Los fundamentos del procesamiento de Alejandra Gils Carbó

En diciembre de 2015, cuando el kirchnerismo dejaba el poder, comenzó a salir desde dentro de la Procuración General de la Nación la información acerca de un negociado en la compra del edificio de la calle Perón 667 donde Alejandra Gils Carbó había mudado las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal.

Con la derrota del kirchnerismo, predominante en la Procuración, se empezó a hablar de algo que hasta entonces se mantenía en secreto y había sucedido en 2013. Se habían pagado-cobrado comisiones por la compra venta del edificio de la calle Perón. La primera licitación grande que había hecho Gils Carbó quien llegó a la Procuración de la mano de Carlos Zannini para reemplazar a Esteba Righi, expulsado de su cargo cuando Amado Boudou era vicepresidente, lo señalara públicamente en medio del Caso Ciccone. En lugar de Gils Carbó pudo haber estado Daniel Reposo, primer candidato del gobierno de Cristina Kirchner a reemplazar a Righi. Ante el papelón de Reposo, llegó Gils Carbó, con el apoyo de diferentes sectores del parlamento.

Una vez en la Procuración Gils Carbó decidió que había que mudarse del edificio histórico de la calle Guido en Recoleta. Y allí comenzó la historia. Hace dos años cuando la información sobre las sospechas en la compra del edificio empezó a circular se decía que Héctor Alonso, ex esposo de Gils Carbó había participado del entramado societario que se había beneficiado en la operación.

Este año se inició una causa judicial que ayer tuvo una definición. El juez Julián Ercolini procesó a Gils Carbó por la conjunción de los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Aunque en la parte resolutiva del procesamiento de 211 páginas, subsumió todos los delitos en el de administración fraudulenta.

La Procuración le pagó a Arfinsa, empresa del Grupo Bemberg, $43.850.000 por el señorial edificio de la calle Perón 667. Esa empresa fue ganadora de una licitación que manejó Guillermo Bellingi, que había sido designado subdirector generl de la Procuración con ese fin, por la procuradora Gils Carbó al poco tiempo de asumir su cargo.

La empresa que ganó la licitación le pagó 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry que había oficiado de asesora en el proceso licitatorio. Esa inmobiliaria a su vez había contratado a Juan Carlos Thill quien cobró 3 millones de pesos que le pagó Jaureguiberry por su «experiencia en licitaciones» para que la asesora para vender el edificio de la calle Perón. Las comisiones fueron pagadas con cheques y en virtud de contratos. Todo forma parte del expediente judicial.

En abril pasado Infobae no sólo reveló el pago de las comisiones sino también que Thill, productor de seguros, que había cobrado en 2013 una millonaria cifra por asesoramiento, era medio hermano de Bellingi, quien había flexibilizado algunas condiciones del llamado a concurso. Al día siguiente de la publicación, Gils Carbó suspendió a Bellingi (que revistaba entonces en la Procuraduría anti lavado) y ordenó un sumario administrativo sobre el caso.

La investigación fue delegada por Ercolini en la fiscalía de Eduardo Taiano quien había pedido la indagatoria de su jefa Gils Carbó, Bellingi, Thill y Jaureguiberry. El fiscal también había solicitado indagar a tres ejecutivos de Arfinsa: Adrián González Fischer, Pedro Viceconte y Roberto Martino.

Para el fiscal también habían participado de la maniobra los funcionarios de línea de la Procuración Héctor Zurita, Jorge Domanico y Osvaldo Leguizamón. Taiano pidió indagar además a Ignacio Costa Urquiza, un socio de Jaureguiberry en la empresa que participó de la maniobra. Para el fiscal se había direccionado la licitación y luego se habían cobrado comisiones por aquella orientación del proceso para que fuera beneficiada la empresa Arfinsa.

En la página 3 de su resolución, Ercolini señala que «… existen en autos pruebas suficientes para afirmar, …, que Alejandra Magdalena Gils Carbó – Procuradora General de la Nación – y Guillermo Alfredo Bellingi – Subdirector General del mismo organismo – violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera S.A. – en particular con Adrián Marcelo González Fischer, en forma directa o a través de intermediarios – idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención dolosa fundamental de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill. Mediante la maniobra, se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional».

