Las rutas 3 y 40, fuente de las inexplicables ganancias de Lázaro Báez

Con obras allí y en otras vías, el empresario hizo una fortuna gracias a la connivencia con el gobierno.

La demanda que realizó Vialidad Nacional contra Cristina Kirchner, ex funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la obra pública con la que se benefició a Lázaro Báez por 46.000 millones de pesos, fue la última puntada con la que el juez Julián Ercolini pronto elevará la causa a juicio oral y público. Se trata del expediente donde se investigó el direccionamiento de los contratos a favor del empresario K. El reclamo de Vialidad es por 22.500 millones de pesos “más intereses y punitivos”, indica el documento al que accedió Clarín. ¿Cómo se llegó a esta cifra? Con 17 casos ejemplificadores que reflejan “las irregularidades cometidas”. Se estima que es un “10% del monto de la condena”.

Como actor civil en la causa que investigó la obra pública con la que se favoreció al Grupo Austral, Vialidad busca un resarcimiento económico por “daños y perjuicios”.

La acción no sólo apunta contra los ex funcionarios, Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti, entre otros, sino que también lo hace contra Lázaro Báez como titular o integrante de las sociedades involucradas: “es parte de dicha asociación ilícita habiendo procurado, al igual que los funcionarios públicos involucrados un lucro indebido a favor del mismo o de terceros”, indicó Vialidad.

El monto del reclamo se estimó en 22.500 millones de pesos ”o lo que más resulte de la prueba a producir con más sus intereses desde que cada hecho dañoso se produjo y con más los daños punitivos, que se estiman en un 10% del monto de la condena”.

Según la demanda, se diseñó un “esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en detrimento de las arcas del Estado, a través de: simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con varias firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a los incumplimientos sistemáticos, financiamiento desde Vialidad nacional de caminos provinciales, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez, entre otros puntos.

Vialidad puntualizó 17 casos ejemplificadores que permitieron llegar a dicha cifra. Entre los casos más relevantes se encuentra la repavimentación y pavimentación en un tramo de la Ruta Nacional 3. A cinco meses de suscripto el contrato, Báez recibió de Vialidad 1.200.016 dólares. La empresa extendió el plazo original de 6 a 19 meses y 1 día, e incrementó el costo de la obra en 1.132.049,70 pesos, de 8.328.523,71 a 9.460.573,41 pesos.

Entre las licitaciones objetadas se remarcó el empalme de la Ruta provincial 12, donde a sólo 3 meses de adjudicada se promovía una modificación que conllevaba un aumento de 22,36%. La obra requería una capacidad técnica de 24 millones de pesos y Austral sólo tenía 3.792.796 pesos de capacidad disponible. El Gobierno igual le dio la obra. El presupuesto era de 60 millones, y a Báez se la adjudicaron por 70 millones. Las sucesivas modificaciones llevaron ese monto a 114.5 millones de pesos: un incremento de 90,92%.

Otro caso emblemático fue la repavimentación de otro tramo de la Ruta 3 (Gran Bajo de San Julián): los 155 millones de pesos que la Nación había decidido gastar terminaron siendo 419.2 millones: un 170,46% más de lo estimado. “Casi el triple, pese a lo cual ninguno de los funcionarios que intervino en el pago de cada certificado mensual formuló objeción alguna”.

Entre las obras con mayores sobreprecios se encuentra la licitación por “obras básicas y pavimento en Ruta 40” (28 de noviembre-Rospentek); de 18 meses la obra se llevó a 122 meses. “La sextuplicación de la extensión del plazo original es también la causa directa del incremento del costo vía redeterminaciones. El costo de la obra aumentó de 31,6 millones de pesos a 65 millones (un 105,33%).

Mediante diversas estrategias administrativas, la empresa de Báez elevó el plazo original de otra obra, de 24 meses a 53 meses, y el costo del contrato aumentó de 101.6 millones a 152,5 millones (+50,18%), “monto que si se lo compara con el presupuesto del convenio, lo excede en 123,74%”. En la Ruta 12 ,en la zona de Pico Truncado, el plazo original de obra se llevó de 24 meses a 83 meses y el costo aumentó un 116,22%.

Estas cifras y las de los restantes ejemplos, condujeron a Vialidad a determinar que el perjuicio ocasionado por la gestión de Cristina Kirchner fue de 22.5000 millones de pesos.