Vialidad Nacional amplió la demanda contra Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública
El organismo le reclama a la ex Presidenta 22.500 millones de pesos, por las obras otorgadas a Báez que él no hizo, no terminó o hizo mal.
Después de demandar por daños y perjuicios a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por22.500 millones de pesos, Vialidad Nacional amplió hoy ante el juez Julián Ercolini, el reclamo de resarcimiento económico «por el daño ocasionado por los hechos de corrupción«.
Esta segunda parte, que consta de más de 200 páginas aporta pruebas, y los justificativos de la suma millonaria que reclaman a la ex Presidenta y sus ex funcionarios vinculados a la obra pública, con la que se favoreció entre 2005-2015 al Grupo Austral. En pocas semanas la causa será elevada a juicio oral.
Cristina y Lázaro Báez, saliendo del mausoleo de Kirchner en Río Gallegos.
Después de un informe técnico confeccionado por un organismo técnico, especializado y la UBA, se llegó a la cifra de la demanda:22.500 millones. Según explicaron a Clarín, esa suma se explica por el dinero volcado a favor del Grupo Austral (46.000 millones), menos las obras no concluidas, los años que se presupuestaron, los daños ocasionados por los retrasos y los costos administrativos, entre otros aspectos.
En la adjudicación de los contratos, según evaluó el organismo que depende del ministerio de Transporte, se determinaron “presupuestos direccionados, en algunos casos con un sobrecosto del 55,8%”, incrementos derivados de las predeterminaciones de precios y sus sucesivas modificaciones, La suma de los saldos de obra actualizados por los tres contratos, otorgan a favor del holding sobreprecios promedio del 64,72%.
Las empresas de Lázaro Báez recibieron 52 contratos en menos de seis años. Dicha magnitud y cantidad de obras viales fue superior a la capacidad técnica del Grupo. La empresa no podía comprometerse a realizar obras por más de $ 70 millones anuales y en ocho meses, según consta en la documentación, fue «beneficiada con trabajos que superaban su capacidad en más de quince veces. La auditoría vial consigna que el 50% de los trabajos quedaron inconclusos.
Ruta 9 en Santa Cruz, una de las obras inconclusas de Lázaro Báez. Foto Maxi Failla.
Otro de los aspectos analizados y que son parte del expediente, fueron los plazos en los que se pagaban anticipos: entre la fecha de apertura de licitación y el inicio transcurrían en promedio 38 días, cuando el término habitual era de 210 días: cinco veces másque cuando el contratista era el empresario K.
El número por el que se hizo la demanda es por las obras que Báez nunca concluyó -en total 24 contratos-, y las irregularidades que los rodearon, “que representaron un gasto y perjuicio para el Estado”, señalaron fuentes oficiales a Clarín.
La actual gestión de Vialidad rescindió los contratos inconclusos, “que por años se incluyeron en el presupuesto nacional sin ningún tipo de avances, o por obras que no eran relevantes como la reparación de canteras, pero con costos millonarios”, explicaron en Gobierno.
El acceso principal de Austral Construcciones, firma insignia de Báez. Foto Maxi Failla.
La demanda, como contó este medio, se hizo ante el juez Ercolini, quien aceptó al organismo que dirige Javier Iguacel como «actor civil» en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.
En el expediente, Ercolini procesó en diciembre de 2016 a la ex Presidenta, De Vido, López, Carlos Kirchner, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado. El año pasado fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal porteña acelerando los tiempo para que la causa vaya a juicio.
Este circuito de contrataciones “irregulares” permitió que el patrimonio del «amigo presidencial» creciera entre 2004 y 2015 un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos «eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes». Básicamente a través de alquileres de habitaciones de hoteles que no se usaban.
