La fiscal se opuso al pedido de prisión domiciliaria

La fiscal de Ejecución Penal ante los tribunales Orales Federales, Guillermina García Padín, se opuso al pedido de prisión domiciliaria que hizo el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza ya que fue condenado a ocho años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once y en otros casos de corrupción.

Jaime hizo dos pedidos de prisión domiciliaria. Uno a principios de diciembre pasado y otro un día antes de que finalizara el año. El 30 de diciembre pasado Jaime solicitó que el tribunal Oral de Feria estudiara su caso. El trámite se extendió más allá del receso judicial y volvió al Tribunal Oral Federal 2, que fue donde se realizó juicio por el que fueron condenados Jaime y otros imputados en la Tragedia de Once. Cuando contestó la vista que le corrió el Tribunal a la fiscal García Padín, la representante del Ministerio Público se opuso a la prisión domiciliaria de Jaime, quien además de estar condenado se encuentra en juicio por el delito de enriquecimiento ilícito y por más casos de corrupción.  

La condena de Jaime y de otros imputados en la Tragedia de Once fue dictada en diciembre de 2015 por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por al Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en mayo de 2018. Ese mismo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por los imputados y por ello fueron detenidos en octubre de 2018. Jaime estaba preso con prisión preventiva por otros casos desde abril de 2016.

En la reiteración del pedido de prisión domiciliaria, Jaime -a través de sus abogados que en 2020 dejaron de representarlo- se quejó de las condiciones de vida dentro de la cárcel. Criticó la comida que le sirven y señaló que no le hacen todos los estudios médicos que necesita por su edad y sus condiciones de salud. Y recordó que hizo tres huelgas de hambre debido a que consideró que sufrió “maltrato, insultos y vejaciones” por parte del personal del servicio Penitenciario Federal.

En el primer pedido de prisión domiciliaria, la defensa de Jaime explicó que el 18 de mayo de 2019 el ex funcionario había tenido un “shock psicotraumático quedando en total estado de vulnerabilidad hasta el día siguiente, 19 de mayo”. Y ese fue un argumento para fundar la petición. En el segundo pedido, reforzaron las razones para cimentar la morigeración de la detención y señalaron se señaló que en aquella ocasión estuvo “inconsciente y sin posibilidad alguna de ejercer control sobre sus actos”. Los abogados hicieron saber que Jaime no recuerda nada de lo que pasó aquel día, como por ejemplo lo sucedido durante la visita que le efectuara Aníbal Fernández a la cárcel. Ni lo sucedido en su celda. Relatan sus abogados que Jaime había atado un lazo a una reja con la supuesta intención de ahorcarse, hecho que tampoco recuerda.

Jaime cumplió 65 años en enero pasado y es karateca. Las últimas veces que visitó Comodoro Py para declarar en distintas causas, los empleados judiciales que interactuaron con él lo vieron tostado y más flaco que cuando fue detenido. En diciembre pasado en una conversación radiofónica se consideró también -como otros ex funcionarios kirchneristas- un “perseguido político”.

Entre las razones que esgrimió Jaime en ambos pedidos de prisión domiciliaria se halla el estado de salud de su madre de 89 años. Según argumentó la defensa del ex secretario de Transporte, la mujer no tiene quien la cuide porque Roberto, uno de los hermanos de Jaime, padece una enfermedad que le imposibilita hacerse cargo de su progenitora. Y el otro hermano de Jaime, Eduardo Daniel, vive en Brasil, a pesar de lo cual tiene que viajar a la Argentina cada tanto porque es uno de los testaferros del ex funcionario público que está siendo enjuiciado por enriquecimiento público. Eduardo Daniel Jaime formó parte de círculo familiar y de negocios mediante el cual el ex secretario de Transporte escondió bienes que había comprado con dinero de origen ilícito.

La madre de Jaime, María Margarita Silvestre, no está entre los testaferros del ex funcionario kirchnerista. Pero su nombre apareció hace poco en una audiencia del juicio en el que se investiga el enriquecimiento ilícito de Jaime. Es que Jaime en 2013, compró un auto 0 Km marca Volkswagen Vento 2.0 TSI, color blanco con vidrios polarizados, chapa NBS036, que fue patentado en Córdoba el 18 de setiembre de aquel año. Por entonces la madre de Jaime tenía 83 años, se había jubilado en el año 1998 y nunca había obtenido registro de conducir. La existencia de aquel vehículo se hizo pública en una de las tantas veces que Jaime tuvo que ir a declarar a Comodoro Py. Y la fiscal del juicio por enriquecimiento, Gabriela Baigún, pidió el embargo del Vento porque considera que la madre de Jaime no tiene como justificar la compra y esa adquisición fue hecha por Jaime con dinero producto de la corrupción que reinó en la secretaría de Transporte entre 2003 y 2009.

Según consta en el pedido de morigeración de sus condiciones de detención, Jaime ofreció cumplir su prisión domiciliaria en un pequeño departamento de la calle Duarte Quirós al 1900 de la ciudad de Córdoba. Ese departamento era la casa donde vivía la madre de Jaime y en el escrito se asegura que el ex funcionario “residiría” allí con su concubina Claudia Ochoa y sus tres hijas Romina, Gimena y Julieta. Julieta Jaime está también imputada y en juicio oral y público como testaferro de su padre.

La decisión sobre la prisión domiciliaria la debe tomar el Tribunal Oral Federal 2, que fue el que condenó a Jaime. Luego de la respuesta de la fiscal García Padín se opuso al pedido de Jaime la querella en el caso de la Tragedia de Once que encabeza el abogado Leonardo Menghini, tío de Lucas Menghini Rey, uno de los 51 muertos en febrero de 2012. Luego de la oposición manifestada por la fiscal y la querella, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 está en condiciones de decidir si Jaime sigue cumpliendo la condena en la cárcel o si lo puede hacer en un departamento de Córdoba Capital.

INFOBAE