Según los registros del área administrativa, el requerimiento data de marzo de 2009. El nombramiento fue de carácter temporario y en una categoría baja.
Roberto Palina.
Los legajos del área administrativa de la Legislatura contienen los datos que describen el historial de servicios de “Kila”, el empleado legislativo que fue cesanteado el martes, tras ser detenido por estar siendo investigado por un caso de drogas.
Según el decreto 288-MP/2009, el entonces legislador Roberto Arnaldo Palina, hoy secretario de Trabajo del Poder Ejecutivo (PE), fue quien requirió la primera designación del sospechoso, en marzo de 2009. En la documentación oficial consta que el nombramiento -de carácter temporario y con categoría 15, una de las más bajas- tenía como finalidad “prestar servicios como asistente” del líder del Partido de los Trabajadores (PT). El instrumento con el alta fue firmado por el entonces vicegobernador y hoy gobernador, Juan Luis Manzur, y por el ex secretario de la Cámara, el ahora legislador y vicepresidente 1° de la Legislatura, Juan Antonio Ruiz Olivares.
El artículo 2° del decreto indica que la designación “revestirá carácter de provisorio” hasta que el empleado presentara dentro del mes siguiente, entre otros papeles, “el certificado de buena conducta”.
A “Kila” le mantuvieron el cargo luego de noviembre de 2011, tras la renovación en las bancas del cuerpo legislativo. Palina, que fue reelecto en esa ocasión -también antes, en 2003 y 2007-, efectuó un nuevo “pedido” por su empleado, según consta en el decreto 785-MP(2)/2011. Esa vez, el instrumento fue rubricado por el ex presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado (hoy ministro de Gobierno y Justicia) y nuevamente por Ruiz Olivares. De nuevo, “Kila” recibió la categoría 15 en carácter de “temporario de bloque político”. Al igual que antes, debió entregar su certificado de buena conducta para ser formalmente empleado de la Legislatura.
En mayo 2015, cuando Palina ya no estaba en la banca -había sido reemplazado por su ex esposa y socia política, Nancy Bulacio-, “Kila” recibió un nuevo espaldarazo. Esta vez, ningún legislador figura como solicitante de sus servicios. Así, poco antes de una nueva renovación en el cuerpo colegiado -meses después asumiría la actual gestión-, el hombre fue designado “en carácter de personal temporario”, esta vez con más categoría (la 9). El decreto N° 1.021-MP/2015 lleva las rúbricas de Amado, en carácter de titular subrogante del Cuerpo, y de Ruiz Olivares, ex secretario.
El último instrumento legislativo referido al sospechoso fue dictado el martes pasado. A través del decreto 1.060-MP/2018, firmado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el prosecretario administrativo Oscar Humberto Fiorito, se dio de baja a “Kila” por “haber desaparecido las causales que motivaron la designación” del hoy ex empleado.
En septiembre de 2016, el Presidente de la Legislatura emitió un decreto interno en el que estableció que cualquier agente dependiente de ese poder, “cualquiera fuera su condición de revista”, sería separado automáticamente del cargo en caso de que se encontrara involucrado en un hecho delictivo. Ese instrumento fue sellado por Jaldo y por el secretario de la Cámara, Claudio Antonio Pérez.
En la edición de ayer, Palina afirmó que no recordaba “haber hecho ingresar al Poder Legislativo a “Kila”, pero aseguró conocer al sospechoso porque era hijo de un reconocido e intachable dirigente gremial. “No soy legislador desde hace varios años y estoy seguro que tampoco forma parte del plantel de mi ex esposa Nancy”, comentó. “De todas maneras -agregó- se debería verificar si es así”, agregó. Horas después, se confirmó el nombramiento y la forma de ingreso a la cámara.
En 2017, Jaldo firmó una norma que establecía que el personal legislativo (sea planta permanente, temporario, de bloques políticos o contratado) que se encuentre involucrado en cualquier hecho delictivo, será automáticamente separado del cargo que ocupe.
Ayer, el vicegobernador ratificó que se incluirá en la sesión de la próxima semana el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (PE), que contempla que serán separados de sus cargos los agentes de la administración pública que queden imputados en una causa vinculada a la comercialización de droga,
“Este proyecto va a tener modificaciones importantes. Desde el Ejecutivo viene dirigido únicamente para empleados públicos, pero vamos a determinar que los efectos se extiendan a los funcionarios de cualquier rango. Contendrá a los de jerarquía, a quienes le van a caber las sanciones, de manera de poner en igualdad de condiciones a todos”, enfatizó Jaldo.
FUENTE: LA GACETA
