¿Qué implica el acuerdo con el FMI?
El economista Eduardo Robinson charló con Café Prensa y explicó qué objetivo tiene el préstamo y las perspectivas a futuro
Esta semana finalmente se develó el acuerdo al que arribó el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. La cifra de U$S 55.000 millones, superior a la que se había anticipado y que incluirá también recursos de otros organismos como el Banco Mundial, el BID y la Corporación
Andina de Fomento, quedó confirmada en conferencia de prensa por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Sin embargo, para muchos argentinos, volver a tener una relación tan estrecha con el FMI genera incertidumbre y, sobre todo, recelo. En diálogo con Café Prensa, el economista Eduardo Robinson se refirió al tema, explicó las razones detrás de la medida y las perspectivas a futuro.
¿Por qué Argentina recurre al FMI?
Argentina solicita financiamiento del FMI con el fin de minimizar el costo de acceso al crédito y disminuir la exposición al mercado de crédito internacional, que atraviesa un periodo de alta volatilidad. La corrida contra el peso que se registró entre fines de abril y mayo, indujo al gobierno a tratar de blindar a la economía ante los vaivenes del costo del crédito externo, dado que aún tiene una situación fiscal débil lo que induce a tomar deuda.
¿Por qué se llega a la situación de acudir al FMI?
Desde hace tiempo, la economía muestra años de expansión seguidos de años de recesión, que en suma resultan en estancamiento. Es decir, en los últimos 15 años, la economía en términos per cápita, no creció o lo hizo muy poco. Además, la inversión se debilitó, la inflación se mantuvo elevada, el déficit fiscal continúo creciendo, el sector exportador y las economías regionales se mantuvieron exigidos por la falta de competitividad genuina (sistema tributario, infraestructura, aspectos logísticos, abastecimiento energético, entre otros), se disminuyó la demanda laboral y se resintieron las exportaciones e importaciones. Es decir, los errores que se fueron acumulando.
Ante el resurgimiento de la inflación, la anterior administración subestimó el problema inflacionario. Cuando empezaron a registrarse tasas de inflación superiores a los dos dígitos, el gobierno implementó el arcaico control de precios, como único instrumento para contener la inflación. De hecho, ningún país basa su estrategia antiinflacionaria en esta política. Se distorsionaron los precios relativos, dado el atraso de las tarifas de servicios públicos y se apeló a la emisión monetaria para cubrir el déficit en el sector público.
En definitiva, se llegó a esta situación por la negación permanente de los problemas y utilizando malos instrumentos, con la intención de crear, por un tiempo, órbitas ficticias. Tal situación llevó a la actual administración a tener que optar entre un abrupto recorte del gasto público o su paulatina disminución, lo que implica ir tomando deuda e incrementando el riesgo de alta exposición a los vaivenes financieros internacionales.
¿Cuáles pueden ser los impactos en la economía?
Lo primero es restablecer la confianza de los agentes económicos en la viabilidad de la política económica, dado el fuerte respaldo internacional. Sin embargo, a raíz del episodio de fuerte devaluación del peso con respecto al dólar, habrá un nivel de inflación más elevado durante los meses que vienen. La duración de esta situación dependerá del proceso de normalización de la economía, sobre todo de las expectativas sobre la inversión, de la reducción de la tasa de interés, de cómo avance el programa fiscal y de la estabilización del tipo de cambio sin caer en un retraso.
El gobierno está ante una nueva posibilidad de reformular algunos aspectos de la política económica, sobre todo en la velocidad de la reducción del déficit fiscal. El desafío ahora debería estar centrado en procurar estimular aún más el aparato productivo para evitar que el ruido financiero solape el horizonte de expansión de la economía.