Con la mayoría de la oposición en contra, el FdT logró la media sanción del proyecto contra el lavado de activos

Tras una fuerte incertidumbre, en la previa de su votación, el proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos logró media sanción este jueves en la Cámara de Diputados. Pese al voto en contra de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos consiguió alzarse con una iniciativa reclamada por el FMI pero con un bajo número de votos favorables.

Precisamente, el proyecto, que ahora deberá ser analizado en el Senado, cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Aunque el bloque Pro había acompañado -con disidencias- el dictamen de mayoría junto al oficialismo, la bancada macrista terminó alineándose con sus pares de otros bloques de Juntos por el Cambio. El diputado Pablo Tonelli, que había sido uno de los articuladores en la negociación, se ausentó de la votación y se bajó de la lista de oradores.

Es que en la antesala de la sesión, durante el tratamiento en comisiones, la Coalición Cívica, la UCR y Evolución Radical habían suscripto un dictamen de minoría, del que también fue parte el interbloque Federal. Las diferencias centrales radicaban en dotar de más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), al tiempo de modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades.

De esta manera, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal votaron en contra. También lo hicieron así los cuatro diputados del Frente de Izquierda y el liberal José Luis Espert. El bloque de Javier Milei no estuvo presente, ni tampoco la ahora monobloquista cercana al líder de La Libertad Avanza, Carolina Píparo.

Junto al oficialismo, que tuvo ausentes en sus filas -así también la principal bancada opositora-, votaron sus aliados del interbloque Provincias Unidas y el flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.

En tanto, las abstenciones fueron de los monobloquistas, dentro de JxC, Carlos Zapata (Ahora Patria) y Paula Omodeo (CREO); y de los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois, Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.

Durante la votación en particular, la oposición no logró imponerse para agregar dos artículos para modificar la selección y remoción de las autoridades de la UIF, y otro sobre las facultades del organismo. Unos 30 artículos del proyecto en los que no había diferencias los votaron favorablemente a mano alzada.

Horas antes de la sesión, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, advirtió mediante su Twitter que la ley estaba en riesgo por la postura de la oposición, que reclamaba por aspectos que no formaban parte del proyecto original y que se habían aceptado varias modificaciones en todos estos meses. Además, cuestionó el dictamen de minoría.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

El tratamiento de este proyecto se había empantanado a fines del año pasado cuando, pese a la disposición del oficialismo a aceptar modificaciones reclamadas desde la oposición, se coló en el debate la ruptura de relaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio motivada por la actitud de la presidenta de la Cámara respecto de la integración de los representantes de Diputados en el Consejo de la Magistratura, y el tema quedó postergado.

El debate

Como miembro informante, el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FdT), señaló que “nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado, como por su calidad de miembro de estas organizaciones” como el GAFI. Para el salteño es necesaria una actualización de la normativa, “sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la sanción de la Ley 25.246 en el año 2000 y que su última reforma sustancial fue en el 2011, siendo esta reforma anterior a los actuales estándares del GAFI” que se establecieron en 2012.

“El carácter complejo de estos ilícitos, el auge de las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual”, afirmó el legislador durante un discurso leído rápidamente.

Además, resaltó que “este año nuestro país debe ser evaluado por el GAFI y hay que recordar que Argentina es miembro pleno desde el 2000”. “Para la elaboración del proyecto han colaborado todos los actores del Estado preponderantes del sistema de prevención de este tipo de delitos”, ponderó en otro tramo y detalló los aspectos del dictamen.

Al compartir el tiempo con Godoy, la diputada Mónica Litza (FdT) hizo hincapié en “la importancia que tiene para nuestro país” esta ley, ya que “esto trasciende a los gobiernos, no es importante para el Gobierno, es importante para la Argentina”. “Los delitos, sobre todo complejos, como es el narcotráfico y la proliferación de destrucción de armas masivas, así como el terrorismo, van a hacer base y se van a sentar donde la legislación sea más vulnerable”, advirtió.

En esa línea, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal enfatizó: “Esto tiene que ver con estar o no en el concierto de las naciones con una reglamentación acorde, y que podamos tener acceso a los organismos de crédito internacional, a las inversiones para el desarrollo y a un sin número de actividades multilaterales que Argentina necesita. Por lo tanto, es super importante que podamos tener esta ley lo antes posible”.

Sobre el dictamen de minoría, la massista expresó que le parecía “realmente una pena que la oposición no tome varias de las cosas que hemos trabajado, incluso en un consenso logrado”, y lamentó que ese texto deje “a un universo tan importante y activo, como es el de los activos virtuales, sin ninguna especie de regulación, sin ningún registro y sin ningún control”.

Al defender el dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI-JxC) cuestionó que el Frente de Todos “no quiere incorporar una de esas 40 recomendaciones del GAFI que es la clave de todas, la madre de todas las recomendaciones, que es la número 29, que dice que la UIF debe ser independiente, autónoma operativamente, lo que significa que debe contar con autoridades y capacidad para desempeñar funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de su análisis”.

En esa línea, la cívica cuestionó que no se toque el tema de “la autonomía y la independencia que hoy la UIF no tiene, porque es el Poder Ejecutivo el que pone y saca a los funcionarios y esto hace que no pueda tener independencia y que sea pasible de todas las influencias políticas de este gobierno, del anterior y de cualquiera que venga”.

Además, Frade chicaneó que “esta ley que sacan a los empujones la necesita Sergio Massa que está negociando con el FMI, entonces tiene que salir algo, no importa qué. Tiene que salir algo que muestre al FMI, pero que no sea tan serio para que sea independiente y que no sea cosa que controle el narcotráfico, el contrabando y todo lo que acecha en este país de la mano del oficialismo”.

