Los trenes chatarras del gobierno de Cristina

Unos años antes de la Tragedia de Once, que sucedió- entre otras cosas- por el estado de un tren que tenía medio siglo de uso, el kirchnerismo había invertido 100 millones de euros para renovar los ferrocarriles urbanos.

Fue uno de los anuncios de Néstor Kirchner allá por los inicios de su gobierno. Mediante convenios entre estados, se compró material rodante en España y Portugal para poner en marcha los talleres ferroviarios argentinos y mejorar el sistema de trenes urbanos y suburbanos. Pero eso no sucedió: buena parte de las formaciones compradas a España y Portugal están arrumbadas, no se pudieron usar, son virtual chatarra ferroviaria, por ellas se pagaron sobreprecios elevados y –además- hubo millonarias coimas en la operación. La compra se extendió en el tiempo desde el inicio del acuerdo hasta 2010.

Por esa causa Ricardo Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009 debe afrontar un juicio oral y público. Entre los acusados estará también Manuel Vázquez, ex asesor, hacedor de negocios oscuros y testaferro de Jaime. Es que se demostró en la investigación que se pagaron coimas a través de la consultora –sello de goma- CAESA, una firma que utilizaron Jaime y Vázquez para canalizar pagos indebidos mientras manejaron los negocios turbios en Transporte. Esa empresa inexistente estaba presidida por Julián Soba Rojo, prestanombre puesto por Vázquez en la firma que él no podía encabezar por tener condenas por estafas.

Jaime está preso en la cárcel de Ezeiza desde 2016 por esta causa pero suma condenas por casos de corrupción como el de la Tragedia de Once.  Vázquez tiene detención domiciliaria por cuestiones de salud.

El caso está radicado en el Tribunal Oral Federal 6 que tiene programado el inicio del juicio para los próximos meses Pero aún hay una parte de la investigación que está en trámite en el juzgado a cargo de Julián Ercolini y en la que interviene el fiscal Federico Delgado.

Fue Delgado quien, en un dictamen al que accedió Infobae, pidió la extradición de los españoles y portugueses que participaron de la maniobra para que sean indagados en la causa.

El fiscal resumió el caso del siguiente modo: «El Estado argentino pagó la suma de 76.313.108,85 euros en el caso de las empresas españolas, y de 25.639.896 en el de la portuguesa. Sin embargo, los acuerdos fueron la excusa formal para causar un perjuicio patrimonial millonario al Estado nacional.

El acuerdo tenía dos dimensiones: comprar maquinaria y repuestos en pésimo estado, con la excusa de poner a producir nuevamente los talleres abandonados por las políticas de privatizaciones de los ’90. La otra, introducir la figura del «consultor» para generar obligaciones ficticias que escondían retornos. Ello se configuró a través de la empresa «CAESA», cuyas caras fueron Manuel Vázquez y Julián Soba Rojo (presidente de la firma).

En los papeles, la empresa fue contratada con el objeto de asesorar a los países en las operaciones. En la realidad, fue la estructura de un dispositivo montado para pagar altísimas sumas de dinero por material que no poseía el valor que se le asignó, y de esta manera generar lo que conocemos como «retornos». En otras palabras, fue el vehículo utilizado para generar dinero ilegal». La firma CAESA cobró millonarias comisiones por «asistencia técnica» brindada para los vendedores.

Según explicó el fiscal Delgado «… esta «asistencia técnica» nunca se efectuó en la realidad, y escondió los sobornos que cobraron Jaime y sus cómplices«. Si alguien cobró sobornos fue porque otros pagaron o cotizaron con sobreprecios el material de desguace.

En España y Portugal intervinieron en la venta del material rodante y en el acuerdo por las «comisiones» (coimas) que cobró la firma CAESA de Vázquez, varias empresas públicas. En España actuaron la «Sociedad Mercantil Estatal Española de Expansión Exterior S.A.» (EE), «Red Nacional de Ferrocarriles de España» (RENFE), «Ferrocarriles Vía Estrecha» (FEVE), y en Portugal «Caminhos de Ferro Portugueses» (CFP).

Los españoles a los que Delgado pide indagar son Juan Barba Cáceres, Manuel Molina Ruiz, José Salgueiro Carmona, Dimas Sañudo Aja, Teófilo Serrano Beltrán, Ángel Villalba Álvarez y Miguel Ángel Lorente Celaya. El último en la lista apareció en el negociado como el representante madrileño de la filial de la consultora de Vázquez en España, cuyo nombre es CYAES.

Los portugueses que para Delgado deben ser extraditados para ser indagados, procesados y sometidos a juicio son Ernesto Martins Brito, Manuel Aguiar de Carvalho, Antonio Ramalho y a Acurcio Mendes Dos Santos.

Delgado señaló que «los hechos que fueron parte de la maniobra se encuentran debidamente probados. Como se mencionó con anterioridad, se encuentran incluso cercanos a ser analizados en juicio oral. A pesar del gran avance que se logró en esta investigación, la fiscalía entiende que para que se pongan bajo análisis la totalidad de los sucesos descriptos, es necesario que se le tome declaración indagatoria al resto de las personas individualizadas en el presente dictamen. Su rol fue fundamental. Sin ellos, no se hubieran podido configurar los contratos por montos millonarios. A su vez, fueron quienes remitieron al país el material rodante materia de esta causa. Recordemos las malas condiciones en que se encontraba dicho material. Está claro, entonces, que todos los firmantes llegaron al acuerdo paralelo de remitir material en pésimo estado, por montos de dinero que no reflejaban tal circunstancia».

Es por eso que Delgado le pidió a Ercolini que cite a indagatoria a los ejecutivos europeos que contribuyeron a realizar el negociado. Y para eso hace falta la extradición.