Piden informes sobre la cesárea a la niña de 11 años
Dos comisiones de la Legislatura citaron a funcionarios de la Justicia y del Ministerio de Salud y solicitaron explicaciones.
Dos comisiones de la Legislatura solicitaron información al Ministerio Fiscal, que encabeza Edmundo Jiménez, a la Corte Suprema, presidida por Daniel Posse, y al Ministerio de Salud Pública, dirigido por Rossana Chahla, sobre la causa de la nena de 11 años violada y a la cual se le practicó una cesárea el miércoles 27 de febrero en el Hospital del Este “Eva Perón”. Además, convocaron a los funcionarios para que el jueves asistan a la Cámara y aporten detalles sobre el caso que conmueve al país y que llegó a los principales medios del mundo.
El legislador Fernando Valdez (UCR), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, envió notificaciones formales a Jiménez, a Posse y a Chahla. En los textos detalla que realizó los pedidos “en función de la gravedad del caso, el cual presenta una serie de circunstancias extremadamente irregulares tanto respecto a los plazos, como a los medios y formas en los cuales la niña fue atendida”. En una comunicación telefónica, acotó: “es para que digan exactamente cómo pasaron los hechos, porque hay versiones contradictorias y uno se va enterando por el diario de situaciones que algunas personas niegan”.
«Cuando uno es funcionario no puede elegir si puede cumplir o no con la ley. Y la ley es clara: tenía que aplicarse el código penal y el fallo ‘FAL’».- Stella Maris Córdoba, legisladora (Proyecto Popular).
De manera paralela, la Comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, encabezada por la peronista Graciela Medina (Tucumán Crece), resolvió por unanimidad reiterar la citación a los funcionarios del Ministerio de Salud y de la Justicia que intervinieron en el caso. La legisladora Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) detalló que la primera invitación a las autoridades de la cartera de Salud y del Ministerio Fiscal se realizó hace dos semanas, pero que no obtuvieron respuestas. “Queremos saber todos los pormenores de la situación: qué es lo que ha pasado, por qué no se ha cumplido con la ley y por qué se ha judicializado el caso”, explicó en diálogo con LA GACETA. Además, dijo que le gustaría escuchar los testimonios de los doctores José Gijena y Cecilia Ousset, quienes intervinieron en la cesárea y saben en qué condiciones estaba la niña de 11 años.
El artículo 56 de la Constitución de la Provincia, establece -en el primer párrafo- la facultad de las comisiones de la Legislatura de pedir informes a los responsables de las oficinas provinciales y a sus subalternos. Por lo tanto, las autoridades tienen el deber de responder.
Requerimientos
Los pedidos de información realizados por la comisión que encabeza Valdez cuentan con preguntas específicas, según el área. El cuestionario más extenso está dirigido a Chahla y tiene 11 requerimientos, entre ellos: “por qué motivos no se puso en marcha con anterioridad el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”, y que se adjunte “la documentación que respalda lo dicho por usted en los medios respecto a que la fiscala (Adriana) Giannoni dio la orden de que no se interrumpiera el embarazo”.
Valdez indicó que necesitan tener los detalles para, a partir de allí, tomar decisiones. “También queremos saber cuál es el personal involucrado del Siprosa en el Hospital del Este, en relación a la cesárea. Para un aborto puedo entender, aunque no comparto, que haya objeción de conciencia. En cambio si hay cesárea, que es lo que finalmente se le aplicó a la nena, no hay objeción de conciencia, hay abandono de persona”, exclamó el legislador.
«No tengo dudas de que si hay cesárea, que es lo que finalmente se le aplicó a la niña, no hay objeción de conciencia, hay abandono de persona».- Fernando Valdez, legislador (UCR).
Conflictos
Un día después de que se le practicara la cesárea a la niña violada, la ministra de Salud aseguró que Giannoni había pedido que el embarazo de la nena continuara gestándose. Por ello, explicó, los médicos objetores de conciencia se rehusaron a realizar el procedimiento y se debió convocar a otros profesionales. Desde el Ministerio Público Fiscal, horas después, se emitió un comunicado en el que se desmintió la aseveración.
