Quieren que la Cárcel de Villa Urquiza, se trasforme en un centro comercia

Desde fines de los años 20 del siglo pasado, Villa Urquiza quedó esposada al sinónimo de cárcel. En aquel momento no se podía hablar de un barrio, ya sólo había unas pocas viviendas desperdigadas por la zona, calles de  tierra y algunas plantaciones, según reflejan las crónicas de la época. Entre cañaverales y pajonales, en 1927 se edificaron los elevados muros del nuevo penal, ya que el anterior (en avenida Sarmiento y Muñecas) estaba colmado.

Menos de un siglo después, esta cárcel (y las que hay en Banda del Río Salí y Concepción) han quedado chicas; y el sistema penitenciario, al borde del colapso.

Según cifras de fines de 2019, la capacidad de alojamiento es de por lo menos 1.350 y hay unos 2.300 reos. Y a esto hay que sumarle que en las comisarías de toda la provincia hay cerca de 1.000 arrestados, pero los calabozos están preparados para albergar a no más de 450.

El radical José María Canelada dio a conocer un proyecto de ley para que Tucumán construya una moderna cárcel con capacidad para 3.000 detenidos en la zona de Benjamín Paz (Trancas), mediante el concepto de activo por activo. Además, propone que en el actual predio se edifique un complejo de viviendas y locales comerciales.

Transformación

Canelada explicó que la idea es que el predio de Villa Urquiza sea puesto a disposición del sector privado a través de un proceso de licitación. “Como contraprestación, estas empresas construirán la nueva cárcel.

Con este proyecto, vamos a aportar seguridad en la provincia”, dijo el legislador. Agregó que la iniciativa se hace eco del pedido de los vecinos del barrio, que exigen mudar el penal. “En el predio se construirán viviendas y comercios, por lo que se revalorizará la zona. Además, se generarán fuentes de trabajo”, manifestó.

El radical recordó que hace más de tres años que la Cámara declaró la emergencia carcelaria por la situación crítica del sistema. “Hoy tenemos una cárcel colmada y los presos que no entran allí van a las comisarías. Entonces los policías que debieran estar cuidando a los tucumanos se encuentran vigilando presos. El mismo jefe de Policía (Manuel Bernachi) reconoció que tendríamos más seguridad si no tuvieran tantos presos a su cargo “, aseguró Canelada.

Propuesta del Gobierno

Desde la Provincia, en tanto, desde hace un par de años que el ministro de Seguridad, Claudio Maley, viene promoviendo un proyecto para la construcción de un nuevo complejo carcelario en el mismo predio de Benjamín Paz, con capacidad para 3.600 personas. A esta iniciativa se le suma otra que se proyecta en la jurisdicción de Leales, según explicó el funcionario.

El Ministerio de Seguridad trabaja con la Unidad Ejecutora Provincial con el fin de conseguir los fondos necesarios para la construcción del complejo. Según trascendió, el costo total de este edificio más el cerco y todo lo atinente al complejo de seguridad estaría por encima de los U$S 100 millones, con un plazo de ejecución de otras de entre cuatro a cinco años.

Maley indicó que, en un trabajo coordinado con la Corte Suprema, se avanza en las obras para incrementar la capacidad en los tres establecimientos carcelarios de la provincia. Aseguró, además, que se están ampliando tres galpones en Villa Urquiza, donde se alojarán unos 180 internos más. También se están reordenando las unidades 1 y 2 de ese penal instalado en la capital.

Respecto al proyecto de Canelada, Maley señaló que es difícil opinar acerca de esa idea, ya que antes es necesario establecer si se puede realizar la inversión en una nueva estructura carcelaria, montarla y luego mudar a los internos. “Además, hay que establecer cómo y quién garantizará el préstamo para su construcción”,  finalizó.

Ocupación irregular

Ordenaron desalojar el inmueble donde se proyecta la nueva penitenciaría

El Gobierno ordenó el desalojo de un grupo de personas que usurpó de parte del inmueble de Benjamín Paz donde está proyectado construir una nueva cárcel con capacidad para más de 3.600 personas. A través del Decreto N° 167/1, el gobernador Manzur instruyó a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones judiciales para dar fin a la ocupación irregular ejercida sobre el inmueble de propiedad del Gobierno, que se encuentra en el kilómetro 1.347 de la ruta 9. Personal policial dependiente de la Comisaría de Trancas constató la presencia de usurpadores.

La Gaceta