Los planes sociales en la mira

Uno de los debates públicos que más polémica genera es el otorgamiento de planes sociales en alza para contener la desocupación y la pobreza, frente a la constante protesta piquetera que reclama en las calles más asistencia y trabajo genuino. Quien puso el foco y el alerta en este tema fue ni más ni menos que la vicepresidenta Cristina Kirchner en junio pasado, en Avellaneda. Fue durante su discurso en un acto de la CTA, al advertir: “El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja”.

Ese día, rodeada del anfitrión, el diputado nacional y líder sindical Hugo Yasky, y del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la expresidenta dijo que algo había que revisar en las políticas públicas, porque con la desocupación que sufren los argentinos “deberíamos tener menos planes sociales”. Cuando habla Cristina Kirchner siempre hay repercusiones. En el Gobierno y en la oposición. En este caso, hubo mucho ruido, especialmente en las organizaciones sociales.

A casi dos meses (y con todos los cambios que hubo en el Gabinete) hay varios signos de que el Gobierno puso en marcha medidas para ordenar o reconfigurar el manejo de la asistencia. Este viernes, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibió en su despacho a intendentes y funcionarios municipales de la Primera y Tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para informarles la decisión de hacer auditorías del programa Potenciar Trabajo. Actualmente, 1.300.000 personas reciben este beneficio de unos $25.000 mensuales.

Potenciar Trabajo: las universidades públicas harán las auditorias y controles

En lo formal, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional iniciarán la semana próxima las auditorías y controles sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, a través de relevamientos en la provincia de Buenos Aires sobre la situación sociolaboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios. En lo real, el Gobierno quiere ordenar el manejo de estos planes hoy en manos de organizaciones sociales (oficialistas y opositoras) y que sean los intendentes los nuevos gerenciadores.

Argumentan en el Frente de Todos que el Potenciar Trabajo es una herramienta desarrollada por el Gobierno con el objetivo de “promover la inclusión social plena y la autonomía económica para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, los dichos de Cristina Kirchner impactaron de lleno en el mundo piquetero: las organizaciones sociales salieron a cuestionar a la expresidenta.

A la vez, el ministro de Economía, Sergio Massa, también apoya la revisión del Potenciar Trabajo. Lo anunció en su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo. “El 15 de agosto el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan”.

También se supo que el Gobierno y el equipo económico que encabeza Massa impulsan un DNU para sumar al mercado laboral a unos 150.000 beneficiarios de planes sociales. De esta forma, las personas seguirán percibiendo la asignación de otros programas durante un año y el empleador completará el resto para conformar el salario de convenio.

La idea comunicada por Zabaleta a los intendentes es “relevar información sobre las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo para conocer su situación sociolaboral y productiva y certificar la realización de actividades bajo el programa, en el marco del vínculo con las Unidades de Gestión gubernamentales y no gubernamentales”.

En fechas y lugares prefijados, los beneficiarios del programa serán encuestados por estudiantes universitarios, quienes completarán un formulario web en tiempo real con una treintena de preguntas que recogerá información sociodemográfica de cada persona y datos sobre las actividades que realiza dentro y fuera del programa.

Se les preguntará sobre su situación habitacional, socioeducativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan. ”Este nuevo paso que estamos dando es parte de un camino que iniciamos hace un año: abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino y ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública”, dijo Zabaleta al iniciar el encuentro.

Intendentes con el ministro Zabaleta: quiénes asistieron al encuentro

De la reunión participaron también el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, y el titular de Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva Potenciar Trabajo, Pablo Pais; la secretaria de Abordaje Integral, Micaela Ferraro, el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Alejandro Gramajo; y el subsecretario de Política de Integración y Formación, Daniel Menéndez.

Estuvieron además las y los intendentes Carlos Ramil (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Julio Zamora (Tigre), Federico Achaval (Pilar), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui) y Gastón Granados (Ezeiza). Asistieron también Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Andreotti (San Fernando) y Nicolás Mantegaza (San Vicente).

Otros de los participantes fueron Mariana Balbi, secretaria de Desarrollo Social Comunitaria de General Rodríguez; Carlos Cittadini, secretario de Economía Social y Popular de Merlo; Daniel Matos, director de Entidades Intermedias de San Isidro; Diego Kravetz, Jefe de Gabinete de Lanús; Nicolás Fusca, secretario de Desarrollo Social de La Matanza; Domingo Antonio Córdoba, secretario de Economía de Presidente Perón; y Emiliano Valentino, secretario de Desarrollo Social de Esteban Echeverría.

”Es más rol del Estado y más control sobre los programas que tiene el Ministerio para acompañar a las y los argentinos que la están pasando mal”, dijo Zabaleta, quien selló un convenio junto a su par de Educación, Jaime Perczyk, y presentó la iniciativa ante directivos de siete universidades del país.

Según Zabaleta, la revisión consiste en “ir a auditar a todos y cada uno de ese 1,3 millones de beneficiarias y beneficiarias”. Y remarcó: “Esto no es en contra de ningún dirigente social, intendente, ni de ningún gobernador. Es una política pública que tiende a cuidar y a transparentar un programa social que tiene mucho debate en este momento en Argentina”.

Sobre las irregularidades que se puedan registrar en los controles, Zabaleta fue tajante: “Aquellos que vayamos a auditar y a certificar, tiene que trabajar, y si no trabajan, tienen que estudiar. Cursar capacitaciones de oficio. Si no estudian, ni trabajan, se dan de baja”.

El Gobierno resolvió conformar “unidades de evaluación en todo el territorio nacional” e incorporar a las universidades nacionales para que formen parte de la “certificación de las actividades y el fortalecimiento de los proyectos”.

Con esta idea, Zabaleta avanza con sus pares de las provincias en el diseño de un operativo nacional: días atrás se reunió con su colega de Misiones, Fernando Meza, y el subsecretario de Abordaje Territorial de San Juan, Cristian Morales, para analizar la puesta en marcha de las auditorías.

Aunque no lo dicen públicamente, los intendentes aceptan la auditoría, pero lejos están en el futuro de querer sumar a estos trabajadores a las plantas permanentes. Sí ayudar a habilitar mecanismos que con la capacitación estos beneficiarios puedan incorporarse a empresas privadas, Pymes, de sus distritos. Así mantener durante un año ese ingreso y el empleador abonar la diferencia del sueldo de convenio, más la ART y la obra social.

En esa tensión notoria, por ejemplo, las organizaciones sociales oficialistas, exigen la creación del ministerio de la Economía Popular para favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. Claro, rechazan las auditorias al Potenciar Trabajo que impulsa el nuevo superministro Sergio Massa y redoblan la apuesta con la implementación del Salario Básico Universal. En eso también están de acuerdo los sectores piqueteros de izquierda, que con marchas semanales y eventuales acampes, mantienen el asedio contra la política social del Gobierno.