«Usted está en una zona prohibida»
Drones detectan infractores y le toman la temperatura.
La monótona voz mecánica advierte: «la violación de las reglas conlleva sanciones administrativas y penales».
En Treviolo, una localidad de Lombardía de 11.000 habitantes, situada a las fueras de Bérgamo, la COVID-19 se ha llevado por delante una cincuentena de vidas.
Una situación que, según el alcalde y gran parte de la población, justifica el uso de dos drones para vigilar las calles del centro y sus alrededores. Uno de ellos cuenta además con un sensor de temperatura que indica, aproximadamente, la temperatura de la gente.
El uso de drones para vigilar a la población se ha generalizado a medida que la pandemia se ha ido expandiendo, incluso en países en los que hace tan solo un mes este recurso habría generado un importante debate sobre una eventual violación de las libertades individuales.
En España, hay localidades que los utilizan para controlar las llegadas o el consumo de agua en los hogares; en Jordania, vigilan que el confinamiento se cumple a rajatabla; en Francia, sobrevuelan las playas y las márgenes del Sena, en París, y en Grecia vigilan Atenas y Tesalónica desde el cielo.
Fiebre sospechosa
«Elevamos el dron a 25 metros y cuando este detecta personas, lo bajamos para tomar la temperatura de las personas con más precisión, pero de todas formas, es algo aproximado», explica Matteo Copia, responsable de la policía local, cuyos agentes manejan los aparatos.
En su pantalla de control, se ven dos siluetas con colores más o menos cálidos, que permitirían detectar cualquier caso de fiebre sospechosa.
Si la «temperatura corporal parece anormal, enviamos una patrulla […] para que tome la temperatura con un termómetro y establecer si la persona se encontraba en cuarentena obligatoria y la ha violado, o si estaba en autoconfinamiento y ha salido por motivos de salud», señala el policía. Además, con los sensores térmicos, el dron también puede detectar a los infractores nocturnos.
La mayoría de los ciudadanos de Treviolo comprenden que la policía recurra a drones para controlar una pandemia que, oficialmente, ha matado a más de 10.000 personas en la región (es decir, a uno de cada 1.000 habitantes).
Una cifra que solo refleja parte de la tragedia, pues no tiene en cuenta a los enfermos a los que no se les realizó la prueba de la COVID-19 y que fallecen en casa.
«Todo es legal»
«Cuando hay una crisis, la violación de la libertad es relativa, es una cuestión de prioridades que, en este caso, atañe a la salud pública», afirma Sergio Fumangalli, un abogado de 49 años. «Es un buen sistema, es mejor que estar hospitalizado», comenta por su parte Regina Masper, jubilada de 69 años.
En cambio, para Carlotta Locatelli, una estudiante de 18 años, el uso de drones, «muy invasivo», supone «una violación de la vida privada».
Pero Matteo Copia matiza que las imágenes de las personas controladas se mantienen en secreto, que «todo es perfectamente legal» y que la ciudad cuenta con la autorización necesaria para usar los drones.
Con todo, el presidente de la autoridad italiana encargada de proteger los datos personales, Antonello Soro, advirtió el miércoles a los diputados que el uso de drones «debía respetar el principio de proporcionalidad, sobre todo porque, potencialmente, pueden invadir la vida privada».
Según él, detectar «concentraciones impersonales», con un gran número de gente, no supone un problema, pero «vigilar el respeto puntual» del confinamiento, a nivel personal, sí que es cuestionable, a causa del «alto número de datos personales» que entran en juego en ese tipo de controles.
