Vidal envió proyecto para eliminar 221 cargos políticos y jubilaciones de privilegio
El Gobierno de María Eugenia Vidal envió este martes a la Legislatura bonaerense el proyecto de una nueva Ley de ministerios y un paquete de reformas que contempla la eliminación de las Jubilaciones de Privilegio y tienen como objetivo un fuerte ajuste del gasto político. Asimismo, plantea la prórroga de la emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario.
La propuesta contempla entre sus puntos la adhesión a la Ley Nacional de ART, cuyas modificaciones fueron sancionadas por el macrismo bajo cuestionamientos sectoriales a principios de este año, como también la derogación de jubilaciones de privilegio para reducir inequidades. Además, de aprobarse la iniciativa la jefatura de gabinete quedará reducida a catorce ministerios y cuatro secretarías del Poder Ejecutivo con rango ministerial y la Dirección General de Cultura y Educación.
Asimismo, contempla la creación de un nuevo organismo que tendrá como función la urbanización de villas: el Organismo Provincial de Integración Barrial que dependerá de la Jefatura de Gabinete.
Una fuente del gobierno bonaerense explicó a Télam que la intención es que las cámaras de diputados y senadores traten este jueves la reforma a la ley, que dará el marco general a la nueva organización administrativa bonaerense.
«La Jefatura de Gabinete analizó la organización de la administración y sus funciones, y encontró que el 30 por ciento de las estructuras tenían grado de superposición con otras áreas», graficó el vocero de Vidal.
Las propuestas también plantean modificar el régimen especial del Banco Provincia, la creación del Sistema Estadístico Provincial, el Régimen de Declaraciones Juradas; una nueva metodología valuatoria para urbanizaciones cerradas; la modificación del artículo 14 de la ley 13.713; una reforma del Código Fiscal; la prórroga de la Emergencia en Seguridad; la modificación del Procedimiento de Apremio y la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.
Según informó el Gobierno provincial, el objetivo del Ejecutivo es reducir la administración central, con la reducción de unidades subministeriales que se encontraban superpuestas. Asimismo, señalan que reducirán dependencias que no alcancen «tareas directamente alineadas con los objetivos estratégicos y el legado del Gobierno». El recorte involucrará a 14 subsecretarias, 82 Direcciones Provinciales y 125 Direcciones de Línea.
Esto implicará la eliminación de 221 cargos de una estructura actual de 990 unidades, que generará un ahorro de $ 600 millones que se sumarán a los $ 2.500 millones que ya fueron eliminados del presupuesto en la Legislatura para 2018.
De una estructura actual de 990 unidades, se eliminarán 221 cargos, lo que permitirá un ahorro de 600 millones de pesos anuales, que se sumarán a otros 2.500 millones de pesos que ya fueron eliminados del presupuesto por la Legislatura para el 2018.
Respecto al régimen previsional del Banco Provincia, se busca hacer sustentable el régimen previsional especial que es deficitario y cuya deuda cubren todos los bonaerenses.
Actualmente, exgobernadores, vices y legisladores se ven favorecidos en materia previsional por un régimen especial que les permite gozar de una menor edad mínima jubilatoria, mayor tasa de sustitución y menores años de servicio. El proyecto plantea su eliminación «por ser injustos con el resto de los bonaerenses», informó el Gobierno.
Por otra parte, el Ejecutivo envió un régimen de declaraciones juradas que promueve tener una herramienta estable y perdurable para permitir a los ciudadanos bonaerenses afianzar la confianza en sus funcionarios. Es de alcance obligatorio para el Poder Legislativo y todo el Sector Público Provincial.
Podrán adherir a la normativa los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo municipal, y de forma voluntaria, los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos.
En la nueva normativa habrá cambios de funciones, entre ellos la Dirección de Emergencias, creada por la gobernadora Vidal en el inició de su mandato, que será jerarquizada y se convertirá en Subsecretaría dentro del Ministerio de Seguridad (hasta ahora estaba en Infraestructura).
A la vez, se suma el Ministerio de Asuntos Públicos, que será lo que es la Secretaría de Comunicación, a cargo de la comunicación del plan general del gobierno, comunicación de contenidos, vocería del Ejecutivo, contenido de las páginas web y canales oficiales de comunicación digital y vinculación con las diferentes áreas de gobierno y municipios.
Lo referido a la coordinación del gobierno, la modernización de la administración, el capital humano, la administración de automotores y de telefonía, y la política inmobiliaria será competencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La política y registro de cooperativas se unificará y pasará a ser responsabilidad del Ministerio de Producción; mientras que todo lo referido a la política de fiscalización alimentaria se unificará y pasará a la órbita del Ministerio de Agroindustria.
La administración de los subsidios y transferencias no reintegrables será transferida al Ministerio de Economía y los asuntos referentes a las Islas del Delta pasarán a la órbita del Ministerio de Gobierno.
Para no replicar funciones y poder agilizar la gestión, la Dirección Provincial de Agua y Cloaca (Dipac), dependiente del Ministerio de Infraestructura, absorberá las funciones del Servicio Provincial de Saneamiento Rural (SPAR).
De la misma manera, la Autoridad del Agua (ADA), dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, absorberá las funciones atribuidas al Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (Ocaba)
