Apps de delivery

El tema es que hoy, en esta cuarentena, nos encontramos con que estas actividades de entrega o reparto domiciliario han sido declaradas como “actividades esenciales” por el Poder Ejecutivo Nacional en el DNU N°297/2020, una actividad que estando regulada no cumple con ninguna ley laboral ni de tránsito ni de ninguna naturaleza.

La actividad se presta en un marco de total ilegalidad, descontrol y falta de responsabilidad por parte de las estructuras empresarias que lucran con ellas, empresas que a viva voz dicen no tener empleados ni responsabilidad alguna en el servicio que, por otra parte, ofrecen. Todo ello, empujando a la ruina de las verdaderas mensajerías o empresas de entrega a domicilio que sí disponen de una habilitación a nivel nacional y con personal registrado, que hoy son las que sí podrían desempeñar con responsabilidad y eficacia esta actividad esencial.

En lo que tiene que ver con el control de tránsito, no se entiende cómo estos repartidores informales acceden a los permisos de circulación sin disponer, no ya de una habilitación específica, sino un empleador que los avale como tales. ¿Realmente podemos creer que se trata de emprendedores o empresarios autónomos? En los hechos, hoy cualquier propietario de una moto o bici puede registrarse en una o más de esas “apps” y con eso saldría tranquilamente a decir que es “repartidor” y transgredir el aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el decreto 297/20 ¿o necesita tener una campera colorida?

Al amparo de esa absoluta falta de registro e identificación de los repartidores y la nebulosa de las “intermediarias”, la actividad puede ser realizada impunemente para actividades ilegales, por ejemplo, de sustancias o medicamentos prohibidos, etc. Al respecto habrá que pedir un envío de “lo que sea” Además, y al declinar todo tipo de autoridad sobre los repartidores, estas “apps” no pueden asegurar ni garantizar por parte de los repartidores el cumplimento de protocolos sanitarios (pese a que publicitan engañosamente lo contrario), ni proveerlos de material de aislamiento, convirtiéndolos en los hechos en una red dinámica de contagio del COVID-19.

Por último, y no resulta un tema menor a la luz de los antecedentes legales y judiciales antes aludidos, se aprecia el doble estándar de exigencia que exhibe el Gobierno comunal que, por un lado, ha intentado prohibir totalmente la circulación urbana de personas mayores (sin ningún sustento legal) pero por otro lado permite impunemente que diariamente campee una red de agentes de contagio en la calle de personas que no conoce ni controla. Entendemos que el Gobierno nacional, como máximo responsable en esta emergencia, debería tomar medidas urgentes y estrictas para que estos servicios esenciales de reparto se realicen de manera legítima, ajustada a la ley, y con máximo cuidado para los trabajadores y los consumidores involucrados.

Repetidamente se anuncia que en estas situaciones derivadas de la pandemia hay conductas y omisiones que, de verificarse y no corregirse, configuran delitos, y ésta claramente no parece escapar a esta calificación. Es urgente que el Estado tome debida nota: hoy los repartidores no son héroes, sino víctimas de empresarios que al margen de la ley elevaron sus ganancias de manera sideral y, en la actual emergencia sanitaria, son una peligrosísima y descontrolada red de posibles contagios para la población.

AMBITO