Quien también respaldó el dictamen de minoría fue el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical-JxC), quien recordó que sobre el tema “hubo dos reuniones el año pasado; una el 23 de noviembre donde los funcionarios plantearon la necesidad de actualización, y otra que trabajamos dentro de la comisión, pero no llegamos a ponernos de acuerdo y ahora el tema volvió” porque “viene pronto una evaluación del GAFI y podemos quedar en offside”.

“Sabemos la importancia de eso porque lo que pasó es que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2010, nos metieron en la lista gris”, apuntó.

En sintonía con Frade, el radical dijo que “la recomendación 29 de la UIF es que todos los países tienen que tener una unidad de inteligencia financiera para que hagan la tarea de reporte de actividades sospechosas, de control, de lucha contra la corrupción y marca esa recomendación que tiene que haber una autonomía funcional y esa independencia, pero se tiene que llevar a la práctica. Pero si uno ve hoy el procedimiento que marca la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía”. “Por ende, si lo pone el ministro, no hay autonomía y no cumple con los estándares que marca la UIF de ‘sin interferencias o influencias políticas gubernamentales o industriales’”, agregó.

A favor del dictamen de minoría, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) hizo un repaso histórico de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, sancionada en el año 2000, y sus diferentes reformas, para denunciar que a lo largo de estos más de 20 años “cada uno, en el tema de la UIF, hace lo que le conviene”. “Es una ley totalmente vapuleada en este Congreso”, sostuvo.

Enfática, la bonaerense señaló que “la UIF no puede ser como cualquier organismo” sino que debe tener “una responsabilidad reforzada a la hora de participar en las cuestiones de los delitos de los poderosos, así sea el delito que comete un funcionario. Ese es el motivo por el cual el texto que propicia el oficialismo no es el que nosotros queremos”. Además de la autonomía, subrayó que el dictamen de minoría busca establecer otro mecanismo para la selección y remoción de su presidente y vicepresidente.

En su intervención, la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT) planteó el rechazo directo de la izquierda, mostrándose “asombrada” por “una ley tan contraria a nuestros países”. Se mostró sorprendida en ese sentido por “algunos que hablan de la patria grande firmen leyes como esta”.

“Unos pueden coincidir con que el 2×1 fue una barbaridad, que sacan fallos antiobreros, pero estas herramientas se las dan al Poder Judicial. ¿A quién le dan la reforma del artículo 241 quinquies del Código Penal?”, se preguntó, para asegurar a continuación -por si quedaba alguna duda- que “así cómo no voté la Ley del Arrepentido, que me parecía una aberración, no voy a votar esta porquería”.

E insistió: “Los que critican tanto al Poder Judicial, me asombra que ahora nos traigan esta ley que les da facultades exorbitantes en el artículo 241 quinquies del Código Penal”. La porteña consideró que “lo que se está votando hoy es una amnistía y reaccionaria reforma penal, y si realmente quieren terminar con el narco, el lavado de dinero, no es necesario calificar de terrorista a nadie, porque se puede derogar la Ley de Entidades Financieras de la dictadura; la legislación que fue creada para los supuestos emprendedores; como las Sociedades de Acciones Simplificadas; se pueden retrotraer los blanqueos promovidos por este gobierno y los anteriores; se puede nacionalizar el sistema bancario y formar una banca nacional única bajo gestión de los trabajadores… Hay muchas medidas que se podrían discutir; esta ley no tiene nada que ver con eso, es parte de la Ley Antiterrorista y ya se demostró para qué puede ser usada”.

En medio de los números complicados para el oficialismo, desde el propio bloque la diputada Natalia Zaracho (FdT), una de las tres legisladoras referenciadas en Juan Grabois, lanzó: “Otra vez un organismo internacional nos impone una agenda que no tiene que ver con la necesidad y urgencia de nuestra gente”. Al quejarse de que en este tiempo no se trataron proyectos como una ley de emergencia en adicciones, la legisladora remarcó que “necesitamos tener un Congreso que sancione leyes con independencia, que no sea una colonia”. “Nosotros no vamos a acompañar este proyecto”, anticipó.

En el cierre del debate, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, reveló: “Nunca me llamó el ministro de Economía para pedirme el aceleramiento de esta ley, ni nunca me dijeron que el Fondo Monetario Internacional quiere o no determinada ley”. Al reflexionar sobre la conformación de la agenda parlamentaria, manifestó que “hay temas de la vida cotidiana -para la vida de los argentinos-, y es cierto que hay otras leyes, que debemos abordarlos”, pero advirtió que “la agenda política es estar en este Congreso y tener normativas”. “La agenda parlamentaria es difícil de armar”, resaltó.

Sobre el proyecto, subrayó que desde el oficialismo aceptaron “más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques” e incluso “modificaciones de legisladores que sabíamos que votarán en contra”.

“Esperamos que pueda ser aprobada una ley que mejora la actual legislación, pero sabemos que algunos no acompañan porque hay algunos elementos no incluidos en la Unidad de Información Financiera como querellante”, indicó. Sin embargo, señaló que “la UIF es querellante en 220 causas, cuando se detectó que hay unas 1.400 causas de lavado, es decir, en una de cada siete es querellante”.

“Somos la Cámara de Diputados, personas políticas en un cuerpo político, ¿por qué tenemos tanta vergüenza en dejar que otros poderes tomen definiciones?”, se preguntó y cerró: “No quiero que este proceso lo lleven a cabo los grandes bancos o la Corte Suprema de Justicia”.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.