Proponen un registro de turismo aventura y de deportes alternativos
Legisladores Radicales y peronistas elevaron proyectos para regular las actividades recreativas de riesgo.
La muerte de la médica Natalia Vargas por una caída de más de 100 metros en el cerro San Javier, ocasionada por presuntas negligencias en un vuelo de instrucción en parapente, llevó a legisladores de distintos bloques a buscar la regularización del turismo aventura y de deportes alternativos.
Si bien en estos momentos la actividad está prohibida por un decreto que firmó el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, mientras estaba a cargo del Poder Ejecutivo (PE), el cuerpo colegiado elevó dos iniciativas en lo que va del verano, con el fin de habilitar un registro de operadores o de prestadores de esos servicios turísticos o recreativos.
El proyecto firmado por los radicales Fernando Valdez y Raúl Albarracín, junto al peronista Fernando Arturo Juri, hace foco en el turismo aventura.
“La idea es crear un marco regulatorio para la actividad, con la idea de garantizar su control y ordenamiento y establecer normas de seguridad para las distintas disciplinas, protegiendo así a quienes las practican y a sus guías”, destacó Valdez. En el caso de esta propuesta, que contempla vuelos en parapente, paracaidismo, aladeltismo, buceo, canotaje, kayakismo, rafting, escalada, cabalgatas, trekking y mountain bike, entre otros, la autoridad de aplicación prevista es el Ente Autárquico Tucumán Turismo.
Poco antes de la presentación de este proyecto, Albarracín había propuesto la prohibición provisoria de los vuelos en parapente biplaza. Esta medida quedó firme con el decreto que firmó Jaldo hace dos semanas, tras la trágica caída de la médica Vargas.
“Entiéndese por turismo aventura a las prácticas comerciales que se desarrollen en un ambiente natural, en tierra, agua o aire, para explorar y vivenciar una nueva experiencia que supone la existencia de un riesgo controlado y cierto grado de destreza o esfuerzo físico asociado a desafíos personales”, detalla el proyecto rubricado por Valdez y sus pares. Y añade que los puntos clave son “la exigencia a los prestadores de aportar información suficiente y de calidad al turista cuando accede a un servicio o contrato de Turismo Aventura”; “respetar y aplicar las medidas de seguridad acordes a cada actividad”; “la obligación de un seguro de responsabilidad civil”; “el cuidado del medio ambiente” y la “coordinación con la Provincia para la promoción” de esos servicios.
Idoneidad acreditada
El proyecto elevado por la peronista Stella Maris Córdoba (bloque Proyecto Popular) pone el énfasis en los deportes alternativos, aunque comprende prácticamente las mismas actividades que el anterior: parapentismo, aladeltismo, vuelo en ultralivianos, tirolesa, actividades náuticas y hasta el safari fotográfico. Por ello, según la ex diputada, la autoridad de aplicación debería ser la Secretaría de Deportes del Poder Ejecutivo (PE).
“En estos últimos tiempos han proliferado los deportistas que realizan este tipo de actividades, como así también las personas que se encargan de la difusión preparación y enseñanza de las mismos. En ese orden de ideas, entiendo que debe establecerse un registro de prestadores, con el fin de que las personas que organicen o sean instructores de estos deportes alternativos estén debidamente capacitadas y acrediten su idoneidad a través de títulos universitarios o matriculas y certificaciones que rigen cada actividad”, indicó Córdoba en los fundamentos del texto.
Y marcó que su propuesta, además de apuntar a la constatación de la capacidad del instructor, regula los seguros con los que deben contar estas empresas y establece multas por eventuales incumplimientos.
La comisión de Turismo de la Legislatura, que preside el oficialista Marcelo Ditinis, venía analizando con diferentes áreas del PE la regularización de la prestación de esos servicios de riesgo, afirmaron fuentes del cuerpo legislativo. Por ahora, no está previsto que se convoque a sesión extraordinaria, por lo que la comisión de Turismo tampoco avanzará demasiado durante el receso estival.
De todas maneras, en el comité legislativo consideran que no sería adecuado otorgar el rol de autoridad de aplicación a reparticiones del Ejecutivo que no contarían con el personal necesario para supervisar estas actividades. Esa podría ser una de las polémicas cuando comience el debate.
