LocalesPrograma de radio

El escándalo de la Línea 11 se vuelca en favor de Gandur

El juez Pisa anuló la actuación del fiscal Navarro Dávila y lo desplazó del expediente. El magistrado acogió la posición del presidente de la Corte. Jiménez había dicho que Gandur se entrometía en la pesquisa.

El escándalo persigue al caso penal de la Línea 11. Después de un tira y afloja con altísimas repercusiones institucionales, el juez Juan Francisco Pisa (N°3) anuló todos los actos investigativos practicados por el fiscal Washington Navarro Dávila(N°5) y lo desplazó del expediente. En una resolución del 11 de agosto, el magistrado acogió la posición de Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Tucumán y una de las autoridades judiciales alcanzadas por la denuncia de Jorge Mihelj, el empresario de transporte público que aspiraba a explotar la Línea 11. Según Pisa, Navarro Dávila carecía de potestades legales para investigar a Gandur, y a otros tres miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo: Sergio Gandur (hijo del primero), Salvador Ruiz y Horacio Castellanos.

La decisión de Pisa, que aún no está firme, fulmina las pruebas que recolectó el fiscal N°5 desde la ratificación de la denuncia: además, el juez dijo que el derecho de defensa había sido vulnerado (Ver: “El fiscal vulneró el derecho de defensa”). Navarro Dávila siguió investigando pese a que Antonio Gandur lo había recusado por enemistad manifiesta e, incluso, había informado a Pisa que sus presentaciones eran ignoradas. En ese punto, Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales, llamó a una conferencia de prensa para decir que Gandur se estaba valiendo de su cargo para entrometerse en la pesquisa. A continuación, el presidente de la Corte desmintió al ministro público fiscal: dijo que se estaba defendiendo porque Navarro Dávila lo investigaba a él pese a carecer de facultades para ello.

Eventualmente, otro integrante del Ministerio Público tendrá que hacer lo que Navarro Dávila no hizo y, según Pisa, debía: desechar la versión de Mihelj o requerir a un juez que la investigue (hipótesis de investigación jurisdiccional prevista para cuando existen fueros). El juez N°3 sostuvo que, a los efectos de ese requerimiento, el fiscal sólo podía reunir documentación complementaria de la denuncia.

Que vengan los veedores

“Navarro Dávila se arrogó facultades que no le correspondían”, expresó Pisa, quien enumeró que el fiscal llegó a tomar varias declaraciones testimoniales. Entre ellas, interrogó a Sofía Gandur (nieta e hija de los jueces denunciados, y representante legal de la firma Inverbus, que explota la Línea 11, según la denuncia de Mihelj). Y hasta pidió información sobre las declaraciones juradas patrimoniales.Todo esto sucedió con el proceso bajo secreto de sumario, como había advertido Arnaldo Ahumada, defensor de Ruiz. Como ya había desplazado a Navarro Dávila, Pisa no trató la recusación contra el fiscal. Pero sí dijo que el titular de la Corte había expresado que no tenía la menor duda de que el accionar del fiscal constituía un engranaje de un sistema perverso dirigido a afectar su dignidad: “ese engranaje me requiere juicio político, formaliza denuncias penales en mi contra y me difama por medio de las redes sociales. Considero que Navarro Dávila actúa siguiendo instrucciones y con el objeto de desprestigiarme materializando una maniobra harto conocida que consiste en mantener una causa penal por fuera de los límites que establece el ordenamiento jurídico”.

La causa penal de la Línea 11 deriva de un proceso en lo contencioso administrativo. En ese ámbito, Ruiz y Castellanos ordenaron que Inverbus siguiera explotando el recorrido en contra de los intereses de Leagas, la firma de Mihelj y Jorge Berretta a la que el intendente Germán Alfaro había concedido transitoria y discrecionalmente la concesión.

En febrero, Mihelj denunció un supuesto tráfico de influencias presuntamente orquestado por los Gandur, quienes tienen lazos profesionales con Inverbus, de Oscar Alonso. El caso en manos de Navarro Dávila estalló en mayo, cuando Jiménez acusó a Gandur ante los medios de comunicación. Frente a ello, el presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Marcelo Billone, opinó que ambos debían dar un paso al costado mientras que la filial local de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) desempolvó la idea de nombrar veedores judiciales. Gandur incluso propuso que esos observadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación empezaran su veeduría estudiando la causa de la Línea 11.

El juez Juan Francisco Pisa (N°3) ordenó que sean aceptados como defensores los abogados nombrados por los magistrados denunciados en la causa penal de la Línea 11. “El fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) vulneró el derecho de defensa”, expresó al analizar los planteos de Martín Gandur, hijo y letrado del juez Sergio Gandur, y de Arnaldo Ahumada, letrado del juez Salvador Ruiz. En otra resolución emitida el mismo 11 de agosto, Pisa anuló la actuación de Navarro Dávila y lo desplazó del expediente (se informa por separado).

La disputa entre los abogados y el fiscal se remonta a marzo, cuando los jueces denunciados por Jorge Mihelj designaron defensores. Según el relato de Pisa, Navarro Dávila postergó la definición sobre el asunto y siguió adelante impidiendo a los magistrados incriminados la posibilidad de intervenir en el proceso, ofrecer pruebas y controlar la investigación. Pisa se expidió cinco meses después porque no lograba que Navarro Dávila le remitiera el caso (en el ínterin, Ahumada denunció en sede penal al fiscal N°5). Ello recién ocurrió cuando la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción dio al juez 48 horas para recuperar el expediente. Logrado esto, Pisa se inhibió y pasó el proceso a su par del Juzgado de Instrucción N°1, Alejandro Tomas, quien rechazó la competencia y planteó el conflicto ante la Cámara. El 1 de agosto, ese tribunal confirmó que Pisa debía revisar los planteos de los jueces involucrados en el caso de la Línea 11

Botón volver arriba