El intendente Germán Alfaro, junto a parte de su gabinete y concejales afines, concurrió este jueves a realizarse un examen toxicológico. El hecho abrió el debate político, ya que la oposición cuestionó la falta de notificación al respecto.
En este sentido, el legislador Claudio Viña, presidente de la Comisión de Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones, celebró la decisión del primer mandatario municipal. «Esto pone sobre el tapete que se estaba incumpliendo con una ley de la provincia. La ley Nº 8.850, promulgada en marzo de 2016, obliga a los tres poderes del estado provincial, a los gobiernos municipales y a los Concejos Deliberantes hasta el nivel de prosecretario y a los organismos descentralizados de la administración publica a realizarse anualmente un test de drogas», aclaró.
Por su parte, consideró como «obligación moral» la realización del examen. «No debemos ni podemos suponer que quienes ostentamos cargos públicos podemos estar presos de alguna adicción que condicione la idoneidad en el desempeño de nuestra tarea», subrayó.
Así, Viña incentivó a otros funcionarios a cumplir con esta norma: «La ley no esta hecha con el fin de perseguir, ya que propone un tratamiento para la recuperación y un peróodo de licencia preservando las garantías constitucionales, por lo tanto, a no tenerle temor y a concurrir a los lugares habilitados para cumplir con esta obligación legal y moral».
El comunicado completo
«Celebro la decision de Intendente Alfaro de realizar, junto a varios concejales de su espacio, el examen toxicológico que corresponde e incluye a todos los que desempeñamos funciones jerarquicas dentro de la administración publica.
Esta oportuna decision pone en el tapete que se estaba incumpliendo con una ley de la provincia.
Como presidente de la Comisión de Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones advierto, con mucho pesar, el escaso grado de cumplimiento que se da a la ley No. 8.850, promulgada en marzo de 2016. La misma, en su articulo 2do. obliga a los tres poderes del estado provincial, a los gobiernos municipales y a los Concejos Deliberantes hasta el nivel de prosecretario y a los organismos descentralizados de la administracion publica a realizarse anualmente un test de drogas.
En mi criterio, no hace falta ordenanza, ni adhesión a la ley, porque la misma es de orden publico para todos los cargos. Ademas entiendo que a mas de dos años de su promulgación no corresponde que se ignore la vigencia de la mencionada norma, ni que se busquen vericuetos legales o formales para eludirla. Creo que por obligación moral todos debemos concurrir al examen.
La lucha contra el tremendo flagelo que representan para nuestra sociedad moderna las adicciones en general, y la adiccion a las drogas en particular, debe ser prioridad uno en una provincia que se encuentra en Emergencia en Seguridad y en Adicciones. No debemos ni podemos suponer que quienes ostentamos cargos públicos podemos estar presos de alguna adiccion que condicione la idoneidad en el desempeño de nuestra tarea. En ese sentido espero que todos y cada uno de los involucrados en la ley 8.850, sin esperar invitaciones o citas, acudan a los centros habilitados a realizarse el examen correspondiente. La ley no esta hecha con el fin de perseguir, ya que propone un tratamiento para la recuperación y un periodo de licencia preservando las garantías constitucionales, por lo tanto, a no tenerle temor y a concurrir a los lugares habilitados para cumplir con esta obligación legal y moral».