En la página siguiente el juez explica que «Asimismo, se encuentra acreditado con el grado de probabilidad ya mencionado que, en el marco de la maniobra descripta precedentemente, Alejandra Magdalena Gils Carbó y Guillermo Alfredo Bellingi, en su condición de funcionarios públicos, con la intervención dolosa de Adrián Marcelo González Fischer, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, se interesaron directamente, aprovechándose asimismo de personas interpuestas y también mediante la simulación deliberada de una licitación pública, en la compraventa del edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con miras a la obtención de beneficios personales«.

Ercolini respaldó la hipótesis de Taiano sobre el direccionamiento de la licitación 1/2013. Sostuvo que para ese fin, primero se hizo caer la licitación anterior que estaba vigente a diciembre de 2012 y tenía un edificio preadjudicado. Otro indicio del direccionamiento, según  el juez, fue que se modificaron varios requisitos de una licitación a la otra. Se dieron instrucciones para que se aumentara la calificación del un edificio en la licitación si este tuviera cochera, auditorio y sala se seguridad, algo que encajaba perfectamente con el inmueble ofrecido por Arfinsa/Jaureguiberry con la imprescindible asesoría de Thill.

Para Ercolini, la procuradora Gils Carbó tuvo decidida participación en el direccionamiento: «Conocía las características del edificio ubicado en la calle Perón 667 de esta ciudad, en virtud de lo cual, al aprobar el pliego de bases y condiciones con el que convocara a la licitación pública Nº 1/2013, no podía desconocer que las exigencias requeridas se adecuaban a la medida de ese inmueble. Ello, concatenado con la circunstancia de que los requisitos que resultaron determinantes fueron incorporados al pliego con motivo de las directivas dadas por el funcionario especialmente introducido por ella en el trámite licitatorio y bajo su dependencia directa, sumado a que una de esas condiciones, la propia Dra. Gils Carbó había mencionado como necesaria luego de que hiciera visitas a inmuebles ofertados en el marco del trámite del año anterior -dejado luego sin efecto-, que no la preveía, conllevan a presumir con el grado de probabilidad exigido para la etapa que se transita que, lejos de no haber podido advertir irregularidad alguna, fue quien junto a Guillermo Alfredo Bellingi diagramó el direccionamiento de la licitación».

Gils Carbó, cuando declaró en indagatoria y  en varias presentaciones que realizó su primer abogado Alejandro Rúa, rechazó la acusación, dijo que la licitación había sido transparente y señaló que Bellingi y Thill ocultaron un negocio personal (hecho en 2013) que recién fue descubierto en 2017. Desde que Infobae reveló el cobro de comisiones por parte de Bellingi/Thill, en cercanías de Gils Carbó se comenzó a hablar del «empelado infiel«.

Ayer una vez que se conoció el procesamiento, el nuevo abogado de Gils Carbó en esta causa, León Arslanián, que lleva dos semanas a cargo de la defensa, señaló en un comunicado que ««El procesamiento por un delito imaginario no nos sorprende, pero sí nos produce estupor. No nos sorprende, porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando. Nos produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública». La defensa apelará y será la Sala I de la Cámara Federal la que decida si es correcto o no el procesamiento dictado por Ercolini.

Los imputados que declararon en indagatoria o presentaron escritos negaron tener responsabilidad en la maniobra. Bellingi y Thill no abrieron la boca ni escribieron nada. Esperan para declarar que llegue al juzgado el peritaje informático ordenado para conocer si hubo intercambios de mails entre los involucrados. Allí puede haber sorpresas.

El juez procesó a Gils Carbó, Bellingi, Jaureguiberry, Thill y González Fischer. Dictó la falta de mérito para Zurita, Leguizamón, Domanico, Martino, Viceonte y  Costa Urquiza.

Aquella maniobra que comenzó a circular en 2015 fue probada, en parte, judicialmente. Nada se comprobó en el expediente de la participación del ex marido de Gils Carbó en el entramado del negociado. Pero sí que hubo millonarias comisiones. Y terminó con un hecho inédito: la jefa de todos los fiscales nacionales procesada por sospechas de corrupción