El fiscal Brito inició 63 investigaciones preliminares el 13 de agosto: el promedio nacional es 8 EN LAS PASO.
Tucumán se consolida como un polo de conflictividad electoral. En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fue la provincia donde hubo más denuncias relacionadas con hechos de clientelismo. La Fiscalía Federal Nº1 a cargo de Carlos Brito abrió 63 investigaciones preliminares para constatar las irregularidades informadas por los múltiples canales habilitados (originalmente eran 64), ninguna con resultado positivo. Ese volumen supera con holgura el promedio nacional de 8 actuaciones, número que surge del detalle elaborado por Jorge Di Lello, fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral. Según ese documento, en 15 distritos las elecciones se desarrollaron sin incidentes, más allá de alguna consulta de rutina: Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Corrientes, Tierra del Fuego, Misiones, San Juan, Chubut, Neuquén, Chaco, Río Negro y San Luis.
El grueso de las investigaciones preliminares de Tucumán corresponden a denuncias de traslado de votantes (35) y de entrega de bolsones (12), dos formas de clientelismo exclusivas de esta provincia, a juzgar por el informe de Di Lello que reproduce la información que proporcionó Brito. El menú doméstico de denuncias presenta una combinación de las posibilidades mencionadas: entrega de bolsones y de dinero (1); traslado de personas y entrega de bolsones (2), y traslado de personas con entrega de dinero y de bolsones (1). En Tucumán también hubo avisos de amenazas (3); de boletas falsificadas (1); de irregularidades varias (2); de propaganda política (3) y de la práctica del “voto cadena” (1). Algunos interlocutores de la Justicia Federal consideran que existe una “paranoia” derivada de la crisis electoral de 2015. “Se ve clientelismo en todos lados”, dijeron.
“Alcoholismo electoral”
Sólo la fiscalía porteña de Di Lello superó el movimiento de la oficina tucumana durante las PASO del 13 de agosto. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo 82 presentaciones, pero ninguna de clientelismo (la cifra no incluye consultas sobre el padrón, la no emisión del voto por razones de distancia, etcétera). La mayoría de las denuncias refirieron a la violación de la veda (18); a anomalías en las boletas (36); a la inscripción de ciudadanos fallecidos (5) y a cambios en el lugar de la votación, según la estadística de Di Lello.
En el ámbito de las provincias, llama la atención que el número de denuncias no guarda relación con la población. Por ejemplo, en la jurisdicción más populosa y decisiva de los comicios, la provincia de Buenos Aires, se registraron 43 actuaciones, 20 menos que en Tucumán. La Fiscalía Federal bonaerense informó la siguiente casuística: 25 denuncias por errores en el escrutinio provisorio; 1 por insultos al presidente de mesa; 4 por violación a la veda electoral; 6 por electores que pretendían sufragar dos veces; 1 por irregularidades en el desempeño de las autoridades de mesa; 3 por falta de boletas; 1 por impedimentos a la labor de los fiscales; 1 por resistencia a asumir la función de autoridad de mesa y 1 por el expendio de bebidas alcohólicas. Este último hecho dio origen al único expediente que abrió la Fiscalía Federal de Córdoba, otra área de interés electoral superior.
En la comparación, el Noroeste se destaca como una región conflictiva. En Catamarca hubo 9 denuncias; en Salta, 6 y en Santiago del Estero, 2. Jujuy aparece como la única provincia de la zona donde no se registraron presuntas anomalías, siempre según el informe de Di Lello de finales de agosto. Los salteños fueron a la fiscalía a quejarse, entre otros motivos, porque una autoridad de mesa no respetó la fila de electores y por la circulación de un vehículo con propaganda política. El Ministerio Público Fiscal de la Nación en Catamarca no proporcionó precisiones sobre los expedientes iniciados durante las PASO.
Las dos anomalías detectadas en Santiago del Estero se corrigieron en el acto, con “la adopción de las medidas pertinentes”. En esa jurisdicción se dio aviso de la apertura de la sede de un partido político a menos de 80 metros de un establecimiento de votación. “A su vez, a las 22 del 13 de agosto, también por vía telefónica, se comunicó el fiscal de Instrucción provincial de Monte Quemado para manifestar que había recibido una denuncia de parte de apoderados de algunas fuerzas políticas que indicaba que el agente designado por el Correo Argentino para hacer el repliegue de las urnas se encontraba alcoholizado. Ante esta situación, se adoptaron las medidas del caso para asegurar el traslado del material en forma correcta hasta la sede del Juzgado Federal”, expresa el documento de Di Lello.
Los fiscales federales con competencia electoral del país están obligados a investigar los hechos delictivos vinculados a los comicios nacionales. Hasta hace relativamente poco, esa tarea era insignificante. Pero en 2015 y a partir de los comicios provinciales polémicos de Tucumán, el Ministerio Público Fiscal de la Nación se activó y promovió la apertura de “mesas de entrada” no convencionales, como las redes sociales. La vigilancia más estricta no se tradujo, al menos en esta jurisdicción, en comprobaciones y condenas. Sucede que las fiscalías carecen de medios adecuados para proceder a la rápida verificación de las denuncias, labor que en definitiva depende de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. En atención a estas circunstancias, la Junta Electoral Nacional con sede en Tucumán volvió a ajustar las clavijas e informó esta semana que serán arrestados quienes cometan actos de clientelismo durante los comicios de mañana.