Se conoció, sin embargo, que el 11 de febrero, 15 días antes del procedimiento, las autoridades del hospital recibieron un apercibimiento de Giannoni. Mediante el Oficio 10/2019, la fiscala informó a las autoridades sanitarias y a los agentes que dependen de ellas que “en atención a los intereses de los menores involucrados” estaban obligadas por leyes provinciales a proteger la salud y los bienes desde la concepción. También les advirtió que podrían enfrentar consecuencias penales si no comunicaban al Ministerio Público de la Defensa o a quien correspondiese los malos tratos infligidos a los menores de edad.
La niña de 11 años ingresó al Hospital Eva Perón el 31 de enero, derivada de Burruyacu.
La neonata no será trasladada
La neonata de unos 600 gramos permanece estable en la sala de Neonatología del Hospital del Este, aunque su probabilidad de sobrevida es extremadamente baja, según informó el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. “Y cuando esto ocurre, aún con sobrevida, la probabilidad de que tenga secuelas es muy grande. Hay riesgos enormes de hemorragia cerebral. Por eso no tenemos que llegar a estas circunstancias”, había expresado en una entrevista con LA GACETA.
Fuentes consultadas de la cartera de Salud de la Provincia afirmaron que la neonata, que se encuentra con asistencia respiratoria, permanecerá internada en el Hospital Eva Perón. “La sala donde se encuentra es nueva y cuenta con la misma tecnología que la Maternidad, por lo que no hay necesidad de trasladarla”, explicaron.
Los padres de la nena de 11 años que fue violada solicitaron el 25 de febrero, con declaración jurada, que se realizara la interrupción legal del embarazo, según informó el Siprosa.
Estable e internada en la Banda
La niña de 11 años violada y embarazada por la pareja de su abuela continúa estable y evoluciona favorablemente desde el punto de vista obstétrico, sin novedades de consideración, según informaron fuentes del Ministerio de Salud. El hermetismo se mantiene en el Hospital Eva Perón, donde la paciente está internada desde el 11 de febrero.
La niña, que contaba con un embarazo de 23 semanas producto del abuso, fue sometida a una cesárea en la madrugada del miércoles. Ella y su mamá habían hecho un pedido expreso a la Justicia para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), contemplada desde 1921 en Argentina en el artículo 86 del Código Penal.
La ministra de Salud, Rossana Chahla, había dicho que no le darán el alta médica, ya que “por el trauma” todavía se encuentra con tratamiento psicológico.
El principal sospechoso del abuso es Eliseo Víctor Amaya, el abuelastro de la víctima. La Justicia aguarda los resultados de los cotejos genéticos para resolver su situación.
“Gobierno responsable”
Comunicado de Andhes y Cladem
Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) acusaron en un comunicado al Gobierno provincial por “el retardo injustificado en la interrupción legal del embarazo producto de una violación a una niña de 11 años”. “Entendemos que este no es un caso aislado y tememos que se multipliquen, marcando una tendencia ascendente de las prácticas conservadoras y anti derechos sobre la salud sexual de nuestros niños”, transmitieron.
“Defensor del niño, ya”
Infancia en deuda reclama sanciones
Infancia en Deuda exigió en un comunicado que se investigue la violación de la niña de 11 años y su falta de acceso oportuno a la interrupción legal del embarazo (ILE). “Lo sucedido en Tucumán constituye un caso más de esa práctica ilegal fomentada por profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales”, argumenta la organización no gubernamental en la publicación.
Además, el texto dice que la Defensoría de Niños permanece vacante desde hace 13 años. “La figura del Defensor del Niño, cuya designación corresponde al Congreso, debería intervenir para restituir los derechos vulnerados”, recuerda el informe.
Fuente Diario La Gaceta
