Los jubilados perdieron menos con la fórmula macrista que con la kirchnerista

Después de casi dos años de receso de la economía en su conjunto no hay casi sector de la producción, el comercio, y menos aún de los trabajadores, que no haya sufrido un deterioro real de sus ganancias e ingresos, por la conjunción de menor actividad y aceleración de la inflación. Cuánto más los ingresos de los jubilados, pensionados y de los perceptores de ayuda social, como la Asignación Universal por Hijo.

Sin embargo, en el caso de estos últimos, los datos oficiales que se vuelcan en la base del Ministerio de Economía muestran que al contrario de la percepción que tiene el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, la caída de la capacidad de compra de los haberes del sector pasivo y de la ayuda social fue inferior con la fórmula “macrista de 2017” a la que se hubiera registrado de no haberse modificado la fórmula de actualización de la movilidad jubilatoria de la era “kirchnerista” de 2008, bajo el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El ministro Guzmán dijo: “lo que se ha hecho en el gobierno de Mauricio Macri con las jubilaciones al cambiar la fórmula de ajuste en 2017 es muy grave, es inaceptable. En el único año que la economía (2017) se decidió cambiar la ley para no compartir las ganancias con los jubilados»; luego “comenzó a caer y ahora hay sectores que están con mucha vulnerabilidad”, agregó.

Pero la evolución del haber mínimo, que se actualiza cada seis meses, con un desfase de un semestre en el cálculo del factor de ajuste, y éste desde septiembre de 2018 con una periodicidad trimestral, muestra que con el viejo sistema hubiese acumulado en los últimos 2 años, hasta septiembre que fue la última actualización, una suba nominal de 68,2%, de $7.246,64 a $12.188,82; mientras que con la nueva aumentó 78,5%, a 12.937,22 pesos.

No se equivocó el ministro cuando dijo que si se hubiese mantenido el régimen previo, que tomaba en cuenta la mitad de la variación de los salarios y la mitad de la recaudación de impuestos (Ley 26.417, sancionada el 1 de octubre de 2008 y promulgada el 15 de octubre de ese año, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner), en marzo de 2018 el ajuste hubiera resultado mayor, un 3,3% más alto, que con la nueva fórmula que se integró con el 70% de la variación del índice de inflación y el 30% de la variación del salario medio registrado (Ley 27.426, del 18 de diciembre de 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri).

Pero esa brecha positiva no se habría mantenido en los semestres siguientes, porque desde entonces la combinación de inflación y salarios arrojó incrementos moderadamente mayores al de la determinada por el componente recaudación de la AFIP e ingreso promedio de los trabajadores estables (Ripte).

En ambos casos, se verificó un notable deterioro respecto de la inflación, con el viejo método fue de 22,1%, y con el nuevo se atenuó a 17,3%, porque frente a una tasa acumulada de alza de los precios al consumidor de 115,8% en ese período, el ajuste efectivo fue de 78,5%, y el hipotético de no haber aprobado el Congreso cambios en 2017 hubiese sido de 68,2%, una diferencia real entre ambos métodos de 6,1 por ciento.

En algún punto, el cambio de la fórmula de actualización se anticipó al efecto de la Reforma Tributaria que impulsó la rebaja de la presión impositiva, tras un salto inicial, porque se sabía que iba a determinar una caída real de los recursos cobrados por la AFIP, parcialmente atenuada con los avances que se esperaban lograr con la intensificación de la fiscalización y consecuente reducción de la evasión.

Claro que no se previó a fines de 2017 que pocos meses después, en coincidencia con la aplicación del Impuesto a la Renta Financiera a los extranjeros , y la manifestación de la peor sequía en 50 años que afectó la esperada oferta de divisas por parte del campo, se desatara una crisis cambiaria, recesión, y aceleración de la inflación, que conspiraron contra el factor de incremento de las jubilaciones, y consecuente explicaron la brusca caída real del poder de compra de ese sector de la economía, cualquiera fuese la fórmula de actualización.

Impacto en las finanzas públicas

De todas formas, la mención por parte de Martín Guzmán de la preocupación por el valor del haber mínimo de las jubilaciones que hasta noviembre fue de $12.933,22 y que desde diciembre sube a $14.067,93, por efecto de la variación de la inflación y del Ripte entre abril y junio últimos, muestra la inquietud compartida con el consenso de la consultoras privadas de la relevancia de las prestaciones de la Seguridad Social en el Presupuesto Nacional.

Sobre todo si, como espera el nuevo Gobierno, y se propone el ministro de Hacienda, a partir de 2020 se inicia un ciclo de desaceleración de la inflación, porque el desfase en un semestre de la fórmula de ajuste de las jubilaciones, pensiones y resto de los rubros enganchados a la movilidad jubilatoria, como la Asignación Universal por Hijo, determinará que los próximos aumentos serán mayores al alza de los precios, probablemente desde el segundo semestre.

Los últimos datos de las finanzas públicas, hasta noviembre, dieron cuenta de que la cuenta “jubilaciones, pensiones y asignaciones” representaron casi 53% del gasto total antes del pago de intereses de la deuda pública y poco menos de 52% del total de los ingresos totales del sector público nacional no financiero.

Y dada la fragilidad de las cuentas públicas, y el propósito del presidente Alberto Fernández de impulsar un ajuste de los haberes mínimos, la compensación con otros ingresos, “contribución solidaria” de los sectores de mayores ingresos deberá ser significativa, aunque no tanta si al mismo tiempo se quiere alentar la reactivación de la economía en su conjunto.

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