El juez Juan Francisco Pisa (N° 3) anuló de oficio el requerimiento de juicio oral para la causa “Teves” presentado por la fiscala Adriana Giannoni (Nº 8) en septiembre de 2015. Si la resolución de Pisa queda firme, podría prescribir la posibilidad de esclarecer la supuesta asociación ilícita atribuida en 2009 a Roxana Teves, a dos de sus hijos y a su nuera, y a Miguel Albarracín, propietario de una carpintería.
El caso penal data de 2010. El 24 de septiembre fallece Augusto Vito Severini, propietario de alojamientos transitorios. Teves había sido su pareja durante una década y ambos eran titulares de nueve plazos fijo en el Citibank, por unos U$S 5 millones.
Tras el deceso de Severini comienza el juicio por sucesión entre Teves y Carolina Severini, hija del matrimonio anterior del empresario. Teves obtiene una serie de medidas cautelares a su favor para disponer de los fondos. Por otro lado, Carolina Severini, quien se reivindicó como la única heredera del patrimonio, denunció que Tevez, sus familiares y Albarracín presuntamente organizan una asociación ilícita para secuestrar a su padre y robarle los bienes.
En esta demanda, Carolina Severini estuvo asistida por Edmundo Javier y Ana Jiménez, hijos del entonces ministro de Gobierno y actual Ministro Fiscal de la Corte, Edmundo Jiménez. La causa recayó en el entonces fiscal Guillermo Herrera, a quien los letrados le solicitaron la detención de Teves, sus familiares y Albarracín. El funcionario judicial pidió lo propio a la jueza Emma de Nucci (falleció en 2012), quien accedió al requerimiento.
En cautiverio, Teves, con el asesoramiento de los abogados Alfredo Falú y René Goane (h), renunció a los juicios civiles que había promovido antes de la denuncia penal en su contra. Ella aseguró después que fue obligada a desistir de esas demandas para recuperar la libertad. Entonces, denunció que todos los letrados profesionales mencionados (sus defensores, los de Carolina Severini y los que integraron y los que continúan en el Poder Judicial) se organizaron para despojarla de todo control sobre la parte del patrimonio de su ex pareja que ella sostiene que le correspondía.
El Colegio de Abogados se hizo eco del caso de Teves y hace tres años denunció que el fuero penal era empleado con fines presuntamente extorsivos. Tras esta presentación, el entonces fiscal Herrera dimitió y se jubiló. Luego, la asociación profesional pidió el juicio político del ministro fiscal, que fue rechazado in limine por la Legislatura.
Ante la salida de Herrera, la causa pasó a manos de la fiscala Giannoni. La funcionaria judicial ratificó la labor de Herrera, que consideró que Teves habría organizado una asociación ilícita en perjuicio del empresario Severini. El requerimiento de elevación a juicio promovido por la fiscala acusa a los imputados de haber incurrido en una suerte de secuestro del empresario para explotar sus negocios.
Giannoni, además, descartó la denuncia de Teves contra Falú, Goane (h), el ministro fiscal y sus hijos.
En 2017, el caso ingresó al programa de veeduría del Gobierno nacional en la Justicia de Tucumán. Juan Roberto Robles, dirigente radical y defensor de Teves, cumplía el rol de observador junto a la delegada de Derechos Humanos de la Nación, Ana Colombres Garmendia.
Ese mismo año, Falú rechazó las acusaciones que Teves había formulado en su contra. “Esa señora es una máquina de mentir. Jamás se acogieron sus falsas denuncias, ni se lo hará en este caso. Sólo busca difamar alentada por ciertos sectores y por intereses espurios”, aseveró.
Ahora, el juez Pisa declaró la nulidad absoluta del pedido de juzgamiento que formuló Giannoni, sobre la base de la tarea de Herrera. El magistrado manifestó que el dictamen de la fiscala tenía incongruencias que afectaban el derecho de defensa de los acusados. “Sin mayor esfuerzo surge del análisis del requerimiento que las imputaciones no resultan debidamente claras, precisas y circunstanciadas como exige la plena vigencia del debido proceso”, expresó el juez.
El defensor de Teves, Robles, anticipó que luchará por su derecho a probar en un debate judicial público que toda la causa fue armada por el ministro fiscal para despojarla de sus bienes. Edmundo Jiménez lo negó rotundamente: dijo que él no es parte del expediente y que Pisa, dado que es juez, depende de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Fuente La Gaceta
