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No habrá paro de colectivos

El Gobierno extendió la conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre la Unión Tranviarios Automotor y los empresarios, hasta el 12 de junio.

El gobierno dictó la conciliación obligatoria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del  autotransporte de pasajeros, hasta el 12 de junio. De esta manera, queda sin efecto el paro que se iba a realizar desde la hora 0 del martes 30 de mayo, por parte del gremio de UTA.

Durante la audiencia virtual celebrada este lunes por la tarde no se alcanzó un acuerdo por el aumento de salarios de los choferes, por ello el Ministerio de Trabajo decidió extender la conciliación que estaba vigente desde el 18 de mayo.

En la disposición, la cartera laboral exhorta “a las partes a mantener la mejor predisposición y apertura para continuar negociando los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir de esta manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas”.

¿Qué pide el gremio, y que ofrecen los empresarios?

La UTA reclama un aumento retroactivo desde abril que lleve el salario básico a $262.000, así como un bono no remunerativo de $32.000. El pasado 18 de mayo, la cartera que dirige la Ministra Raquel “Kelly” Olmos desactivó el cese de actividades convocado por la UTA al dictar la conciliación obligatoria por cinco días.

Desde las cámaras empresarias sostienen que “se requieren $6.200 millones mensuales adicionales solo para satisfacer los reclamos de UTA ($25 adicional por pasajero). No hay definición respecto a cómo financiarlo (tarifa o subsidio) ni como financiar el otro 50% de los costos operativos (gasoil, repuestos etc) cuya inflación durante 2023 no se ha incorporado aun al calculo de subsidios”.

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La Fatap ratificó “la imposibilidad de producir el aumento exigido y sostuvo que esa realidad se mantendrá en tanto los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no generen compensaciones necesarias y contractualmente previstas”, y sostuvo que “los incrementos salariales, de combustible, repuestos y bienes de capital, entre otros, tienen que cubrirse mediante las tarifas o los aportes que los gobiernos disponen”.

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