Para demorar la causa Vialidad, Cristina, De Vido y Báez presentaron 51 quejas y recursos en sólo dos años

Es la cantidad de veces que intervino la Cámara de Casación ante los reclamos y chicanas de los acusados por beneficiar al Grupo Austral con millonarios contratos de obra pública.

El juicio oral empieza el martes. El escándalo que la semana pasada evaporó buena parte del prestigio bien ganado por la Corte Suprema de Justicia puede analizarse -y se hizo- bajo la óptica política. Pero otros datos duros emergen de las amarillentas fojas que el jueves viajaron de Comodoro Py hasta el Palacio de Justicia, ida y vuelta, en el episodio más bizarro de esta sombría saga. Allí se guardan las pruebas del desfalco a las arcas públicas, pero también de los intentos para que esos delitos permanezcan impunes. 

Así podemos ver cuáles fueron los pasos para dilatar la investigación, como se hizo con éxito con casi todos los expedientes por corrupción. Entre el 16 de marzo de 2017 y el 14 de mayo de este año, es decir el martes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal atendió 51 recursos de queja, pedidos de nulidad y apelaciones procesales por parte de Cristina Kirchner y el resto de los acusados de haber direccionado las licitaciones de obra pública vial hacia los bolsillos de Lázaro Báez, el amigo -y luego socio- de la ex familia presidencial entre 2003 y 2015. Un promedio elocuente, de dos incidentes por mes durante dos años y dos meses ininterrumpidos sin contar los 90 días de feria judicial en ese lapso.

El ranking de esas apelaciones -que no incluye las que a favor o en contra resolvió la Cámara Federal porteña, primer tribunal que con tres magistrados revisó las decisiones del juez instructor Julián Ercolini- es encabezado por Cristina, con 18 pedidos o protestas. Uno cada cinco semanas. El segundo puesto es compartido por Julio De Vido y el ahora detenido Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, con 9 recursos cada uno; Báez presentó 7, y cierran la lista el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex gerente de Vialidad Gustavo Gentili (ambos con dos); y los ex funcionarios de Vialidad nacional o de Santa Cruz Raúl Pavesi, Claudia Oliva, Marcelo López y Alba Cabrera, todos con uno.

Hagamos historia: la causa por una supuesta asociación ilícita para hacer negocios desde el poder se inició formalmente en 2008 por una denuncia de Elisa Carrió, pero el capítulo «obra pública en Santa Cruz» alumbró el 19 de mayo de 2016 y tomó impulso con la auditoría aportada por Vialidad Nacional, donde se planteó que el Grupo Austral -pulpo empresario de Báez, integrado por empresas que «competían» entre sí en las licitaciones investigadas- fue beneficiado con 51 contratos «plagados de irregularidades», por 46.000 millones de pesos.

Las decisiones que fue tomando Ercolini en el expediente eran discutidas a repetición por los dieciséis imputados originales de la causa, que intentaban torcerlas ante la Cámara Federal y luego la Casación. Las primeras intervenciones de este tribunal fueron el 16 de marzo de 2017, cuando rechazó los pedidos para declarar la nulidad de las indagatorias de De Vido y Báez Desde ese día atendieron apelaciones a resoluciones de las instancias inferiores pero también decenas de quejas y chicanas.

El primer recurso de Cristina que llegó a la Cámara de Casación el 12 de junio de 2017 fue su extravagante pedido de que la investigación abarcara a toda la obra pública licitada por los gobiernos nacionales entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015. La Sala IV del tribunal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, rechazó la pretensión por unanimidad. «El objeto procesal de esta específica causa es delimitado por la parte acusadora en la etapa procesal correspondiente», respondió con lógica. Pero agregó otra frase interesante en estos días: «además, lo obrado en la etapa de instrucción es meramente provisorio, pues es la etapa de juicio aquella en donde queda delimitada la descripción de los hechos concretamente imputados«. Una advertencia clave: el momento para plantear y discutir las pruebas es el juicio oral, acto central de todo el proceso. Y el escenario principal de cualquier defensa.

Cristina recurrió esa negativa dos meses después, pero se llevó una rápida decepción: la segunda llegó sólo 36 días después. El 2 de noviembre de 2017 apeló su procesamiento, y el mes siguiente elevó una queja ante el rechazo a esa solicitud. El 2 de marzo de 2018, Ercolini cerró la investigación y elevó la causa a juicio. Sólo un mes después, el 12 de abril, la Casación tuvo que intervenir para declarar competente al Tribunal Oral Federal 2 como encargado de organizar el juicio, y le encomendó «celeridad». Fue hace un año.

Apenas unos días más tarde, la defensa de la ex presidenta reclamó que el expediente tenía conexidad con el de «la ruta del dinero K», que investigaba a Báez pero por lavado de dinero. El 8 de mayo le dijeron que no, lo que fue recurrido de inmediato y obtuvo otro revés igual de veloz: el 22 de junio los jueces Hornos, Borinsky y Figueroa declararon inadmisible esa protesta.

El 5 de julio hubo otra intervención del tribunal, clave para comprender lo que se discutió estos días. Cristina planteó la incompetencia del TOF 2 para absorber el juicio civil por daños que había iniciado Vialidad, con un reclamo de 22.500 millones de pesos. Tras otro escarceo, en noviembre la Casación despachó esa queja a la Corte, y es una de las que aún están dando vueltas entre sus jueces.

Ese mismo mes, el día 14, la senadora por Unidad Ciudadana llegó a la Casación con su reclamo de que además de los expedientes y testimonios correspondientes a las 51 obras bajo la lupa, se hiciera un peritaje técnico y financiero sobre cada una de ellas. La justicia había aceptado realizarlo sobre una muestra de cinco. Los jueces no lo admitieron, Cristina se quejó y el reclamo fue girado a la Corte. El 13 de diciembre. Hace cinco meses. Otro pedido similar -también rechazado por la Casación- fue a la Corte el 22 de febrero de este año.

Así llegamos al sprint final de esta primera quincena de mayo, cuando la Casación despachó diez recursos que habían atiborrado su estrado. Casi uno por día. El 10, rechazó el pedido de Cristina para que caduque el juicio civil. El 14, rebotó reclamos de incompetencia -a las puertas del juicio oral pretendía enviar toda la causa a Santa Cruz-, de cosa juzgada y de litispendencia -duplicación de acusaciones similares en distintas causas-. Mientras, nuevos reclamos siguieron aterrizando en el TOF 2. A ultima hora de viernes, Báez recusó a dos de sus jueces y pidió postergar la audiencia del martes. No lo logrará. Pero aún queda otro día hábil para aguardar nuevas sorpresas.

FUENTE DIARIO CLARIN.-