La sucesión de Gerardo Sofovich podría desnudar una megaestafa a jugadores VIP del Casino Conrad
La Justicia federal argentina analiza una presunta megaestafa internacional del Casino Conrad de Punta del Este a apostadores VIP a través de préstamos ficticios.
Los primeros indicios que llamaron la atención de los investigadores surgieron en el expediente iniciado por la sucesión de Gerardo Sofovich, donde un abogado del estudio Beccar Varela se presentó para reclamar una supuesta deuda que habría contraído el prestigioso productor televisivo antes de su muerte, en mayo de 2015. Sin embargo, esta jugada judicial podría terminar incriminando a la casa de apuestas en distintos delitos.
Para comprender los alcances del ardid hay que remontarse al 15 de junio de 2015, día en el que un apoderado de Baluma, la sociedad anónima que controlaría el Conrad, se presentó ante el Juzgado Civil N° 58 para exigir el pago de USD 375 mil. En ese tribunal se tramita la sucesión testamentaria de Gerardo Sofovich, cuyos herederos son su hijo Gustavo y sus nietos. Para respaldar la deuda, el abogado del casino adjuntó 63 pagarés que habrían sido firmados por el productor antes de su muerte. Lo que no tuvo en cuenta el letrado es que esos documentos podrían resultar la punta del ovillo para desenmascarar una trama de estafas, lavado y evasión tributaria.
Carlos Froment, asesor de la familia Sofovich, enumeró las irregularidades en un pedido de investigación preliminar que ya está en marcha. En ese procedimiento regulado por el derecho penal argentino surgieron algunos datos llamativos. Por ejemplo, se obtuvo documentación que demuestra que Baluma es una sociedad que fue constituida en el país y en Uruguay como una agencia de viajes y posee un saldo deudor de 8.700 pesos. «¿Cómo es posible que una empresa cuyo objeto social se encuentra relacionado con el turismo y tenga esos balances realice reclamos propios de un prestamista?», se preguntan los investigadores. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) ya recibieron oficios para que suministren más información sobre la personería jurídica de esta extraña sociedad anónima.
«Inferimos que la empresa se encuentra siendo utilizada como fachada para el blanqueo de fondos producto de actividades ilícitas«, planteó el abogado de Gustavo Sofovich en un escrito al que accedió Infobae. Es que de los datos obtenidos hasta el momento se vería con claridad que los negocios que se adjudica Baluma no se condicen con su perfil patrimonial ni tienen conexión alguna con el objeto de su creación.
Los pagarés presentados por Baluma son incausados, es decir, no aportan información sobre el origen de la deuda. No hay contrato o documento alguno que respalden la operación. Ante este escenario, los investigadores deben manejarse en el terreno de las suposiciones.
Gerardo Sofovich era un reconocido jugador internacional. De hecho, muchas veces habló del tema en TV y los concurrentes habituales del Conrad lo identifican como una de las personas que solían apostar en una mesa especial a la que sólo acceden algunos clientes VIP con una autorización especial.
Una de las presunciones es que los pagarés responden a una deuda de juego. Lo llamativo es que no consta en ningún documento oficial de qué manera se le habría hecho la entrega del dinero. Y si la contraprestación hubiera sido mediante fichas para apostar, surge una evidencia clara de que la operatoria podría configurar un canal de lavado de activos a espaldas de las autoridades monetarias de la Argentina y Uruguay.
De confirmarse esta maniobra, se estarían violando recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), que considera que los jugadores deben tener tratamiento similar a los clientes de un banco: deben ser identificados, comparar su historial de juego con sus antecedentes patrimoniales y comerciales y reportarlos a la autoridad de aplicación en caso de sospecha de que se estuvieran cometiendo los delitos de lavado de dinero o financiación de terrorismo.
El caso Sofovich no sería el único. De acuerdo a las pericias preliminares, los investigadores tienen datos de que el casino habría realizado la misma maniobra de préstamos ficticios con fichas en cientos de casos, por lo que la estafa ascendería a varios millones de dólares.
Además del BCRA y la IJG, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya recibieron oficios para que aporten toda la información que poseen sobre Baluma S.A. También se investiga si alguno de sus socios fue objeto de Reportes de Operaciones Sospechosas. Los mismos datos serán requeridos a la República Oriental del Uruguay mediante exhorto diplomático. De toda esa documentación depende el futuro de un área importantísima de negocios de la popular casa de juegos esteña. ¿No va más? Hagan sus apuestas.
