Papelón de la justicia tucumana

Una investigación penal por contaminación ambiental en Tucumán derivó en un papelón si precedentes para la justicia de esa provincia, que impactó en Córdoba.  La Justicia Federal de Tucumán citó a declarar esta semana a cinco funcionarios cordobeses, entre ellos, la hija del senador Carlos Caserio, a quienes «confundió» con sus pares tucumanos, pese a que los domicilios de todos los citados están en la ciudad de Córdoba y en Carlos Paz.

A las viviendas de todos los funcionarios cordobeses llegaron esta semana distintos móviles de la Policía Federal Argentina, para entregar sendas notificaciones enviadas por la Cámara Federal tucumana. Lo más curioso es que hace dos años, los cordobeses se habían contactado con la Justicia tucumana para explicarles que se habían «equivocado al googlear», pero los jueces insistieron con el error.

La causa que se tramita ante la Cámara Federal de Tucumán tiene un error tan garrafal como desopilante: los jueces Ricardo Sanjuan, Jorge Enrique David y Hernán Frías Silva citaron a declarar a ex integrantes del Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep), a quienes confundieron con los integrantes del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).

La justicia federal de Tucumán confundió a los integrantes del Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep), a quienes confundieron con los integrantes del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). Pese a que les advirtieron que habían googleado mal, igual mandaron a la Policía a buscar a los funcionarios cordobeses.

La citación en calidad de testigos de los cordobeses se enmarca en la causa elevada a juicio contra la Sociedad Aguas de Tucuman (SAT) por un manejo irregular de desechos cloacales que presuntamente puso en riego la salud de la población de barrios de San Miguel.

La denuncia fue presentada en 2007 por una vecina, y tras un larguísimo proceso judicial que incluyó varias apelaciones e idas y vueltas del fuero provincial al federal, en 2017 se reactivó la causa.

En el marco de ese trámite, la Cámara Federal de Tucumán, en junio de 2019, llamó en calidad de testigos a los cincos directivos del ente regulador de servicios públicos de Córdoba por entonces: Mario Blanco; Mariana Caserio, hija del senador nacional; el peronista José Arévalo, el radical Miguel Nicolás; Juan Pablo Quinteros, quien representaba al juecismo; y Walter Scavino, por los usuarios.

Según la citación, los cordobeses deben «brindar sus testimonios respecto de las acciones que realizara ese organismo respecto del control de las actividades desarrolladas por la empresa SAT en su Planta de San Felipe (en San Miguel de Tucumán), habida cuenta ser la institución competente en todo el ámbito de la provincia de Tucumán, en el control y regulación de la colección, tratamiento y disposición de efluentes cloacales inclusive los efluentes industriales que el régimen vigente permite se viertan al sistema cloacal».

Cuando la noticia fue publicada por medios de Tucumán, una alerta de Google fue recibida en el Ersep (el ente cordobés), por lo que el director de Legales de ese organismo se contactó con la Cámara Federal para advertir del error.

Cuando la noticia fue publicada por medios de Tucumán, una alerta de Google fue recibida en el Ersep (el ente cordobés), por lo que el director de Legales de ese organismo se contactó con la Cámara Federal para advertir del error. Pese a que cada uno de los funcionarios cordobeses explicó que no integraron jamás el ente tucumano, debieron declarar a través de una videollamada.

El tiempo pasó y Mariana Caserio fue electa legisladora, Miguel Nicolás se jubiló y Juan Pablo Quinteros rompió con Juez, renunció a su banca en la Legislatura y fue candidato a intendente por un partido vecinal. Esta semana, los tres, además de Blanco, Arévalo y Scavino, quienes siguen en el ente de control cordobés, recibieron sendas citaciones para testimoniar en la causa; y, pese a que cada uno explicó que no integraron jamás el ente tucumano, debieron declarar a través de una videollamada.

Quinteros, por ejemplo, dijo en el expediente: «La Cámara (cometió) un error al googlear. Tenían que buscar quienes eran los integrantes del directorio del ente de la provincia de Tucuman y llamaron a los de directorio del ente de Córdoba. Incluso, desde el ente de Córdoba, el asesor legal se comunicó con el tribunal para marcar el error, pero dos años después nos encontramos declarando en la causa». Eso fue todo lo que quedó en el expediente de su testimonio considerado previamente «clave» por la Justicia tucumana. «Parece una investigación del Oficial Gordillo», dijo Quinteros a LPO, en relación al personaje que encarna el humorista Miguel Martín y que parodia a un policía.

Catorce años de «investigación»

La primera denuncia por la contaminación de la planta San Felipe fue radicada por la vecina María Elba Ledesma hace 12 años, cuando expuso ante la Justicia que desde 2007 emanaba en la cocina y en el comedor de su casa líquidos cloacales, por lo que reclamó ante la SAT. La empresa le dijo que el pozo que generaba el derrame había sido cerrado y dio por solucionado el tema. Sin embargo, a los pocos meses, y con el problema extendido a más vecinos del barrio CGT, el líquido cloacal volvió a emanar. Entonces, los vecinos realizaron protestas, cortes de calle, firma de petitorios y en 2009, la mujer llevó el reclamo a la Justicia.

Como si fuera poco equivocarse de la jurisdicción del organismo de competencia y la conformación de su directorio, los cordobeses citados no integraban el ente de control (cordobés) al momento de los hechos investigados: asumieron en diciembre de 2011, en el inicio del tercer gobierno de José Manuel de la Sota.

FUENTE; www.lapoliticaonline.com.ar

Por Juan Manuel González (Córdoba)