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Se pierden en Santiago del Estero expedientes de una defraudación contra Tucumán
La Justicia investiga el extravío de fojas con las que tres ex magistrados y un empresario periodístico habrían concretado un fraude millonario.
La Justicia santiagueña inició una investigación por la pérdida de expedientes con los que se cometió una millonaria defraudación en perjuicio del Gobierno de Tucumán, causa por la cual tres ex magistrados, un empresario periodístico y un empleado judicial fueron procesados, informaron ayer fuentes judiciales.
El faltante de expedientes, que tuvieron su origen en medidas cautelares presentadas por el empresario Luis Manuel Pericás, provocaron un fraude que superó los 10 millones pesos en perjuicio de Tucumán en juzgados a cargo de los ex jueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno, procesados por el delito de “defraudación calificada y violación de los deberes de funcionario público”.
La ausencia de cientos de fojas judiciales, surgieron tras una auditoría realizada en los juzgados penales de la I, la II y la IV Nominación, en los que también fueron detectadas numerosas irregularidades en los procedimientos de secuestro y entrega de vehículos a depositarios judiciales, autorización a un centenar de remises para circular sin licencias ni las correspondientes Verificaciones Técnicas Vehiculares, además de la desaparición de expedientes de diversos secuestros.
En la misma causa, el único que permanece detenido es Pericás, dueño de la emisora LV 7 de Tucumán, mientras que los tres ex jueces y el empleado judicial Eduardo Antuz, recuperaron la libertad mediante el previo pago de fianzas reales.
En todos los casos, los abogados defensores apelaron la resolución judicial dictada por el juez Darío Alarcón.
En la misma causa, aún resta definir la situación procesal del ex juez de Paz Horacio Rava, también imputado por el delito de “defraudación calificada” y que, tras permanecer una semana detenido, fue excarcelado bajo fianza.
Según la investigación, los ex magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por Pericás y ordenaron los embargos por más de 10 millones de pesos de los fondos provenientes del gobierno de Tucumán.
La millonaria defraudación fue descubierta en junio del año pasado, cuando los ex jueces Martínez Llanos, Tarchini Saavedra y Moreno fueron detenidos tras renunciar a sus cargos y permanecer varias semanas prófugos de la Justicia santiagueña.
El faltante de expedientes, que tuvieron su origen en medidas cautelares presentadas por el empresario Luis Manuel Pericás, provocaron un fraude que superó los 10 millones pesos en perjuicio de Tucumán en juzgados a cargo de los ex jueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno, procesados por el delito de “defraudación calificada y violación de los deberes de funcionario público”.
La ausencia de cientos de fojas judiciales, surgieron tras una auditoría realizada en los juzgados penales de la I, la II y la IV Nominación, en los que también fueron detectadas numerosas irregularidades en los procedimientos de secuestro y entrega de vehículos a depositarios judiciales, autorización a un centenar de remises para circular sin licencias ni las correspondientes Verificaciones Técnicas Vehiculares, además de la desaparición de expedientes de diversos secuestros.
En la misma causa, el único que permanece detenido es Pericás, dueño de la emisora LV 7 de Tucumán, mientras que los tres ex jueces y el empleado judicial Eduardo Antuz, recuperaron la libertad mediante el previo pago de fianzas reales.
En todos los casos, los abogados defensores apelaron la resolución judicial dictada por el juez Darío Alarcón.
En la misma causa, aún resta definir la situación procesal del ex juez de Paz Horacio Rava, también imputado por el delito de “defraudación calificada” y que, tras permanecer una semana detenido, fue excarcelado bajo fianza.
Según la investigación, los ex magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por Pericás y ordenaron los embargos por más de 10 millones de pesos de los fondos provenientes del gobierno de Tucumán.
La millonaria defraudación fue descubierta en junio del año pasado, cuando los ex jueces Martínez Llanos, Tarchini Saavedra y Moreno fueron detenidos tras renunciar a sus cargos y permanecer varias semanas prófugos de la Justicia santiagueña.