Los sueldos de la Justicia en Tucumán
La filtración de la nueva planilla de sueldos básicos de la Justicia provincial provocó reacciones de aprobación y de rechazo. Facundo Maggio, juez de Instrucción en lo Penal N°2 de esta capital, manifestó su apoyo pleno a la difusión de las cifras -ver la escala en esta edición-.
“Me parece muy sano que la comunidad conozca lo que ganamos”, opinó en una serie de mensajes de texto que envió a este diario. En las antípodas de Maggio, Omar Maldonado, secretario general de Judiciales Tucumanos Agremiados, comunicó el malestar de sus afiliados respecto de la liberación de estos números. “Sabemos que la tarea del diario es informar, pero nos sentimos afectados porque esta noticia nos expone a la sociedad que nos mira cada vez con más irritación y eleva los riesgos de los trabajadores que salen a la calle a hacer las medidas que ordenan los jueces”, expresó Maldonado mediante un audio de WhatsApp.
El cuadro de las remuneraciones fijas se filtró a posteriori de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán aprobara la actualización salarial sin especificar porcentajes ni precisar los datos – Gustavo Ahmad, secretario administrativo del Poder Judicial, luego admitió la veracidad de la planilla-. El reconocimiento retroactivo a marzo del último tramo de la cláusula gatillo de 2019 implica que un magistrado percibirá un sueldo básico promedio de $ 218.000. Para obtener la remuneración final hay que sumar un 50% del básico por título y un 2% por año de antigüedad, menos los descuentos del aporte jubilatorio (18% sin tope) y del impuesto a las ganancias para el caso de haber jurado a partir de enero de 2017.
“Hicimos una reunión de directivos y de delegados donde compartimos nuestro fastidio por la nueva divulgación de una planilla salarial. La gente común no entiende y mezcla las cosas: nuestro sueldo sólo se compone de básico, escalafón y título. No tenemos adicionales por horas extras, refrigerios y extensión horaria”, explicó Maldonado. El sindicalista del sur comentó que los oficiales de Justicia debían internarse en “zonas rojas”, donde hay miedo de entrar y circular. “También tenemos obligaciones los fines de semana y feriados, más ahora con la pandemia. Los que trabajan desde sus casas dedican muchísimas horas a la Justicia”, acotó.
El sindicalista manifestó que les incomodaba también la mirada del resto del personal del Estado y de los profesionales: “nosotros no peleamos nuestros salarios en función de lo que ganan otros. Los abogados también nos han estado atacando en este asueto con el argumento de que estuvimos de vacaciones con el 100% del salario. Vemos allí una velada mala intención de pretender una rebaja de nuestra retribución”. Maldonado agregó que los judiciales “no eran majestades celestiales”: “comemos, nos enfermamos, nos educamos, nos vestimos, si hubiera tiempo… nos distraemos. La difusión de los sueldos nos expone de una manera muy compleja”.
Maggio, que concursa para ascender en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), dijo que en una entrevista con los consejeros él ya se había expedido a favor de transparentar los sueldos. El juez expresó que no compartía el cuestionamiento respecto del pago del impuesto a las ganacias y del incremento del aporte previsional (pasó del 11 al 18% en una reforma legislativa reciente que impulsó el Gobierno nacional para supuestamente morigerar los retiros con el beneficio del 82% móvil). “En cuanto a ganancias, creo que la tributación debería alcanzar a todos o a ninguno de los trabajadores -hoy abonan este impuesto alrededor del 15% de los magistrados provinciales, entre ellos dos vocales de la Corte, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos-. Más allá de esto, no entiendo por qué la exención que en su momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgó a la judicatura con el argumento de que la Constitución establece la intangibilidad de sus remuneraciones fue extendida a los funcionarios”, dijo Maggio.
El juez consideró incorrecto que, en iguales circunstancias de ingresos, haya trabajadores que paguen ganancias y otros que no. Y agregó: “aún con este descuento, siento que tenemos un ingreso de privilegio. Y siempre me pareció una locura que dijeran que debe ser alto para que ‘no nos tentemos’…”.
El Ministerio Público Fiscal provincial mantendrá el servicio limitado a las cuestiones urgentes hasta el 28 de junio, según la Resolución 181/2020 emitida ayer. La decisión, que lleva la firma de Daniel Marranzino, ministro fiscal subrogante (sustituye a Edmundo Jiménez), expresa que la prórroga no implica una contradicción con la reapertura de los plazos procesales vigente desde el 26 de mayo por disposición de la Corte. “Las fiscalías están en condiciones de dar respuesta en todas las jurisdicciones y fueros a las intervenciones que les requieran”, dijo Marranzino.
Fuente: Irene Benito – La Gaceta
