víctimas es quien preside el flamante órgano.

En las planillas de gastos a las que accedió Infobae quedó acreditado que la ayuda estatal se inició el 28 de agosto de 2017 con pasajes aéreos, hospedajes pagos y dinero para viáticos en Esquel y se extendió hasta el 30 de julio de este año para aéreos y gastos en Comodoro Rivadavia. Allí la abogada Verónica Heredia defendió ante la Cámara de Apelaciones sus argumentos sobre la supuesta ilegalidad de las escuchas en el caso Maldonado, que el tribunal finalmente rechazó.

Reunión con la CIDH

Lo más llamativo en la nómina de reembolsos (antes de reglamentarse la ley) son los $12.606 en «gastos de librería y otros» y los  $34.013 en aéreos a Montevideo junto a otros 2010 dólares en viáticos para los Maldonado, su letrada y el perito forense  Alejandro Incháurregui. Al grupo el Estado le costó todos los gastos para que pudieran asistir a una audiencia fijada por  la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), tras hacer lugar a una medida cautelar.

La cita en Uruguay se celebró el 26 de octubre de 2017, una vez hallado el cuerpo de Santiago y conocidos los resultados preliminares de la autopsia.

En aquel ríspido debate, la familia seguía sosteniendo -aún en presencia del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj– la necesidad de contar con una investigación imparcial junto con la responsabilidad del Estado argentino «por la desaparición forzada seguida de muerte» de Santiago Maldonado.

Pero lo más curioso en aquella acusación resultó la presencia de Incháurregui, ex miembro del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y uno de los expertos que identificó los restos del Che Guevara. Incháurregui fue uno de los 55 peritos que avaló con su firma en conformidad el resultado primigenio de la autopsia donde se constaban la ausencia de lesiones y/o signos de arrastre en el cuerpo del joven tatuador.

El estado pagó sus honorarios, de $300.000 por los seis meses de labor como perito de parte, elegido por la familia Maldonado, según consignan las planillas de gastos, además de costear el traslado del cuerpo de Santiago desde Esquel hasta la Capital para que el Cuerpo Médico Forense y otros peritos realizaran la necropsia.

Fuentes de la cartera de justicia  explicaron que en el caso de los primeros  viáticos se les extendió a la familia montos similares a los que perciben los funcionarios públicos enrolados en ese ministerio.

Por otra parte, según se desprende de la información oficial,  ninguna otra erogación exhiben esos informes en relación a los honorarios de la abogada Heredia que se estiman forman parte de un acuerdo privado por cuota litis.

Como informó Infobae semanas atrás, fuentes que conocen muy bien la causa creen que el pago de los honorarios de Heredia está pactado a partir de un futuro pedido de resarcimiento económico para la familia ante los tribunales internacionales de derechos humanos. El argumento jurídico sería, según las fuentes,  por denegación de justicia. Aunque nadie puede adelantar un resultado en ese sentido.