La Legislatura retoca la ley sobre los sueldos de los choferes de ómnibus

Derogarán un aspecto de la normativa según la cual los subsidios deben ser usados para salarios.

Un inconveniente administrativo y operativo llevó al oficialismo de la Legislatura a retomar el debate sobre una ley relativa al transporte público de pasajeros, aprobada hace menos de un mes.

En la sesión de mañana, se tratará en el recinto un proyecto que apunta a derogar un artículo de la ley 9.248, a través de la cual se establece la obligatoriedad de que los subsidios nacionales y provinciales girados a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) sean aplicados al pago de sueldos de los choferes.

Si bien se mantendrá esa disposición, se eliminará la participación del Estado provincial en el depósito de los haberes de los trabajadores afiliados a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA). Según fuentes del oficialismo, el objetivo de esta modificación legislativa es hacer viable el pago de los haberes de los choferes durante esta semana con el fin de evitar que retorne el conflicto salarial en el sector.

El texto lleva las firmas de los legisladores justicialistas Armando Cortalezzi, Dante Loza y Regino Amado, y habría sido acordado con representantes del Poder Ejecutivo (PE).

En los fundamentos, el texto destaca el convenio celebrado la semana pasada entre el goberandor Juan Manzur y el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.

En dicho acuerdo, advierte el proyecto, la Provincia se compromete «a hacer aplicar prioritariamente lo recibido en virtud de la aplicación del mismo al pago de los salarios al personal de las empresas beneficiarias» de los subsidios.

En ese sentido, los legisladores peronistas propusieron la derogación del artículo 2° de la norma vigente, mediante el cual las firmas asociadas a Aetat deben poner «a disposición del Poder Ejecutivo el monto de los salarios y el CBU de los empleados, a fin que se haga efectivo el pago del sueldo en sus respectivas cuentas».

«(Esto) es parcialmente de cumplimiento imposible. En efecto, al hacer efectivo el pago de los sueldos, la Provincia es considerada por el agente financiero como un tercero, con lo cual la operación se hace pasible del impuesto a los ingresos brutos, perjudicando a los empleados», señalan los fundamentos expresados por Cortalezzi, Loza y Amado.

«Además, el aporte jubilatorio, a la obra social, a la ART, las pensiones alimenticias, etcétera. no están contemplados en el monto que las empresas informan, lo cual impide verificar que los fondos hayan sido efectivamente transferidos y que la obligación del empleador de depositar las cargas sociales haya sido efectivamente cumplida», advirtieron los peronistas sobre la norma aprobada en la última sesión.

Por último, destacaron un detalle no menor: «el pago de los salarios al personal (de Aetat) no constituye en realidad una obligación que pese sobre la provincia».

El mes pasado se registraron dos semanas de paro de UTA en la provincia, debido a la mora en el pago de los sueldos por parte de Aetat. Tras la sanción de la ley 9.248, el servicio se restituyó y se mantiene funcionando.